"Hay sectores muy desarrollados ambientalmente y otros subdesarrollados y con poca capacidad de respuesta inmediata a un cambio de exigencia por parte del Estado", admite Juan Carlos Villalonga, de la organización Greenpeace. "Si el Estado pasa de una exigencia mínima a una alta, como debería ser, sería un golpe duro. Por ejemplo, para la modernización de una planta chica de papel hablamos de 50 millones de pesos."
Villalonga afirma que, para exigir, el Estado debe promover la inversión ambiental con créditos blandos para industrias rezagadas, con un plazo de cuatro a seis años y dejar en claro que esta vez la política "verde" será de largo plazo. "Las inversiones son enormes, y si el interés oficial por el medio ambiente es transitorio, los industriales especulan."
