Las firmas brasileñas aprenden de Batista

A fines del año pasado, Brasil capeó la mayor solicitud de protección judicial por bancarrota empresarial en la historia de América Latina.

En momentos en que la economía se debilita y cae la confianza de los inversionistas en el país, varias empresas de menor tamaño que se endeudaron durante los años de auge tal vez puedan seguir los pasos de compañías controladas por el empresario Eike Batista y solicitar la "recuperación judicial", como se conoce en Brasil la ley de quiebras, según banqueros, expertos en reestructuraciones e inversionistas que se especializan en deuda morosa.

Cabe aclarar que no se espera un colapso de la escala protagonizada por las empresas de Batista.

La economía brasileña creció apenas 2,3% en 2013, frente a 7,5% en 2010. El país también ha estado combatiendo una inflación persistentemente alta, que ha obligado al banco central a elevar las tasas de interés.

Las empresas mineras y de etanol están entre las que luchan para mantenerse a flote conforme la economía brasileña trata de recobrar su vigor.

"Ante la caída de los precios de las materias primas en ciertos sectores y la desaceleración de la economía, hay un aumento de la actividad (de reestructuración) y prevemos que continuará el resto de este año y el próximo", señala Richard Cooper, socio en la firma de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, quien se enfoca en reorganizaciones en Estados Unidos y otros países, en particular de América Latina.

Empresas brasileñas en dificultades financieras han estado más abiertas a la idea de solicitar protección debido a su quiebra desde que el país cambió en 2005 su ley de recuperación judicial para permitir que las compañías se reestructuren en lugar de liquidarse. Desde entonces, la cantidad de firmas que se han acogido a la ley ha crecido casi todos los años. En 2013, la cifra llegó a 874, frente a 252 en 2006, su primer año completo de implementación, según datos de la proveedora de información crediticia Serasa Experian. Los pedidos de liquidación han caído a la mitad, de más de 4.000 en 2006 a menos de 2.000 el año pasado, debido a que más compañías optan por reorganizarse bajo la ley de recuperación judicial.

En los últimos meses, los productores de etanol de caña de azúcar, en particular, han estado bajo presión como consecuencia de los límites que ha impuesto el gobierno a los precios de la gasolina, lo que ha reducido la cotización del combustible biológico. La firma de servicios profesionales Alvarez & Marsal indica que el sector agrícola, representado principalmente por empresas de etanol, equivale a cerca de 20% de sus clientes de reestructuración en Brasil.

"El gobierno está ganando votos a expensas de (…) principalmente el sector de etanol", afirma Joel Thomaz Bastos, abogado de la firma Dias, Arystóbulo, Flores, Sanches e Thomaz Bastos, en São Paulo. Funcionarios brasileños no respondieron a pedidos de comentarios.

Bastos representa al productor de azúcar y etanol Aralco SA Açúcar & Álcool, que solicitó la recuperación judicial a finales de febrero para reestructurar 1.800 millones de reales (US$776 millones) en deuda.

Aralco vendió US$250 millones en deuda a tasas atractivas en el segundo trimestre del año pasado, justo antes de una venta generalizada de bonos soberanos brasileños ante temores de una rebaja de la calificación crediticia del país. Menos de un año después, algunos de los bonos de la empresa se negocian a alrededor de 15 centavos por cada dólar emitido.

Las empresas con problemas financieros aún deben lidiar con la incertidumbre que rodea la ley de recuperación judicial del país. Incluso después de que dos piezas clave del imperio de Batista, OGX Petróleo e Gás Participações SA (que pasó a llamarse Óleo e Gás Participações SA) y el astillero OSX Brasil SA, solicitaron protección en octubre de 2013, algunas compañías aún temen el estigma asociado al proceso, dice Marcos Spieler, director gerente de la filial brasileña del banco de inversión Rothschild Inc.

"En EE.UU., todo el proceso de protección de la ley de bancarrota es más maduro y las empresas se sienten más cómodas al buscar protección más temprano", explica.

Pese a que la ley de recuperación judicial ya lleva nueve años en Brasil, las solicitudes presentadas por Batista han sido sus primeras pruebas importantes. OGX, por ejemplo, aún no ha conseguido implementar el acuerdo de reestructuración que alcanzó con sus acreedores en diciembre, según una fuente al tanto.

Emily Glazer y Luciana Magalhães