Las provincias, con un fuerte déficit previsional

CÓRDOBA.- Los gobernadores lograron incluir en la ley 27670, de blanqueo impositivo y pago de juicios a los jubilados, el financiamiento de los sistemas previsionales provinciales que no fueron transferidos a la Nación. Y es un tema clave que no haya condiciones claras para la transferencia de los recursos, ni en la ley ni en el decreto reglamentario, que sólo tiene enunciaciones.

Hay once cajas de jubilaciones que siguen en la órbita de las provincias y, en conjunto, suman unos 14.000 millones de pesos de déficit. La discusión entre los expertos es cuánto del rojo debe costear la administración nacional y qué regímenes se estarán sosteniendo.

En términos de montos absolutos, la caja de Córdoba es la que tiene el déficit más elevado, con alrededor de 9000 millones de pesos al año; la de Santa Fe tiene un rojo de unos 1800 millones y la de La Pampa arroja un saldo negativo de 500 millones de pesos. En Santa Cruz, el déficit ronda los 2500 millones, mientras que en el caso de Entre Ríos, en 2015 la caja tuvo un rojo de 2200 millones (mientras que en las proyecciones para este año la cifra alcanzará los 2600 millones de pesos); la del Chaco suma otros 1000 millones anuales y en la de Tierra del Fuego, el saldo negativo rondaría los 50 millones de pesos.

El conflicto por el 15%

El 15% de la coparticipación que la Nación retenía para financiar parte de las prestaciones a cargo de la Anses desde la creación del régimen previsional de capitalización perdió legitimidad cuando todo el sistema se estatizó, y dejó de tener sustento legal cuando el gobierno nacional (no el actual sino el anterior) lo prorrogó unilateralmente.

En noviembre pasado, un fallo de la Corte Suprema de Justicia obligó a restituir esa parte de la coparticipación a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis -ninguna tiene su caja transferida- e impulsó a la administración macrista a firmar un acuerdo con el resto de los gobernadores para hacer una devolución en tres años. En 2016, las transferencias sumarían unos 37.000 millones de pesos.

En ese marco, las provincias que mantienen sus sistemas previsionales -algunos armonizados con el régimen nacional y otros no- plantearon que la Nación debe financiarles parte de ese gasto, porque si no volverían a quedar en desigualdad con el resto, es decir con las que transfirieron sus cajas y ahora cobrarán también el 15 por ciento.

El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, comenta a LA NACION que esa es la manera de que todos queden en "pie de igualdad, las que transfirieron y las que no. De lo contrario, las primeras socializan su rojo". La provincia reclama unos 4500 millones de pesos al año, la mitad del déficit de su caja. El funcionario admite que hay cajas "irresponsables". Por eso, en el proyecto en debate se plantea la necesidad de "reconocer el esfuerzo de armonización". La referencia, básicamente, es a la coordinación de las edades de retiro y a la forma de cálculo del haber inicial. Giordano indica, por ejemplo, que La Pampa y Córdoba están entre "las que más se adaptaron", mientras que otras -como Santa Cruz- llevan años evitando discutir una reforma.

Walter Agosto, ex ministro de Economía de Santa Fe e investigador del área fiscal del Cippec, señala que -con el tiempo- el sistema de asistencia a las cajas se volvió opaco y discrecional. "Se convirtió en una transferencia presupuestaria", dice. Entiende que el fallo de la Corte abrió una nueva etapa, "en la que hay compromisos no cumplidos por ambas partes".

En Santa Cruz el empleado estatal puede acceder a la jubilación con 30 años de aportes el hombre y 28 en el caso de la mujer, sin que haya límite mínimo de edad. El régimen docente es de 25 años de aportes, también sin exigencia de edad. En 2011, la protesta gremial detuvo el cambio, aunque siempre está el fantasma de una posible "armonización".

En Entre Ríos, el Consejo Empresario cuestiona los parámetros que provoca el rojo previsional. Las mujeres pueden jubilarse a los 57 años y los hombres, a los 62. "No hace falta mucho cálculo para darse cuenta de la falta de coherencia entre el esfuerzo contributivo y el beneficio obtenido: una empleada pública aporta el 32% de su salario durante 25 años y luego cobra el 82% de su salario durante 24 años", advierten (24 años es el promedio de sobrevida una vez jubilada la persona).

El gobernador chaqueño, Domingo Peppo, reconoce que hay "un gran desequilibrio desde hace mucho entre lo que la provincia paga y el ingreso de los aportes", que es cubierto por la obra social que genera un superávit y por el tesoro provincial.

En Chaco se eliminaron las jubilaciones de privilegio, pero continúa el 82% móvil y las edades de jubilación son más bajas que las del sistema nacional. "Hay que rever algunas cuestiones sobre la edad jubilatoria, aunque esto requiere un debate y un amplio consenso entre todos los actores: trabajadores activos, pasivos y Estado", dice Peppo.

Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), recuerda que el sistema de previsión social argentino se financia con aportes y contribuciones (en un 60%), y con impuestos (40 por ciento). Entiende también que se requiere de un "buen diagnóstico" y del debate de una reforma previsional y tributaria que busque la sostenibilidad a largo plazo. Agosto propone un "corte hacia atrás" en el que se establezca un régimen de compensación de créditos y deudas, Y afirma que, hacia adelante, si las provincias van a tener la devolución del 15%, la Nación "podría quedar liberada de financiar" los déficit de las cajas.

"Se podría volver a foja cero aunque, por supuesto, se va a requerir de un período de transición -agrega el investigador-. Que el sistema nacional se sostenga sin retener el 15% de la coparticipación de las provincias, y que las provincias que no hicieron el traspaso financien sus decisiones. Así se eliminaría el incentivo perverso de las no transferidas a manejarse de manera discrecional."

Cronología de un conflicto

1992

Recursos para la reforma

La Nación y las provincias acuerdan la retención de 15% de la coparticipación, ante la reforma de las AFJP

1993

Transferencias

Se abre el pase de cajas provinciales a la Anses; en 1996 la mitad de las jurisdicciones había dado el paso

1999

Asistencia

La Nación se compromete a financiar los regímenes no transferidos que aceptaran hacer una adecuación

2008

Estatización

Se elimina en la Nación el sistema de capitalizacióny todos los recursos de los aportes van al Estado

2015

Sentencia

La Corte Suprema ordena que se deje de retener el 15% de la coparticipación a Córdoba, Santa Fe y San Luis

2016

Acuerdo

El gobierno nacional y los gobernadores firman un pacto por el reintegro de los montos antes retenidos