Las provincias preparan presupuestos condicionados por el ajuste nacional

Los proyectos prevén una economía débil y, por lo tanto, refuerzan las partidas sociales para 2019; en un año electoral, buscan sostener la obra pública y compensan con recursos propios los recortes de las partidas nacionales
Los proyectos prevén una economía débil y, por lo tanto, refuerzan las partidas sociales para 2019; en un año electoral, buscan sostener la obra pública y compensan con recursos propios los recortes de las partidas nacionales Crédito: Vicente Martí
Gabriela Origlia
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18 de noviembre de 2018  

CÓRDOBA.- Con el presupuesto nacional ya convertido en ley en la madrugada del jueves, la atención se corre ahora a los presupuestos provinciales, que están condicionados por el ajuste acordado por los gobernadores con la administración federal. En líneas generales, las iniciativas en análisis prevén una economía débil y, por lo tanto, refuerzan las partidas sociales. Además, en un año electoral, proyectan sostener la obra pública en marcha pese a los recortes de las partidas nacionales. Buena parte de los distritos tienen previsto tomar deuda y la suba de impuestos, en promedio, ronda el 35%.

Para alcanzar el déficit primario cero comprometido con el FMI , la Nación recortó en 0,61% del PBI el gasto que afecta directamente a las provincias. Por el lado de los ingresos, se suspendió la rebaja del impuesto a los sellos prevista en el pacto fiscal (equivale a 0,1 puntos porcentuales del PBI), lo que, sumado a las cambios en cargas coparticipables, como Ganancias, impuesto al cheque (impacto en Ganancias), IVA y Bienes Personales, generaría ingresos adicionales a las provincias por 0,46 puntos porcentuales del PBI. Las estimaciones son del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Rafael Flores, expresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), advierte que, aunque los números nacionales "condicionan" a las provincias, hay un contexto distinto al de hace unos años porque se recuperaron recursos. Repasa que durante la gestión de Néstor Kirchner el 32% de los ingresos iban a las provincias; con Cristina Fernández de Kirchner la media fue de 35%, y ahora alcanza el 45%. "Ganaron diez puntos en un contexto de restricción fiscal y es lo que también les permite tener superávit", añade.

Quizás el caso más resonante sea el de Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal negocia la aprobación del presupuesto con los legisladores: prevé gastos por $929.000 millones e ingresos por $889.000 millones; pidió autorización de endeudamiento por $68.500 millones y emitir letras del Tesoro por unos $8000 millones. La eliminación del fondo sojero y de los subsidios implica una pérdida de unos $40.000 millones. Los impuestos patrimoniales en 2019 subirán una media de 38% y bajarán Ingresos Brutos.

¿Qué sucede con el resto de las provincias? Misiones es la primera en tener su presupuesto aprobado (en octubre). Destina 60% a partidas sociales (incluyendo sueldos) y el 1,1% a deuda pública. "Seguimos con el precepto de vivir con lo nuestro, sin pedir prestado, sin endeudar a la provincia", dice el diputado oficialista Marcelo Rodríguez.

El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, plantea que el proyecto que ya ingresó a la Unicameral presenta "continuidad de las líneas estratégicas con énfasis en la austeridad y en el superávit para invertir en infraestructura", aunque hay "adecuaciones para enfrentar de mejor manera el contexto de crisis". En esa línea, las partidas de gasto social aumentan 92% interanual. Los recursos destinados a la obra pública (unos $43.000 millones) bajan en términos reales respecto de este año.

En el caso de Córdoba, la decisión fue reemplazar parte de los subsidios que la Nación recorta para transporte y, además, sostener la tarifa social eléctrica, que da un total de $2600 millones. Por la baja de Ingresos Brutos -en cumplimiento del pacto fiscal- se resignan $6100 millones; los impuestos propios representan 38% del total. La previsión de endeudamiento de la provincia es de US$500 millones.

En tanto, en unos días, el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz , enviará a la Legislatura su iniciativa que -según señala el ministro de Economía, Gonzalo Saglione- "privilegiará" la obra pública y las áreas "más sensibles". Estimó en $8500 millones el impacto en el distrito del ajuste nacional y, en esa línea, defendió la suba de la presión tributaria sancionada a fines de octubre y que alcanza a bancos, financieras y exportadoras de granos.

La mayor recaudación por el alza de impuestos ya aprobada será para reemplazar el subsidio al transporte. "Habrá que garantizar la prioridad que siempre les dimos a las áreas sensibles, como salud, educación, desarrollo social y seguridad. Y garantizar el nivel de inversión pública", explica.

Mendoza -el presupuesto tiene media sanción de Diputados- "no requerirá financiamiento y tendrá un superávit corriente de $6773 millones", según apunta la ministra de Hacienda, Paula Allasino. La oposición rechazó el refinanciamiento de $3600 millones de deuda (para la aprobación se requieren dos tercios de votos); el monto es la mitad de los servicios que hay que pagar este año. En el distrito gobernado por el radical Alfredo Cornejo , los ingresos nacionales explican la mitad del total. Las autoridades provinciales aseguran que el año próximo habrá actividades que quedarán exentas de Ingresos Brutos para impulsar la producción.

Para el economista Federico Muñoz, de Muñoz & Asociados, hay una "clara divergencia" entre las cuentas nacionales y el consolidado de las provincias. "La Nación está haciendo un esfuerzo de ajuste fenomenal y, en contrapartida, las provincias aparecen más desahogadas y, en el consolidado, con cuentas en equilibrio. Eso les permite no tener que hacer cambios abruptos en sus próximos presupuestos", analiza, e insiste en que los gobernadores deberían manejarse con "más austeridad" para generar alivio a la Nación, y grafica que en los últimos seis trimestres el gasto primario nacional cayó tres puntos del producto, mientras que en las provincias la baja fue menor.

Muñoz entiende que juega un rol clave el fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2015, que obligó a dejar de descontar fondos de coparticipación para financiar a la Anses. Salvo para Córdoba, Santa Fe y San Luis, que reciben todos los recursos juntos, para el resto la devolución es gradual y en enero operará otro 3%.

Desde el Iaraf, Ariel Barraud estima que ese porcentaje servirá para "compensar" parte de la baja de recaudación que podrían tener las provincias en los primeros meses del año por la recesión. No espera, sin embargo, una caída abrupta en los ingresos. "Recién en los últimos meses hubo alguna desaceleración en términos reales de la coparticipación".

El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, ya envió su presupuesto a la Legislatura. La relación entre ingresos totales y deuda bajó de 73%, al inicio del ejercicio, a 32% ahora; no se prevé toma de deuda en 2019. En el distrito los recursos propios representan 28% del total. Fernando Yarade, jefe de Gabinete, destaca: "Mientras que la Nación reduce 50% el nivel de obras públicas, en la provincia no solo lo estamos sosteniendo, sino que aumentamos 8%, y lo estamos haciendo con una fuerte inyección de recursos propios". Las partidas a ese segmento son el 10% del total.

Después de que este año hubo alza de impuestos, la apuesta para el próximo es "ampliar la base tributaria sin incrementar la presión impositiva, incorporando actividades excluidas del horizonte fiscal", dicen desde la provincia. Además, se destinarán $600 millones para promocionar actividades claves para la generación de empleo. Urtubey espera tener superávit en 2019.

Para el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, también la "contención social" es la clave de 2019, y la obra pública está entre las prioridades, por el impacto que tiene en el empleo. Su ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, confirmó que, para evitar subas significativas del transporte por el achicamiento de subsidios, la provincia pondrá $1200 millones destinados a la demanda y no a la oferta. El impacto del ajuste nacional en el distrito es de unos $2500 millones.

La iniciativa de Gustavo Bordet en Entre Ríos afecta el 62% de los recursos al rubro personal (en 2011 era 70%), 15% a coparticipación a municipios, 10% a atender el déficit de la caja de jubilaciones, 8% a gastos de funcionamiento y 5% a intereses de la deuda pública. De los ingresos totales de la provincia, siete de cada 10 pesos vienen de la Nación, "lo que define la influencia que la política económica nacional ejerce sobre las finanzas provinciales", subraya el texto enviado a la Legislatura que espera que en el segundo cuatrimestre de 2019 la economía se recupere.

La apuesta a continuar con la obra pública, al menos la ya iniciada, responde -según explican la mayoría de las fuentes consultadas- a no afectar el empleo que genera y que, con la actividad privada achatada, es clave sostener. Por otro lado, en un año de elecciones, los gobernadores buscan tener qué mostrar, por eso en la mayoría de los casos no hay reducción de la partidas para gastos de capital.

"No imagino que suspendan planes de salud y educación que hasta ahora financia la Nación; tampoco obra pública -sostiene Barraud-. Tratarán de seguir con fondos propios y probablemente veamos en algunos casos la necesidad de generar ingresos para que no suba el déficit". La referencia es a las válvulas de escape que tiene el pacto fiscal. Hay provincias cuyas alícuotas de Ingresos Brutos están por debajo de los topes permitidos y podrían elevarlas. Este año ya pasó en el sector comercio en una docena de distritos.

En Formosa -donde el debate está en los "superpoderes" que se le otorgan a Gildo Insfrán-, el nivel de dependencia de la Nación es muy alto y el gobernador tiene la posibilidad de ajustar arbitrariamente las partidas e, incluso, de reestructurar la deuda. Tierra del Fuego, que congela sus ingresos de cara a 2019, prevé la emisión de bonos.

El chaqueño Domingo Peppo prevé superávit fiscal para 2019, por lo que -aclararon- no necesitará tomar deuda: los ingresos crecerán 42,8% y los gastos, 33%. No se plantean subas impositivas (mejorarán la fiscalización) y se mantiene sistema de promociones al sector privado. Al presentar la iniciativa, el ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, habló de "desarrollo, equidad y responsabilidad administrativa e institucional". La mayor parte de la obra pública se encarará con recursos propios y la provincia se hará cargo de los subsidios que ajusta la Nación.

Con la mirada en el largo plazo

Para el economista Federico Muñoz, el corte del financiamiento externo es un factor clave que "empujó" a las provincias a "un esfuerzo de austeridad". Entiende que volver a tomar deuda dependerá de que baje "sensiblemente" el riesgo país, por debajo de los 500 puntos básicos. "Dudo de que emitan sin una señal de la Nación", añade.

Su colega Rafael Flores está convencido de que es momento de que las provincias y la Nación empiecen a tener una visión de mediano plazo y que abandonen el comportamiento de que cuando va bien la actividad aumentan el gasto corriente y cuando faltan los recursos cortan por todos lados. "Esa conducta se plasma en que el empleo público provincial durante el kirchnerismo creció 35% por encima de la población, lo que marca que hay comportamientos un tanto irresponsables", dice, y grafica con el caso de los distritos petroleros que reciben regalías y que, cuando el barril de petróleo superó los US$100, gastaron por encima de lo que tenían.

Santa Cruz y Chubut son los dos distritos patagónicos más complicados en sus finanzas. El ministro de Economía chubutense, Alejandro Garzonio, apunta que el año que viene siete de cada 10 pesos irán a salarios y que el 12% del presupuesto -que rondará los $60.000 millones- es para compromisos de deuda. El proyecto se presentaría la próxima semana. Respecto de los recortes nacionales, admitió que hay una "compensación teórica", porque se cortan subsidios, pero crece la coparticipación, incluso por la eliminación de exenciones.

En Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez es optimista: prevé duplicar los ingresos de este año y estima un superávit de $6583 millones. "Es un proyecto con equilibrio fiscal y con una fuerte impronta, incidencia e inversión en obra pública. Es un monto histórico que se invertirá en infraestructura de educación, salud, deporte y cultura", describió al anunciarlo, y destacó el 13% destinado a obras.

Río Negro calcula un presupuesto 30% más alto que este año, con un "notorio incremento" en inversión pública y superávit. La provincia emitió US$300 millones de deuda para el "plan Castello" (infraestructura) y, ante las críticas por el nivel de deuda, el gobernador Alberto Weretilneck responde: "No es ni en el presupuesto ni en la realidad cotidiana un motivo de preocupación, porque hemos tenido mayores recursos, dominamos bien los gastos".

La devaluación impactó en las financias provinciales. Un trabajo del Ieral analizó que las más golpeadas por su nivel de deuda en moneda extranjera fueron Chubut, Buenos Aires, Neuquén y Mendoza. En sentido positivo, por las regalías hidrocarburíferas y mineras, benefició a Neuquén (17% de sus ingresos llegan por esa vía), Santa Cruz (17%), Chubut (14%), Tierra del Fuego (10%), Río Negro (7%) y Mendoza (5%).

Ninguna provincia -aunque al momento de diseñar los presupuestos todavía se discutía su posible restitución- incluyó recursos del fondo sojero. Los planteos para no eliminarlo consiguieron una compensación de unos $5000 millones por parte de la Nación. Los distritos grandes son los más perjudicados: Buenos Aires resigna unos $7000 millones; Santa Fe y Córdoba, alrededor de $3000 millones. Son también las que más recaudación aportan por retenciones al cultivo.

Las 10 claves de los proyectos

Qué prevén en materia de impuestos, obras públicas, subsidios y deuda

  • Los proyectos prevén refuerzos de las partidas sociales: Los presupuestos de las provincias anticipan una economía débil para 2019 y aumentan las partidas sociales. En el caso de Misiones, representan el 60% del total
  • Los presupuestos asignan fondos para continuar con las obras iniciadas: Las elecciones marcarán la agenda del año que viene y también condicionan los gastos: la mayoría de las jurisdicciones apuestan a continuar con la obra pública
  • Desde el año que viene, las provincias deben asumir los subsidios a la electricidad: Los subsidios a las tarifas eléctricas formaron parte del debate entre la Nación y las provincias. Finalmente, se decidió que las jurisdicciones se harán cargo de este costo
  • Las jurisdicciones también deben asumir parte de los subsidios al transporte: El presupuesto nacional crea el Fondo Compensador del Transporte, de $6500 millones, para evitar que el traspaso de los subsidios genere picos de subas en las tarifas
  • Las provincias con sistemas previsionales propios destinan fondos: Algunas provincias prevén partidas para atender el déficit previsional. Entre Ríos, por caso, destinará el 10% del presupuesto para compensar el rojo de la caja de jubilaciones
  • Los proyectos tienen en cuenta una reducción en Ingresos Brutos: Si a Sellos se sumaran los cambios en cargas coparticipables como Ganancias, Cheque, IVA y BB.PP., generaría ingresos adicionales a las provincias por 0,46 puntos del PBI
  • No hay baja prevista respecto del impuesto a los sellos: Uno de los puntos que se tuvieron en cuenta es que se suspendió la rebaja del impuesto a los sellos prevista en el pacto fiscal (equivale a 0,1 puntos porcentuales del producto)
  • La suba de impuestos patrimoniales estará en torno al 35%: Del lado de los ingresos, las provincias prevén incrementos en los impuestos, sobre todo en los vinculados al patrimonio de las personas. El alza promedio es del 35%
  • La mayoría de las provincias apuestan a sostener el superávit: La Nación está haciendo un esfuerzo de ajuste y, en contrapartida, las provincias aparecen más desahogadas, en el consolidado, con cuentas en equilibrio
  • Algunas de las jurisdicciones analizan tomar deuda: Córdoba, por ejemplo, planea endeudarse por US$500 millones, según proyecta en su presupuesto. En el caso de Chubut, el 12% estará destinado a compromisos de deudas

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