Las razones de la pelea con EE.UU.: romper las reglas financieras globales tiene costos

Vituperar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y rechazar sus revisiones anuales, reaccionar lento y pesado ante los llamados de atención del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en temas de lavado de dinero, reinterpretar las reglas de los tribunales arbitrales internacionales para demorar los pagos de los laudos a favor de empresas privadas, manipular las estadísticas para ocultar la verdadera inflación -aun cuando gran parte de la deuda emitida por el Gobierno mismo se ajusta por el índice oficial de precios- y hasta frenar importaciones sin justificativos formales... Jugar de compadrito en la comunidad financiera internacional es sencillo hasta que aparecen los verdaderos guapos. Y esto sucedió hace semanas, cuando por primera vez en décadas, Estados Unidos levantó la mano y advirtió que, a partir de ahora, empezará a rechazar en los directorios del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) todo nuevo crédito destinado a la Argentina, y alentará al resto de sus países socios a hacer lo mismo.

"Creo que todos los factores coincidieron en este momento como para que Estados Unidos reaccionara", dice Michael Shifter, presidente de Inter-American Dialogue, el think tank con base en Washington más influyente en materia de relaciones entre Estados Unidos y América latina. "Había una frustración creciente con respecto a la Argentina. Pero se dio que ahora se combinaron las declaraciones de [Christine] Lagarde, del FMI [que dijo que no haría concesiones en materia de recolección de estadísticas], y la preocupación de distintos sectores del Congreso norteamericano y del Tesoro de los Estados Unidos. Mientras que el Departamento de Estado, que tenía una política de no entrar en conflicto con la Argentina, se quedó sin argumentos para apoyarla", explicó Shifter. Martín Redrado, candidato a diputado por Unión Popular, opina precisamente que la postura del Departamento de Estado -"que jugaba el rol de filtro"- se debilitó a partir del episodio del avión norteamericano, que la Aduana argentina confiscó a comienzos de febrero en el aeropuerto de Ezeiza en medio de un gran show mediático al que se prestó el canciller, Héctor Timerman.

"Son procesos graduales, no sucesos", opina Redrado. Dice que tampoco hoy por hoy hay un buen nivel de interlocución entre las líneas de ambos países. "Creo que desde [Martín] Lousteau hasta la fecha no hay reuniones entre el ministro de Economía y el secretario del Tesoro; tampoco hubo reuniones bilaterales entre los presidentes en el Salón Oval, más allá del encuentro de 15 minutos en el marco del G-20 entre Obama y Cristina [en abril de 2010]".

En el Congreso norteamericano hace tiempo que se está gestando una sensación de malestar con la Argentina. Y, en gran medida, sostiene Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central, a ello contribuyó el accionar de los bonistas que quedaron fuera de los canjes de deuda y que están nucleados en el American Task Force Argentina (ATFA), cuya cara visible a Robert Shapiro, el ex subsecretario de Comercio para Asuntos Económicos de la administración Clinton.

Después de los dos canjes de deuda, aún quedan tenedores de títulos en default por cerca de US$ 6800 millones. Aunque, según el embajador argentino en Washington, Alfredo Chiaradia, una gran parte de los títulos estaría en manos de fondos buitre, ya que los acreedores en Estados Unidos sólo tendrían US$ 303 millones de los 3600 millones que hay de reclamos pendientes contra el país ante tribunales norteamericanos.

Desde comienzos de año fueron varias las cartas cursadas por el ATFA a senadores y representantes de la Cámara baja. Llamaban a actuar en contra de la Argentina y en defensa del dinero de los norteamericanos. Y parece lógico que argumentos que en el pasado eran fórmulas sin fuerza, suenen más fuerte ahora, que las cuentas de Estados Unidos están complicadas, y que Obama debe justificar ante un Congreso en el que no tiene mayoría cada gasto que hace.

No por nada fue en la audiencia en la que se trató la posibilidad de ampliar el capital del BID –para lo cual Estados Unidos debería hacer un aporte de casi US$ 1400 millones, considerando que tiene un 30% del capital del banco–, que la subsecretaria para Mercados Internacionales y Desarrollo del Tesoro, Marisa Lago, comunicó a los legisladores que no se aprobarían nuevos créditos para la Argentina.

Además de los holdouts, Estados Unidos trajo a colación el cuestionable accionar del Gobierno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal al que la Argentina se sometió para diferendos con empresas de más de 40 países, con los que firmó tratados bilaterales de inversión en los 90. No sólo la Argentina es el país que más casos pendientes acumula en el tribunal del Banco Mundial (todavía tiene 18 sobre un total de 42 que llegó a sumar en el peor momento, en 2004), sino que además es el único que se negó a pagar los tres laudos en los que quedó condenada: el de Azurix, por US$ 165,2 millones; el de Vivendi, por US$ 170 millones, y el de CMS Energy, por US$ 149 millones.

"No hay ningún otro país que haya decidido no pagar y lo haya hecho como política", explica Fernando Mantilla-Serrano, socio del estudio norteamericano Shearman & Sterling, que integra el equipo de arbitraje internacional con base en París. "Desde el primer laudo se empezó a pensar que era lógico que los estados empezaran a hacer presión en contra del país, porque la actitud de la Argentina demuestra sino que el sistema no es tan impermeable como se pensaba. Es lo mismo que si todos los que tomamos hipotecas decidiéramos no pagarlas; el riesgo es que acabe con todo el sistema del Ciadi", admitió el abogado, que litigó contra la Argentina y que todavía lleva el caso Saul, la empresa que tenía la concesión del tratamiento de aguas en Mendoza.

La Argentina se justifica legalmente diciendo que el artículo 54 de la Convención de Washington obliga que aquellos que hayan tenido laudos favorables tienen que presentarse ante la corte local para poder cobrar. Sin embargo, ésta una interpretación que, según los distintos especialistas consultados, es más que cuestionable, ya que iría en contra de la propia naturaleza del Ciadi, el único tribunal de inversiones cuyos laudos son de cumplimiento obligatorio y de reconocimiento automático. "Ningún inversionista va a aceptar someterse a una corte argentina porque sería someterse voluntariamente a una jurisdicción que no es competente", confirma Matilla-Serrano.

Más allá del dinero

En el equipo de Amado Boudou no estarían tan preocupados por el voto negativo de Estados Unidos en los directorios del BID y BM –no sólo el gobierno de Obama no tiene poder de veto de los préstamos– sino que además se prevé que los montos podían caer si no se aprueban nuevas capitalizaciones de los organismos multilaterales (ver aparte). "Estábamos manejando escenarios a la baja en los próximos tres años", admitió un técnico del equipo económico, que pidió no ser nombrado. "El año que viene el BID tiene serios problemas si no se capitaliza: de los US$ 10.000 y US$ 12.000 millones que estaba prestando al año pasará a tener entre US$ 5000 y 6000."

Pero sí inquieta la posibilidad de que la política norteamericana en el BID y BM se traduzca en otros ámbitos, y afecte ya sea al sistema general de preferencias –las rebajas arancelarias que otorga el gobierno norteamericano a ciertos productos emergentes–, o a las negociaciones de la Argentina con el Club de París.

"Por ahora es una señal. El voto negativo en el BID y eventualmente en el Banco Mundial no alcanza para bloquear los préstamos –opina el economista Miguel Kiguel–. Es algo más complicado para las negociaciones con el Club de París, donde Argentina está negociando condiciones más favorables de las que se han otorgado en el pasado y para eso hace falta el apoyo de Estados Unidos. Otro tema en el que Argentina podría recibir presiones es con respecto a avanzar más rápido con el nuevo índice de precios nacional." Para Daniel Marx, es como un juego en el que están todas las poleas unidas. "Mucho está relacionado con el artículo IV del FMI, porque con esto el Gobierno ya hubiera arreglado con el Club de París. Y para ello, es necesario previamente arreglar el Indec", dice el economista.

La Argentina es el único país del G-20 que hoy no cumple con el artículo IV del FMI, que habilita al Fondo a realizar una revisión general de la economía argentina. Si bien no es una obligación cumplirlo, sí lo es cumplir el artículo 8, que exige tener estadísticas confiables, y que claramente hoy tampoco la Argentina está respetando. De ahí que, según Kiguel, la nueva estrategia de Estados Unidos "es una primera indicación de que se espera que Argentina se comporte como miembro de este club tan exclusivo". Aunque Bocco fue más allá: "Hay un lobby muy grande a nivel internacional para sacar Argentina del G-20, en donde por ejemplo no está España y está la Argentina. No descarto que esto sea parte de lo mismo".

Por ahora, no obstante, recién asoman las primeras medidas de la nueva estrategia. Shifter dice que en Washington se habla de que esto es "globo de ensayo" y que no se decidió "cortar con todo". "Es otro enfoque de política para ver cómo reacciona la Argentina, si tiene más efecto que lo que se hizo hasta ahora", dice Shifter. Queda por ver si otros países desarrollados la imitan. Y si la Argentina redobla la apuesta o se somete a las reglas de la comunidad internacional.

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