Obras en infraestructura. Lento avance de las iniciativas privadas

Desde que reformó el régimen en agosto, el Gobierno recibió 26 proyectos por 12.000 millones de pesos

27 de Enero de 2006

LA NACION

Hace más de cinco meses, el 16 de agosto pasado, el gobierno nacional anunció la modificación del decreto para realizar obra pública a través de iniciativa privada y hoy al menos 26 proyectos, que representan desembolsos por aproximadamente $ 12.000 millones, se encuentran estancados en un embotellamiento burocrático, sin plazo determinado para su concreción.

Sin embargo, fuentes del ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido, informaron que varios proyectos están a punto de pasar a la segunda etapa que estipula la norma, instancia en la que debe dictaminarse en 90 días si existe interés público en el emprendimiento privado.

Las mismas fuentes indicaron que el tiempo de evaluación que están tomándose los expertos del organismo oficial -y que conlleva el requerimiento y el peritaje de la documentación exigida a las empresas- se encuentra dentro de lo que dicta el decreto 966/05. "Los requerimientos son muy exigentes por la magnitud de los proyectos", señalaron en esa cartera.

Estimaron además que todas las empresas han recibido "siempre" respuesta ante cualquier pedido de información y que unos 15 proyectos se encuentran muy cerca de ingresar a la segunda etapa, en la que sí comienza a correr el reloj.

Las iniciativas que, por su solidez técnica, se encontrarían cerca de la nueva posta serían: la autovía Pilar-Pergamino, la nueva autopista Rosario-Sunchales, la terminal ferroportuaria de La Plata y el que prevé la construcción de un puerto para cruceros en la ciudad de Buenos Aires.

Una de las posibles causas de los atrasos sería la salida de Roberto Lavagna como ministro de Economía, que dejó sólo con dos miembros a la Comisión de Evaluación y Desarrollo de la Iniciativa (Cedip), conformada por dos ex hombres del Palacio de Hacienda -Leonardo Madcur y Eduardo Pérez- y dos de Planificación -José López y Roberto Baratta-. Sin embargo, en el ministerio que dirige De Vido afirmaron que esto no generó demoras significativas en la tarea de evaluación.

El proceso

El decreto de iniciativa privada tiene una secuencia de procedimiento. En la primera etapa, el proyecto ingresa a la Cedip que -sin límites de tiempo- evalúa la documentación presentada por las empresas y define si cumple o no los requerimientos necesarios. Aquí se encuentran actualmente todos los proyectos.

En la segunda, la iniciativa debe ser girada a un organismo competente -dependiendo de la naturaleza y localización del proyecto- que, a su vez, tiene 30 días para evaluar la conveniencia y devolver el plan a la Cedip.

La comisión cuenta entonces con 60 días hábiles para dictaminar sobre el interés público y la conveniencia entre llamar a licitación o concurso y mandar el proyecto al Poder Ejecutivo, que determinará, en última instancia, su suerte.

El decreto que puso en marcha el sistema prevé que el que presente el proyecto tendrá la posibilidad de adjudicarse la obra si la diferencia con quien realice la mejor oferta en la licitación es inferior al 5%. Si esa diferencia se ubica entre un 5% y un 20%, la empresa que presentó la idea podrá igualar la mejor oferta y quedarse con la obra.

En caso de que uno de los proyectos ya declarados como iniciativa privada de interés público pierda en la licitación, se le devolverá un 1% de la inversión.

A comienzos de octubre de 2005, el Gobierno había anunciado inversiones privadas por $ 6000 millones, con la realización de sólo seis proyectos. Hoy, la iniciativa suma 26 proyectos, de los que aproximadamente 15 reflejarían inversiones por más de 12.000 millones, aunque todavía se encuentren lejos de su concreción real.

Las empresas

"Nos enviaron una carta hace un tiempo y nos pidieron una información para adaptarla al nuevo régimen de iniciativa privada", señaló Enrique Mantel, coordinador del proyecto de la nueva autopista Rosario-Sunchales, un plan de obras que llevarían adelante un consorcio compuesto por las empresas Covico y Coprisa. "Suponemos que en poco tiempo estaríamos presentando todo", agregó.

Financiado por el sector privado, el consorcio formado por 12 pymes del interior del país invertirá $ 900 millones y empleará 4800 puestos de trabajo.

"Estamos esperando que el Gobierno se expida", expresó una fuente de Corporación América, empresa del grupo Eurnekian, que presentó dos proyectos viales: la autopista Pilar-Pergamino, con $ 730 millones de inversión y la autopista Río Cuarto-Córdoba, con 530 millones.

En tanto, desde la constructora Perales Aguiar, compañía que ofreció una iniciativa para continuar el Camino del Buen Ayre desde el Acceso Oeste hasta unirse con la autopista Buenos Aires-La Plata, con un desembolso de $ 853,6 millones, sostuvieron que "desde el Gobierno han pedido documentación complementaria" y que estiman que "a fines de enero" estarían en condición de presentarla.

Francisco Jueguen

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