Los costos de la inseguridad jurídica

FIEL: el estudio económico analizó la seguridad jurídica en las provincias; las más confiables son las que tienen mejor desempeño económico.

15 de diciembre de 1998

La Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos son las de mayor confiabilidad y seguridad jurídica a la hora de invertir, en tanto que La Rioja, Río Negro, Corrientes, Catamarca, Jujuy y Tierra del Fuego se encuentran últimas en el ranking. En Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Tucumán, la seguridad jurídica es "media", según el informe presentado ayer por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) acerca de "La seguridad jurídica y su impacto sobre las inversiones".

"La estabilidad de las normas fiscales aparece como el obstáculo más importante con respecto a la seguridad jurídica. También, los aspectos judiciales, como la arbitrariedad de las sentencias", señaló Marcela Cristini, economista de la fundación, quien destacó que "aunque parezca una obviedad, las provincias con más seguridad coinciden con las que tienen un mejor desempeño económico".

Para realizar el estudio, FIEL analizó la confiabilidad de cada provincia sobre la base del riesgo fiscal, la situación del poder político y judicial y una encuesta entre los empresarios.

También se estudió el desempeño socioeconómico de cada jurisdicción basándose en el crecimiento bruto geográfico, los indicadores habituales (empleo, hogares con necesidades básicas insatisfechas, etc.) y las variaciones en la cartera morosa de las entidades financieras.

Junto con el trabajo, FIEL enumera una serie de casos que sirven como "disparadores" para hablar de inseguridad jurídica en las provincias:los conflictos entre la Nación y los gobiernos provinciales por las regalías mineras, la modificación de alícuotas de impuestos a la actividad petrolera, la aplicación del impuesto a los sellos, la extensión del poder tributario al mar, la aplicación del impuesto inmobiliario, el Convenio Multilateral en el impuesto a los ingresos brutos, la "gravabilidad" de las UTE, los agentes de recaudación en las provincias, la interpretación del concepto de venta a consumidor final en ingresos brutos, entre otros. "Es oportunismo económico por parte del Estado cambiar las reglas de juego sobre inversiones que ya han sido realizadas", señaló Cristini.

Dicen los empresarios

Como parte del trabajo, la fundación realizó una encuesta a 89 empresas pertenecientes a distintos sectores, como la industria manufacturera,metalurgia y siderurgia, petroquímica, cemento y construcción, transportadoras de gas y de electricidad, industria del vidrio y también las telecomunicaciones, que realizaron inversiones muy significativas en el período 1994-1997.

El 65 por ciento de las empresas considera que la seguridad jurídica es importante o muy importante para sus decisiones de inversión, mientras que un tercio lo consideró no significativa.

Dentro de los componentes, el más importante es el cambio desfavorable en las reglas impositivas o el aumento de las tasas cobradas. Detrás se encolumnan la arbitrariedad en las sentencias judiciales, las dificultades en interpretar leyes y normas, la coexistencia de jurisdicciones con normativas diferentes y las demoras judiciales.

Consultadas acerca de los factores generales que afectan la decisión de inversión en las empresas, éstas les asignaron mucha importancia al tamaño y a la cercanía del mercado de consumo, y consideraron como factores irrelevantes la promoción regional, el financiamiento subsidiado y el ingreso de otros competidores en la misma localización. Las empresas también se quejaron de los obstáculos burocráticos, las dificultades de interprestación de marcos regulatorios específicos y la discrecionalidad del gobierno.

Sobre la base de las respuestas, FIEL realizó un "índice de percepción de seguridad jurídica". Del mismo se desprende que, para el sector privado, en la Capital Federal, La Rioja, Santa Fe, Gran Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Misiones, Santa Cruz, Catamarca, Chaco, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro hay una situación crecientemente favorable con respecto a la seguridad jurídica.

En tanto, San Luis, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Chubut, San Juan, Neuquén y Tierra del Fuego presentaron más dificultades con respecto a la seguridad.

Con relación a la provincia de La Rioja, que según este índice integra el grupo de las más organizadas, Marcela Cristini aclaró que "existe un sesgo en las respuestas, ya que muchas de las empresas son de promoción industrial, que no tiene capital hundido".

Mejores y peores

Confiables: la Capital y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos son las que poseen mejores índices de seguridad jurídica.
Las peores: La Rioja, Río Negro, Corrientes, Catamarca, Jujuy y Tierra del Fuego.
Encuesta: el 65% de los consultados consideró el tema de la seguridad jurídica como importante o muy importante para tomar sus decisiones de inversión.
Componentes: los cambios que más molestan a los empresarios son los que afectan a la legislación impositiva.
Justicia: otro de los elementos destacados es la arbitrariedad en las decisiones judiciales.

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