Los empleos públicos ya son flexibles
Con un acto en el Luna Park, los empleados públicos agrupados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) festejaron ayer la firma del primer convenio colectivo de trabajo. Mientras tanto, ATE, el otro sindicato del sector, lanzó un plan de lucha en repudio porque consideró que "este acuerdo acepta la flexibilización laboral, la tercerización de los servicios y la movilidad territorial sin límites de los empleados públicos".
El convenio abarca a 48.500 empleados públicos nacionales, e incluye a todos los ministerios, a los institutos como el INTI, INTA y de Vitivinicultura, y a las Superintendencias de Seguros, AFJP, ART y Salud. También están incluidos los empleados de la Biblioteca Nacional, Teatro Cervantes o el Ballet Nacional.
La jornada de trabajo se definió en una base de 180 horas mensuales, y en no más de doce horas diarias. Entre otras cláusulas, el convenio establece que el ingreso efectivo se adquiere luego de doce meses de un período a prueba. Durante ese tiempo, la designación puede ser cancelada sin pago de indemnización alguna. En caso de reestructuración por supresión de organismos, el empleado puede elegir entre pasar a otra dependencia donde haya vacantes o ser despedido.
Los organismos públicos podrán tomar personal no permanente, que no tendrá estabilidad y cuya designación podrá ser cancelada en cualquier momento. El Estado se compromete a aportar un 0,5 por ciento de los sueldos brutos al sindicato, lo que representa unos cuatro millones de pesos por año.
Polivalencia
Las funciones del personal se basan en "los principios de la polivalencia y flexibilidad funcional", para facilitar "la asignación de funciones y/o tareas distintas de las que resultan propias. Dichos principios serán de aplicación razonable sin que se menoscabe moral ni económicamente al personal". En caso de privatización o tercerización de servicios, ante igualdad de ofertas, se dará prioridad a las mutuales o cooperativas que incluyan al personal afectado.
Habrá un delegado cada cincuenta empleados. En las dependencias de de más de 101 empleados, se agrega uno más cada cien.
Los empleados públicos no contaban con un convenio colectivo de trabajo. En 1992 se aprobó, por ley, establecer paritarias en el sector público.
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