Los gremios quieren recuperar parte de la "crema" que se va a las prepagas

El Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) están negociando en los últimos días cómo apuntalar el financiamiento del sistema de salud, que ya venía golpeado por el creciente costo de algunos tratamientos médicos y medicamentos, y cuya situación se complicó a partir de la pandemia de coronavirus. La idea de los gremios es que se haga mediante un proyecto de ley del Poder Eejecutivo.

En esa hipotética iniciativa, la central obrera pretende retomar viejas batallas. Por ejemplo, revisar uno de los capítulos de la desregulación del sector que, desde fines de los 90, permitió que los trabajadores accedieran a una prepaga sorteando a las obras sociales propias de sus gremios por vía del traspaso a otras más pequeñas. En el sector de la salud algunos califican a esas obras sociales, de actividades que no cuentan con sindicatos de peso detrás, como "sellos de goma".

Como resultado, los trabajadores de sueldos más altos y los más jóvenes tienden a irse a una prepaga por medio de este sistema y las obras sociales de origen se quedan con los de menores ingresos y mayor edad, con mayor propensión a enfermarse y, por lo tanto, a requerir más prestaciones de salud. Aportes de los trabajadores y contribuciones patronales son direccionados hacia esas obras sociales chicas y no hacia aquellas de los gremios de esos empleados. Esas obras pequeñas se quedan con una parte reducida de los aportes y el grueso va a las prepagas.

Esta modalidad recibe el pintoresco nombre de "descreme", término que en el marketing alude a una estrategia para identificar y seducir a los consumidores predispuestos a pagar precios altos por un bien o servicio, pero que aplicado al universo de la salud significa captar a los afiliados más convenientes.

Después del encuentro en Olivos, la semana pasada, entre los máximos dirigentes de la CGT y el presidente Alberto Fernández los rumores no tardaron en circular, entre ellos, sobre una eventual limitación a los traspasos entre obras sociales. Pero fuentes de la CGT consultadas por LA NACION lo niegan y dicen que no se busca desarmar el actual entramado –"lo que ya está ya es muy difícil volverlo atrás", afirman- pero sí un replanteo hacia adelante: "el trabajador tendrá que desregular, [es decir, optar por una prepaga] a través de su obra social de origen". ¿El objetivo? Eliminar la intermediación de esas obras sociales pequeñas que nacieron con la desregulación. "El problema del descreme lo supieron todos los gobiernos, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina, Macri y ahora lo sabe Alberto, lo que hay que hacer es tener la decisión política", agregan. En otras palabras, los gremios grandes quieren tener relación directa con las prepagas. Si el cambio de sistema tendrá implicancias negativas para los trabajadores se verá cuando se conozcan los detalles de la iniciativa. "A ningún afiliado se le va a tocar nada", prometen las fuentes consultadas.

¿Cómo cae la idea en el mundo de las prepagas? Una fuente de una de las más importantes interpreta que no habría problemas de acceso para los trabajadores ni para ellas en la medida en que no se prohíban los traspasos entre obras sociales. Las que en la CGT identifican como "sellos de goma" son las que permitieron a las empresas de medicina privada entrar en el juego. "La peor opción sería no poder optar. La gente quiere tener Swiss Medical, OSDE o Galeno independientemente de por dónde le toque. Mientras eso no se altere después dependerá de la capacidad de negociación de cada entidad", dice la fuente. En este punto coincidirían los intereses de la CGT y de las prepagas porque desaparecería la intermediación.

Los cambios que analizan el Gobierno y la CGT incluyen otros puntos potencialmente polémicos, como una suba de un punto porcentual en los aportes de los trabajadores a las obras sociales, algo que tendrá impacto en el sueldo neto de los trabajadores, ya erosionado por la inflación y las rebajas salariales, y un aumento simétrico en las contribuciones patronales con el mismo destino, otra carga para las empresas, que se quejan de la presión impositiva de todo tipo que ya vienen soportando. De esta manera, los aportes subirían del 3 al 4% y las contribuciones, del 6 al 7%, tal como anticipó LA NACION hace una semana.

Otro reclamo habitual de los gremios también fue puesto sobre la mesa: es el sistema de aportes de los monotributistas, que les permite acceder a las mismas prestaciones de salud que a los empleados en relación de dependencia pero con un monto bastante más reducido. En la CGT confirman que eso está en la mira y también lo ratificó el ministro de Salud, Ginés González García, durante una exposición virtual la semana pasada. Cualquier intento de equidad implicará un aumento para el bolsillo de los monotributistas, uno de los segmentos de la población más castigados por la caída de la actividad provocada por la pandemia y la cuarentena. A fines de 2019 se estimaba que eran unos 3,2 millones de personas.

¿No temen los gremialistas una reacción adversa de los trabajadores si vieran un descuento mayor para la obra social en sus recibos de sueldo? "Muchos trabajadores hoy ponen mucha plata por arriba del aporte que corresponde por ley para acceder a un sistema mejor. Van y pagan una prepaga por su cuenta u otros desregulan a partir de determinadas obras sociales; de la misma manera, los empresarios saben que para tener un sistema de salud sustentable hoy ponen mucho más que ese punto porcentual [que aumentarían las contribuciones patronales].", razonan en la CGT.