Los intereses de los accionistas de YPF

Hugo Martelli
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11 de mayo de 2014  

Cuando en 1998 le preguntaron a Lou Noto, CEO de Mobil, por qué propiciaba la fusión con Exxon, que diluiría a Mobil y lo dejaría a él sin trabajo, respondió que su tarea era defender los intereses de los accionistas y no los de Mobil ni los suyos propios, y que la fusión era la mejor manera de defenderlos.

Los accionistas de Mobil eran inversores bursátiles que perseguían una renta financiera. YPF, que sigue siendo una sociedad comercial, cuenta aún con inversores bursátiles cuyo interés se ha beneficiado indirectamente, ya que sus tenencias accionarias, no expropiadas, se revalorizaron significativamente. Pero los nuevos accionistas de YPF, es decir, las provincias y el Estado Nacional, tienen intereses más complejos.

Sólo las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) son accionistas de YPF. Estas provincias, que mantienen una controversia con la Nación sobre si deben o no pagar por sus acciones, son quienes conceden a YPF sus yacimientos y, por tanto, mantienen con ella conflictos de intereses. Sería lógico pensar que estas provincias deberían privilegiar sus intereses (regalías, cánones, tributos, compromisos de inversión, protección ambiental) por sobre la expectativa del dividendo de la acción, o por la ganancia que YPF pueda obtener y decida invertir... ¡en otra provincia!

En cuanto a los derechos políticos, la participación de las provincias en YPF es minoritaria. Mientras que el Estado nacional posee 51% del paquete accionario, las provincias poseen el 49% sindicado, sin que cuenten con vetos o derecho a mayorías especiales que las proteja, y sin contar con que deberían abstenerse de votar cuando el interés provincial o el de su empresa estatal de hidrocarburos esté también en juego. Lou Noto pensaría que a las provincias les conviene defender su interés antes que el de YPF, incentivando la competencia entre petroleras y tratando de maximizar la calidad y cantidad de sus inversiones, y la renta y el bienestar provinciales.

En cuanto al interés del Estado nacional como accionista de YPF, la ley de Soberanía Hidrocarburífera establece que éste adquiere el control de YPF para garantizar los objetivos del "autoabastecimiento, el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones". Como YPF no monopoliza la industria, el interés del Estado debe residir en utilizarla como "empresa testigo" que le permita comprobar el mérito o demérito de la política petrolera. La gestión del ingeniero Miguel Galuccio al frente de YPF parece responder a ese interés y estar encaminada a ese objetivo, por demás plausible.

En cuanto a la política petrolera nacional, la experiencia demuestra que la única que resultó exitosa y aumentó las reservas y producción fue la adoptada entre 1989 y 1993 por el Congreso de la Nación, basada en la libertad de industria, precios y disponibilidad de la producción, integración regional y seguridad jurídica para inversores. Ese marco legal continúa vigente o puede ser fácilmente restablecido por vía reglamentaria. Lou Noto pensaría -creemos- que esta política sería la adecuada, para alinear definitivamente los intereses del Estado Nacional, las provincias, YPF y sus demás accionistas, y de la totalidad de los actores de la industria petrolera, en beneficio común del país.

El autor es abogado especializado en recursos naturales y energía

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