Los problemas del exceso de Estado

En muchas provincias hay tantos municipios, con tan pocos habitantes y tan escaso territorio, que es imposible que puedan financiarse cobrando las tasas que se consideran razonables. ¿Será la solución, entonces, una poda de la estructura administrativa? Imposible. Si se es un municipio, hay que realizar tareas, tener un concejo deliberante. Eso requiere estructura y empleados.

¿Se podrá entonces perseguir con altos impuestos a los habitantes? Lo puede hacer cualquier intendente que no sólo no quiera ser reelecto, sino que además acepte que sus vecinos ni le dirijan más la palabra cuando vuelva al llano.

La solución es, entonces, gravar a los "extranjeros". En las zonas de veraneo, a los comercios de temporada instalados por personas que no son del pueblo. También a quienes tienen allí casas de descanso, pero votan en otro sitio, y a los productos de las empresas que nos están allí radicadas.

Donde no está esa posibilidad, se hace cobrando multas fotográficas a quienes exceden la velocidad en el pueblo o sus inmediaciones.

Las fotomultas han sido una forma de abuso contra los "extranjeros" muy difundida. Es verdad que pueden usarse para evitar que se cometan infracciones y se ponga en peligro la vida de personas cuando las rutas pasan justo por el sector urbano del pueblo o ciudad. Pero no es menos cierto que muchas veces se han colocado en tramos de ruta que están fuera del ejido, donde no hay ningún motivo para obligar a una reducción de la velocidad y así y todo se obliga a hacerlo.

La Defensoría del Pueblo de la Nación, a cargo de Eduardo Mondino, hizo planteos contra instalaciones de supuesto control que pretendían cobrar multas sin cumplir con la legislación vigente. Por ejemplo, sin tener correctamente homologados los instrumentos de medición, o haciendo intimaciones por mecanismos que impedían el derecho a la legítima defensa.

El afán recaudatorio surge porque la estrucutra administrativa es excesiva y demasiado costosa para la economía local. Quien visite las sierras de Córdoba se sorprenderá de encontrar una municipalidad completa en Villa Carlos Paz, otra en Tanti, otra en Bialet Massé, otra en Santa María y otra en Cosquín. Cinco en total, tras recorrer menos de 40 kilómetros. De Santa María a Cosquín hay sólo cinco kilómetros.

Algunos estudios de consultoría hechos por el Ieral de la Fundación Mediterránea indican que para que una ciudad pueda solventar un sistema de recolección de residuos propio debería tener no menos de 50.000 habitantes. ¿Cómo hacen los municipios que en algunos casos tienen menos de 5000?

¿Será razonable que para supuestamente estar más cerca de la gente haya en Santa Fe 363 unidades de gobierno local? Ese total se alcanza al sumar municipios con comunas, delegaciones, juntas de gobierno. En muchos casos, esas unidades no tienen una sede y ni siquiera un teléfono.

Mendoza, por ejemplo, con 168.000 kilómetros cuadrados de superficie y 1.577.000 habitantes tiene "sólo" 18 municipalidades. Es decir, una por departamento. Tierra del Fuego, con 20.000 km2 y 101.000 pobladores, suma apenas tres.

Con todo, en Mendoza ha habido conflictos con las multas con radares portátiles, ya que sobre tramos de rutas nacionales, como la 7 –en particular en el tramo cordillerano– se pretende labrar infracciones aplicando una ley local, en lugar de la ley federal, que es la que en realidad rige.

La ley provincial establece, además, que la velocidad máxima en las rutas es de 80 kilómetros por hora, cuando la federal fija 110. Es decir, una mera trampa cazabobos para recaudar. Porque la sanción incluye la retención del registro de conductor y sólo pagando se puede recuperarlo. La Defensoría del Pueblo (la página en Internet está en www.defensor.gov.ar ) ha dictaminado que no es legal aplicar leyes provinciales sobre tramos de ruta que claramente están fuera de un ejido municipal. La jurisdicción es federal. Y el control podría haberse delegado en una fuerza provincial, como la policía de Mendoza, pero la legislación por aplicar no puede ser la local.

En cuanto a las fotomultas, deberán realizarse con un equipo que tenga una homologación vigente. Es decir, que haya pasado un examen que diga que mide correctamente, como debe ocurrir con la balanza del carnicero.

Además, debe mencionar al funcionario actuante y debe incluir una dirección a la cual el multado puede dirigirse para hacer su descargo, ya que de otro modo se impide el derecho a la legítima defensa, lo cual es inconstitucional.

Otros mecanismos también apuntan a los foráneos. Por ejemplo, es común que en las zonas de veraneo las intendencias sean implacables en rematar los inmuebles de las personas que no viven en el territorio y votan fuera de él y se atrasan en el pago de los tributos. Casi siempre hay más tolerancia con los vecinos, que votan para intendente y concejales.

Se podrá ver, por ejemplo, que algunos municipios que son implacables con los deudores "foráneos" no cumplen ellos mismos con las leyes nacionales. Por ejemplo, ocurre que el camión con que se hace la recolección de basura tiene la patente "vieja", de esas que comenzaban con una sola letra, asignada por provincia. Es decir, el municipio "estricto" con su propia recaudación es un incumplidor de las leyes nacionales.

Por otro lado, los municipios sólo deberían cobrar "tasas", es decir, una retribución por un servicio prestado. Pero si se cobra y no hay ninguna contraprestación, se trata de un impuesto. Y eso es de dudosa legalidad.

Como lo es también que alguien pague impuesto inmobiliario en su provincia por su casa y luego si excede el mínimo no imponible del tributo a los bienes personales también deba pagarlo sobre la misma casa. Aunque menos legal parece el hecho de que cuando se compra un cero kilómetro haya que pagar un impuesto para financiar una verificación técnica vehicular que no se realiza. Es decir, es un impuesto -otro más- sobre la compra de un cero kilómetro.

También en la privatización de la ex Eseba se aplicó un gravamen sobre la propiedad de inmuebles de veraneo. La administración de Eduardo Duhalde dictaminó que quienes tenían consumos irregulares en las zonas de la costa atlántica pagarían más por cada kilovatio que quienes consumían todo el año. Un impuesto a un bien supuestamente suntuario cobrado como si fuera tarifa eléctrica.

Pareciera que no es razonable que se cobre un bien o un servicio según la supuesta capacidad contributiva del comprador. Para eso están los impuestos sobre el patrimonio y las rentas.

Por otro lado, mientras muchos políticos se desgarran las vestiduras afirmando que no deben subirse las tarifas de los servicios públicos privatizados para no afectar a la gente de menores recursos, aplican tasas provinciales y municipales sobre los mismos servicios. Las empresas prestadoras se quejan de que en muchos casos en el conurbano bonaerense la mitad de lo que se paga en la factura del servicio eléctrico son tributos, entre nacionales, provinciales y municipales. Para no recordar que en todo el país se paga un tributo sobre los consumos domiciliarios de energía eléctrica que sirve para subsidiar los consumos realizados en la provincia de Santa Cruz. No hay duda de que en muchos casos quienes pagan el tributo tienen menores niveles de vida y capacidad contributiva que a quienes se subsidia.

El historiador especializado en temas económicos Roberto Cortés Conde señala que la crisis de 2001 y 2002 comenzó con una grave ruptura del pacto fiscal que está explícitamente firmado en la Constitución de 1853 y que determina cuáles rentas son las que corresponden a la Nación y cuáles a las provincias.

Gran parte de la crisis del gobierno de Fernando de la Rúa incluyó una brutal puja por los recursos fiscales entre la administración nacional y los gobernadores.

Esa puja hoy parece no existir, pero la desesperación de muchas administraciones locales para conseguir recursos indica que puede desatarse nuevamente en cualquier momento.

En la salida de la recesión del tequila creció mucho la recaudación de impuestos que se comparten con las provincias, mientras que la Nación resignaba los suyos, como los aportes sobre la nómina salarial.

Ese esquema enriqueció a los gobernadores, a quienes Carlos Menem terminó "manoteando los recursos" con un decreto de necesidad y urgencia.

Las penurias de la Nación continuaron con De la Rúa. Pero la situación cambió con el impuesto al cheque, que llegó a su punto cúlmine cuando Duhalde y Lavagna prohibieron desgravar lo pagado de ganancias, y con la aparición de las retenciones.

La caja de la Nación mejoró notablemente, mientras caían los tributos como IVA y ganancias, que se reparten con las provincias. Eso volvió a los gobernadores e intendentes mucho más dependientes del poder central. La situación parece haber cambiado algo, por el alza de los ingresos por IVA y ganancias, pero el poder de la caja nacional parece intacto.

Desesperados por la necesidad de prestar servicios, cumplir con los pagos de sueldos, no presionar demasiado a sus contribuyentes y además conseguir votos, los intendentes deben apelar a toda su creatividad. Tampoco parecería razonable que sea precisamente a ellos a quienes se les ocurra eliminar la estructura administrativa que conducen, fusionándola con otra.

Pero los estudios de consultoría como los del Ieral indican que, sin llegar a tanto, deberían, por ejemplo, asociarse para compartir los gastos de los servicios, como el de recolección de residuos domiciliarios.

De todas formas, parece una tarea difícil en un país donde la idea de reforma del Estado ha pasado a ser vista como una especie de herejía. El Indec señala que en total hay en el territorio nacional 1144 unidades de gobierno local del rango de municipios. Se agregan 1054, al considerar las unidades como comunas, juntas vecinales, delegaciones municipales y aun delegaciones comunales. Un total de 2198.

Algunos consultores explican que en poco más de cien habita más del 50% de la población total. Las otras tienen enormes dificultades para tener una "escala" que justifique su existencia.

• A nuestros lectores: LA NACION invita a compartir las situaciones de abuso por parte de municipios de las que hayan sido víctimas. Los interesados podrán compartir su experiencia con un mensaje describiendo brevemente los detalles del caso enviado por correo electrónico a abusosmunicipales@lanacion.com.ar