Macri en el Congreso: cómo es el proyecto de ley de responsabilidad empresarial al que se refirió

Durante su discurso de apertura del 135° período de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Mauricio Macri pidió a los legisladores que debatan la "ley de responsabilidad empresaria". Se trata de una manera más simple de hacer referencia al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo el 20 de octubre pasado, llamado Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

¿A qué se refiere con personas jurídicas? A sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, que podrán ser multadas con entre el 1 y el 20% de los ingresos brutos anuales de la persona jurídica condenada y entre el 10 y el 20% si hubo intervención, conocimiento o tolerancia de la alta dirección. También, se pueden suspender total o parcialmente sus actividades,suspender sus patentes y marcas; quitar subsidios o beneficios estatales, impedir el acceso a concursos o licitaciones públicas y hasta la cancelar la persona jurídica, entre otras sanciones.

Este proyecto que aún no fue tratado, establece una responsabilidad de la empresa más allá de las personas físicas que pudieran haber actuado en casos de corrupción. Afirmando la responsabilidad empresarial en casos de corrupción público-privada, el proyecto establece que la empresa como tal debe hacerse responsable de los delitos contra la administración pública, que tantas veces sacudieron a la Argentina. Estos delitos pueden haber sido cometidos por sus dueños, socios, accionistas, directores, gerentes o empleados.

Además, y para prestar atención, el proyecto también extiende esta responsabilidad a proveedores, contratistas, distribuidores y toda persona que tenga una relación contractual con la compañía, siempre y cuando la empresa que los contrata no haya cumplido con los procedimientos de "due diligence" o control de proveedores.

Hasta ahora, la ley de este país prevé sanciones penales en delitos contra la administración pública únicamente a personas físicas, una figura que ya existe en delitos como tributarios, lavado de activos financiamiento del terrorismo entre otras. Extender esta responsabilidad a las personas jurídicas de las empresas si se defrauda a la administración pública ya existe en España, Estados Unidos, Brasil y Chile, entre otros países. Se busca de esta manera que el sector privado implemente políticas y procedimientos internos para prevenir la corrupción y cooperar con las autoridades en caso de que ello ocurra, de manera de mitigar sanciones.

La Oficina Anticorrupción (OA) es responsable del proyecto. Para su elaboración convoc+o a especialistas en materia de compliance y normativa anticorrupción de diversos ámbitos. En un comunicado el día de hoy, aclaró que "la Argentina es el único de los 41 países ratificantes de la Convención OCDE que no tiene una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas" en casos de corrupción.

Otros puntos del proyecto son:

• Uno de los objetivos establecidos en el proyecto es la "generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la administración pública por medio de programas de integridad", y también que "la amenaza de sanción a las personas jurídicas y la posibilidad cierta de mitigar su responsabilidad cuando hubieran colaborado en la prevención y detección de delitos contra la administración pública son herramientas para aumentar la prevención de la corrupción y robustecer la eficacia en la persecución y castigo de los partícipes individuales".
• Las sociedades controlantes son solidariamente responsables por las sanciones de carácter económico impuestas a sus controladas y por la reparación del daño causado.
• La persona jurídica puede ser condenada aún cuando no se haya podido identificar o juzgar a las personas físicas que intervinieron en el hecho
• Un atenuante importante es la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección investigación interna y la cooperación prestada para el esclarecimiento del hecho, el comportamiento posterior o la disposición para mitigar o reparar el daño.
• También contempla el "acuerdo de colaboración eficaz", por el cual la persona jurídica se obligue a cooperar a cambio de la suspensión de la penalidad, a través de "la revelación de información o datos precisos, últiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito".

Qué se va a hacer con el dinero de la multa

Sera distribuido por partes iguales entre el Ministerio de Educación y Deportes y el Ministerio de Salud.

En qué consiste el programa de integridad

Se trata de un programa interno en las compañías, que bien llevado puede atenuar las multas y debería tener las siguientes características:

• Un código de ética o de conducta
• Reglas y procedimientos prevenir ilícitos
• Extensión de los programas a terceros o proveedores relacionados con la empresa
• Capacitación periódica y análisis de riesgos
• Canales internos de denuncia de irregularidades y protección de denunciantes, entre otros