Maniobra para pagar subsidios a petroleras

Pocos meses después de la estatización de YPF, a principios de 2013, el Gobierno subestimó la producción de gas de un conjunto de petroleras. El objetivo, que desató controversias y resistencias dentro de la propia Secretaría de Energía, fue beneficiar a esas empresas, sin admitirlo, con subsidios millonarios superiores a los anunciados.

Ese mecanismo de contabilidad creativa figura de manera explícita en cuatro documentos oficiales a los que tuvo acceso LA NACION, todos ellos convalidados por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Lo que hizo el Gobierno fue calcular el nivel de producción de gas por debajo del real: de ese modo, sobre una base falsa, paga subsidios a empresas que presuntamente suministran nuevo gas -adicional a la extracción de 2012- por un volumen superior al que en realidad agregaron a la oferta.

La maniobra provocó en su momento críticas del entonces secretario de Energía, Daniel Cameron, que las expuso en un informe remitido a Kicillof.

El conflicto surgió a fines de 2012 con el Plan Gas, programa que faculta al Estado a subsidiar a las petroleras para reemplazar el precio del gas que desde 2002 no se les da en concepto de tarifas. Su principal objetivo era transferir recursos a las empresas para fomentar inversiones, evitar la persistente caída en la producción doméstica de ese insumo y disminuir la necesidad de importaciones.

Ese esquema, sustentado en acuerdos con cada compañía, le permite desde entonces al Gobierno asegurarles a las empresas un precio de 7,50 dólares por millón de BTU, el triple del valor que se les reconocía entonces, por el volumen de oferta de gas que agreguen sobre el año base, que es 2012.

Dos notas internas, un acta acuerdo y un informe técnico a los que tuvo acceso este diario indican que, para pagar ese ingreso, el Gobierno forzó esas cifras por doble vía: no sólo subestimó la producción de las empresas de 2012, sino que también sobreestimó la curva de declinación de la producción proyectada hacia el futuro. Los cambios provocaron discusiones internas que, tiempo después, coincidieron con la renuncia de Daniel Cameron al cargo, también molesto por la sanción de una nueva ley de Hidrocarburos, en octubre del año pasado.

Trece días después de remitirle el informe al ministro de Economía, el 23 de mayo de 2013, Cameron le informó a la Comisión de Energía, que manejaba Kicillof, que haría auditorías sobre las empresas favorecidas para corroborar la producción de gas, algo que según el entorno del ingeniero santacruceño nunca se cumplió. Funcionario histórico del kirchnerismo, Cameron llegó incluso a resistirse en los primeros meses del año pasado a seguir pagando los subsidios. Meses después, el ministro de Planificación, Julio De Vido, le pidió la renuncia en nombre de la presidenta Cristina Kirchner. Según fuentes de esa cartera, el arquitecto le explicó en ese momento que la Casa Rosada se proponía "oxigenar" el área.

Ante la consulta, funcionarios del Ministerio de Economía, que pidieron reserva de su nombre, afirmaron a LA NACION que esa cartera había cumplido con las auditorías.

La Presidenta anunció el Plan Gas en noviembre de 2012, durante la Conferencia Industrial que organizó la Unión Industrial Argentina. Por la caída de la producción de ese insumo, las crecientes importaciones y los problemas cambiarios que eso generaba, el Gobierno decidió en aquel momento quemar los papeles que habían inspirado la gestión energética hasta ese día.

La primera en firmar el convenio fue YPF y la siguieron Pan American Energy (de BP, los hermanos Bulgheroni y la estatal china Cnooc), la alemana Wintershall y la francesa Total, todas mencionadas en el análisis que hizo el equipo de Cameron. Luego se sumaron otras petroleras. Las tres últimas de estas empresas no quisieron hacer comentarios ante la consulta de LA NACION. De todos modos, consideraron que "los resultados que está generando el Plan Gas y sus fuertes inversiones empezarán a percibirse a fines de este año o principios de 2016".

El acta acuerdo entre YPF y el Gobierno, por el que la petrolera accedía al nuevo precio y que sirvió de modelo para los siguientes convenios, se firmó el 1° de diciembre de 2012. Según surge del acta, el vínculo tiene varias irregularidades. Por lo pronto, quienes la firman son Galuccio y Kicillof, que en aquel momento era viceministro de Economía y director de YPF. Es decir: por estar al mismo tiempo a ambos lados del escritorio, Kicillof le concedió un beneficio a la empresa de la cual formaba parte, algo prohibido por la ley de Ética Pública. Años antes, el propio Cameron se había enfrentado con un problema similar: como había formado parte de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, se abstuvo de poner su nombre en papeles relacionados con esa empresa.

El acta acuerdo con YPF establece la inyección base (2012) de la empresa en un volumen de gas equivalente a 25,6 millones de metros cúbicos diarios (m3/d), de manera que toda producción por encima de ese volumen fuera mejor remunerada.

En el anexo del acta, sin embargo, la petrolera muestra que sus volúmenes de inyección de gas de todo 2012 habían sido en realidad superiores: 12.076 millones de metros cúbicos, que expresados en días alcanzan a casi 33 millones de metros cúbicos.

En este punto, la información oficial diverge, aunque en todos los casos acredita niveles de subestimación. Según los documentos que YPF envió a la SEC, el organismo regulador bursátil de los Estados Unidos, la petrolera informó una producción de 28,3 millones de metros cúbicos para ese año. De manera que el Gobierno aceptó contemplar como "inyección base" una cifra 22% por debajo de la real si se considera el acta, o del 9,54% si se toma en cuenta el número informado a la SEC. En cualquiera de los casos, YPF recibió un precio más alto por esa subestimación. Algo similar ocurrió con el resto de las empresas, según la nota de Cameron.

Un funcionario de Economía que participó en la creación del plan defendió esa decisión. Sostuvo que el concepto "inyección base" es "teórico", algo que consta en las normas que pusieron en marcha el plan. Y que los números surgieron de negociaciones con las empresas. Sostuvo que en aquel momento el Gobierno buscaba dar un incentivo de precios para aumentar la producción y la diferencia entre la inyección teórica y la real debía ser tal que permitiera a las empresas alcanzar un "precio promedio ponderado competitivo", es decir, que estimulara las inversiones.

También dijo que se había estudiado llevar el precio a U$S 8,5 por millón de BTU (US$ 1 más que el que se implementó), pero eso habría generado un "precio excesivo" a largo plazo.

Esos contrastes desencadenaron una creciente discusión dentro del Gobierno. Cuatro meses después del acuerdo de YPF, y aunque cuidó los términos, Cameron le envió a Kicillof un informe crítico con el que dijo querer "poner de resalto el contexto general" del cálculo que da origen al programa. Allí, el secretario advirtió que, como consecuencia de esos valores tomados por ciertos, el nuevo precio no sólo involucraba al gas nuevo, como se proponía el plan, sino también a parte del gas viejo.

Entre las primeras objeciones, consigna: "El valor de la inyección base es inferior a la producción de gas correspondiente al año 2012, y como veremos más adelante actúa como un adicional de precio al gas viejo".

Después, en la misma nota, es más preciso: "La diferencia entre las curvas de inyección real estimada y la inyección base encierra una superficie parcial de gas viejo que también se remunerará al precio del nuevo", sostuvo.

Si bien la explicación técnica puede ser compleja, puesta en números es fácil de comprender. Aunque nunca se informó públicamente, por el llamado gas viejo se les reconoció a las empresas un adicional de entre 1,43 y 1,64 dólares por millón de BTU entre 2013 y 2017, con un pico de 1,71 dólares en 2016. Es decir: el Gobierno les aseguró a las empresas un precio hasta 26% mayor, en dólares, por el gas que ya producían, algo que nunca se informó.

Hay además otro punto cuestionable. El Gobierno siempre informó que los mayores precios serían para remunerar el gas nuevo. En diciembre de 2012, Kicillof sostuvo: "A través de este decreto [el 1277], hasta ahora hemos resuelto un incremento en el precio del GNC y también del gas nuevo que extraerá YPF", explicó el funcionario. Pero nunca comunicó que también favorecería a la producción anterior de gas.

No fue la única inconsistencia del programa. Como la producción de gas de la Argentina viene en caída, en parte por la madurez de los yacimientos, el Gobierno aceptó aplicar una tasa de disminución anual a partir del 1° de enero de 2013. Se acordó que fuera del 7,25% cada año, un número que según especialistas consultados es por lo menos benévolo si el objetivo que se busca es aumentar la producción.

De acuerdo con números de la Secretaría de Energía, entre 2010 y 2012 (el último año antes de la entrada en vigencia del plan), la producción nacional de gas cayó entre 2,7 y 3,35% por año, lejos de la tasa proyectada por el Gobierno. Pero la de YPF, en tanto, tuvo caídas mayores. La más importante fue en 2011 (9,55% debajo del año anterior), pero en 2010 y 2012 registró bajas de 4,86 y de 2,83% en cada caso.

La misma nota de Cameron agrega la necesidad de que se hagan "los procedimientos de auditoría y control con el propósito de determinar los volúmenes de inyección real". Allegados al ex secretario de Energía explicaron que, hasta principios del año pasado, ninguna de esas revisiones se había hecho, razón por la que Cameron dejó de firmar los documentos para habilitar los pagos. Poco tiempo después le pidieron la renuncia.