Más inquietudes para el "club" de contribuyentes

El sufrido "club" de contribuyentes argentinos tiene nuevos motivos para preocuparse durante 2019, en plena recesión y con el apretón fiscal y monetario en marcha, sin otra opción que la queja individual o sectorial cuando se igualan impuestos hacia arriba sólo para cubrir la enorme brecha fiscal abierta en los últimos doce años.

Según números oficiales redondeados, este club está conformado por algo más de 1,1 millones de responsables inscriptos en el IVA; 3,5 millones de monotributistas (1,8 millones "puros"; 1,2 millones con alguna relación de dependencia encubierta y otros 500.000 "sociales", solo con aportes previsionales y a obras sociales) y 6 millones de asalariados del sector privado (más 3,5 millones del sector público) que tributan el impuesto a las Ganancias , al igual que medio millón de empresas y sociedades.

Sus inquietudes ya se habían acentuado a lo largo de 2018, cuando la duplicación del tipo de cambio y su correlato de alta inflación (48% anual) se tradujeron en mayores pagos nominales de impuestos indirectos (IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, etcétera) sobre precios y tarifas que, en conjunto, acentuaron la caída real del poder adquisitivo y el consumo. Ahora le toca el turno a los gravámenes directos sobre salarios, ingresos, rentas y patrimonios, donde la actualización de bases imponibles (por debajo o por encima de la inflación, según los casos) más la generalización de los derechos de exportación, vuelven a elevar la presión tributaria real.

Por lo pronto, el nuevo año arrancó con las retenciones a la exportación de servicios hasta fin de 2020 (12% sin exceder $4 por cada dólar exportado), después de haber sido extendidas desde octubre a todas las ventas externas de productos primarios y manufacturados. Paradójicamente, en simultáneo con otro decreto que declara a 2019 como "el año de la exportación" y no despeja las dudas sobre si aquella fecha será tope o previa a posteriores prórrogas, como suele ocurrir en la Argentina con los impuestos de emergencia.

También ya rige el nuevo mínimo no imponible de Ganancias (además de restricciones en las deducciones), que fue ajustado por debajo de la inflación (28,3% a octubre de 2018 según el índice Ripte, de Remuneraciones Imponibles de Trabajadores Estables), de manera similar al aplicado a las nuevas escalas para los monotributistas (28,46%), con dos recategorizaciones por año. Y acaba de reglamentarse dentro de Ganancias el controvertido Impuesto a la Renta Financiera (IRF), cuya sanción fue una concesión a la oposición en el Congreso. Sus alícuotas de 5% (para colocaciones en pesos) y de 15% (en dólares o en pesos ajustables) se aplicarán sobre los rendimientos que excedan el mínimo no imponible de $67.000 (equivalente a US$1750) en inversiones exentas hasta fin de 2017 y cuya determinación es extremadamente compleja.

Del mismo modo, tras la adenda al Pacto Fiscal acordada con los gobernadores, quedó suspendida la rebaja progresiva del anacrónico impuesto de Sellos (de 1 a 2,5%) en las provincias y, por consiguiente, su eliminación prevista para 2022. Y a partir de 2019 reaparecen y suben las alícuotas diferenciales (de 0,25 a 0,75%) en el impuesto a los Bienes Personales (IBP) a liquidar y abonar el año próximo, lo cual estaba expresamente vedado hasta 2020. Si bien el mínimo no imponible fue casi duplicado a $2 millones (equivalentes a US$52.000), resulta irrisorio para un gravamen que nació en los 90 como "impuesto a la riqueza" con una base equivalente a US$100.000 carcomida luego por años de inflación. El único atenuante es la deducción de hasta $18 millones (US$467.500) para vivienda, aunque su régimen de amortizaciones crea inequidades según la fecha de adquisición de la propiedad.

Mientras tanto, se calcula que este año la valuación fiscal de los inmuebles será elevada en alrededor de 70% para acercarla a los valores de mercado y mejorar la recaudación del impuesto inmobiliario.

Muchos cambios fueron producto de la negociación con los gobernadores para reducir a cero el déficit fiscal primario nacional (sin intereses de la deuda) en línea con el programa acordado con el FMI, a cambio de la transferencia de gastos a las provincias para atender la tarifa social de electricidad (más la de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires) y los subsidios al transporte local de pasajeros. Pero además incluyó aportes del Tesoro para cubrir los déficits de las 13 cajas jubilatorias provinciales, que en su mayoría pagan haberes superiores a la Anses o mantienen regímenes de privilegio. Sin embargo, la crisis cambiaria e inflacionaria de 2018 acentuó varias distorsiones del sistema impositivo e incluso de la propia reforma tributaria sancionada a fin de 2017.

Un informe técnico de 85 páginas publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, calcula que la reforma produjo una reducción de la carga tributaria de apenas 0,2% del PBI y la atribuye en buena medida al retraso en la reglamentación de muchas medidas, dictadas a fin de año. A esto debe sumarse que la suba de impuestos internos (y la aplicación del IVA a servicios digitales) tuvo un impacto inmediato sobre los precios, que fueron acelerándose con el correr de los meses. Y que, como contrapartida, las rebajas graduales de costos empresarios a mediano plazo para estimular mayores inversiones (como el mínimo no imponible para aportes patronales, la devolución anticipada de IVA para equipamiento y la reducción de Ganancias para empresas que reinvirtieran utilidades), fueron perdiendo relevancia a medida en que se acentuó la recesión.

Además, se elevó sustancialmente el tope anual para el ajuste por inflación de balances en el impuesto a las Ganancias que, de hecho, anula esa posibilidad en 2019 y abre la puerta a la judicialización de reclamos, según estima el tributarista César Litvin.

En medio de esta maraña impositiva, muchas provincias aportaron lo suyo. No sólo porque contrarrestaron la rebaja acordada de Ingresos Brutos a industrias y producción primaria con subas de alícuotas al comercio minorista y mayorista en 14 jurisdicciones, que deberán reducir en los próximos años. También porque aplican percepciones y retenciones de IIBB a contribuyentes sin actividad en esos distritos (incluso en la CABA para la venta de combustibles), imposibles de recuperar. Otra distorsión se produce en municipios del conurbano bonaerense, donde una nueva planta industrial paga $70.000 de impuesto inmobiliario y un terreno baldío aledaño sólo $120.

La frutilla del postre de tantas distorsiones es la competencia desleal provocada por la evasión del IVA, cuyo "premio" aumenta en forma proporcional a la inflación. En los propios despachos oficiales estiman que la brecha con respecto a la recaudación teórica se ubica en 33% frente al 15% en Chile, por ejemplo.

Para combatirla, la AFIP puso en marcha varias acciones. Una de ellas es imponer la factura "M" a contribuyentes sospechados de recurrir a usinas de facturas "truchas" y generar saldos a favor con gastos inexistentes o injustificables. Este mecanismo ya dio lugar a la baja de 4000 claves tributarias y a detectar casos de evasión por $85.000 millones, equivalentes a casi un mes de recaudación de IVA. Otra es el plan para extender la facturación electrónica online con el gradual reemplazo hasta 2021 de los actuales controladores fiscales por aplicaciones (app) y tablets, que permitirán evitar la fiscalización personal y liberar recursos para verificar la trazabilidad de las operaciones dentro de cada cadena de valor y detectar desvíos. Y complementar esta tecnología con el mayor uso de medios de pago electrónicos (posnets, billetera electrónica, código QR), a través de las cuales ya se cursan unas 850.000 transacciones mensuales.

Si se cumplieran estas proyecciones y la brecha de evasión se redujera a razón de 2 puntos porcentuales por año, equivaldría en un quinquenio a todo el ajuste fiscal que hasta ahora pone los pelos de punta a los contribuyentes que cumplen.

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