Mercados ciclotímicos, con la mira en Washington

Hasta que no se complete la renegociación del programa económico y financiero con el Fondo Monetario Internacional –apenas tres meses después de haber sido aprobado en su primera versión, prematuramente desactualizada por la crisis cambiaria–, todas las expectativas ya giran en torno de las señales que puedan surgir de Washington DC.

La prueba es el ciclotímico comportamiento de los mercados locales y externos durante la agitada semana anterior. A la inversa de la regla implícita, el dólar subió aquí con las noticias y bajó con los rumores; al igual que la tasa de riesgo país, ya que los bonos y acciones argentinas en el exterior cayeron y repuntaron con la misma dinámica.

Hasta el propio ministro Dujovne debió aclarar desde la capital estadounidense que el enfático apoyo de Donald Trump al gobierno de Mauricio Macri no se traduciría en un crédito del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina, sino en facilitar otra rápida aprobación del acuerdo con el FMI, como ya había ocurrido en junio. Aun así, luego se especuló con la asistencia de la Fed y hasta con un repo mediante la compra de un 10% del stock de títulos soberanos para dotarlos de liquidez y apuntalar sus cotizaciones, a la manera de los salvatajes de México y General Motors en las crisis del Tequila y Lehman Brothers. Trump dijo que Macri "está haciendo un trabajo excelente ante esta difícil situación financiera" (sic) y dio pie a ese vale todo. Difícilmente alguien habría interpretado que se refería al pasado reciente.

La racha se cortó cuando el Banco Central logró que el dólar retrocediera durante tres jornadas después de más de un mes en alza. El punto de inflexión fue la sorpresiva y única venta de reservas a través de su mesa de dinero para abastecer la demanda minorista, por fuera del sistema de subastas acordado con el Fondo. Luis Caputo confirmó el viernes en el IAEF que ese cambio de estrategia contaba con el aval del staff técnico del Fondo. Esto permitió deducir que tendrá más flexibilidad para intervenir y estabilizar el mercado, mientras sea el casi único oferente de divisas frente a una exacerbada demanda para atesoramiento que provocó un faltante promedio de US$3500 millones por mes. Para eso necesita no quedar atado a la meta rígida de reservas (netas) del acuerdo I, que sólo sería posible con fondos extra del organismo. Un día antes, el FMI anunció en un comunicado lo que había insinuado Dujovne con medias palabras: analiza la ampliación de la asistencia dentro del nuevo acuerdo, por montos, plazos y condiciones que aún se desconocen, más allá del adelantamiento de los desembolsos ya previstos. Para el organismo, la premisa es garantizar los pagos de amortizaciones e intereses de la deuda pública y privada en 2019, pero no financiar la salida de capitales por atesoramiento o viajes al exterior.

En la reingeniería financiera del acuerdo II, quedaría de lado la triangulación de destinar parte de los desembolsos al Tesoro Nacional para que cancele Letras Intransferibles (virtuales "pagadiós") contabilizadas simbólicamente en el activo del BCRA y que éste utilice esos dólares para reducir el stock de Lebac. Para 2019 el monto previsto era de unos US$11.500 millones de dólares. Por ahora no está definido el plazo de desarme de Lebac, que el BCRA había anunciado para fin de diciembre antes de subir la tasa de política monetaria al 60% anual.

Durante la primera semana de septiembre, la volatilidad de los mercados hizo revivir en dos días la esquizofrénica sensación de que la economía se iba por el resumidero y, en los tres posteriores, que todo se había solucionado. Ni lo uno ni lo otro. Al final, el dólar retrocedió casi a los niveles previos ($37 mayorista y $38 minorista) al mensaje presidencial del lunes y los anuncios del ministro de Hacienda.

Macri encabezó con realismo el funeral del gradualismo fiscal y admitió por primera vez la crisis cambiaria, que desprogramó el GPS oficial y el acuerdo con el FMI. Aunque puso mucho más énfasis en los factores externos que en los internos, se hizo cargo de los costos económicos y políticos de la mayor recesión e inflación y de reimplantar un impuesto ("malo, malísimo, que va contra lo que queremos", dijo) como las retenciones a la exportación.

En la misma línea, Dujovne recurrió al pragmatismo al justificar esos derechos fijos de $4 y $3 por dólar a todas las exportaciones (primarias, industriales de servicios) hasta fin de 2020, para adelantar en dos años la meta de bajar a cero el déficit fiscal primario (antes de intereses) prevista para 2021, a cambio del adelanto de los desembolsos del FMI.

Como anticipó esta columna el último domingo, el principal objetivo de este impuesto fijo de emergencia es capturar parte de la ganancia cambiaria de los exportadores por el salto de 100% del dólar en ocho meses; y, de paso, atenuar el impacto de la devaluación sobre los precios internos. Pero sólo con números más que palabras el ministro indicó que el peso del ajuste fiscal extra para 2019 recae sobre el sector privado. En la reducción adicional del déficit primario de 1,3% del PBI a cero previsto ahora en el acuerdo II con el Fondo, 1% corresponde a la recaudación anual de las retenciones (estimada de $250.000 millones) y 0,3% a la postergación hasta 2020 de la rebaja gradual de los aportes empresarios al sistema de seguridad social ($40.000 millones).

En este marco, la reducción a la mitad del número de ministerios (de 22 a 11), no mueve el amperímetro del gasto público aunque pueda agilizar el trámite de algunas medidas oficiales. Sin embargo, la danza de nombres lanzada el último fin de semana desde el oficialismo, tuvo un peor efecto sobre las expectativas que la mezcla de cosmética y gatopardismo del resultado final.

El próximo paso será este martes la reunión de Macri con los gobernadores para cerrar el acuerdo político sobre el proyecto de Presupuesto nacional de 2019 y permitirá acelerar la renegociación con el Fondo antes de fin de mes. Los gobernadores peronistas ya propusieron con éxito que las retenciones de emergencia sean incorporadas al proyecto de ley. Para el Gobierno, esto tiene la ventaja de evitar una ley aparte para incluir las exportaciones de servicios y también las presiones de sectores empresarios para introducir cambios por resolución. Pero los gobernadores saben que la recaudación de este impuesto no es coparticipable y menos tras la eliminación por decreto del fondo sojero. De ahí que reclamen la suspensión del cronograma de reducción del impuesto a las Ganancias para las inversiones empresarias; de las rebajas de Ingresos Brutos incluidas en el Pacto Fiscal y, además, la suba de la alícuota de Bienes Personales para los activos en el exterior declarados en el blanqueo. O sea, lo poco que queda de las reformas de Macri para bajar la presión tributaria.

Aunque con el consenso fiscal las provincias mejoraron sus ingresos y la mayoría no tiene déficit (aunque sí la presión de aumentar los salarios a estatales), el costo político recae en la base electoral del oficialismo. Para tener una carta de negociación, Dujovne acaba de suspender la resolución que trasladó a las provincias los subsidios a la tarifa social de electricidad.

El impacto de estas medidas está bajo la lupa de los mercados. Lo mismo que otro efecto menos visible de la suba del dólar como el incremento del gasto en pesos del pago de intereses y, por consiguiente, el déficit financiero a nivel nacional. Según el Estudio Broda, los intereses equivaldrán al 2,9% del PBI en 2018 (con lo cual el resultado fiscal será de - 5,5% del PBI) y a 3,3% el año próximo, aunque si baja a cero el déficit primario ese sería el déficit total. A su vez, para el programa financiero prevé un gap de US$ 17.300 millones bajo el supuesto de una renovación del 60% en el vencimiento de Letes, que se reduciría a algo más de la mitad con los desembolsos anticipados del FMI, aunque a costa de recargar las necesidades de financiamiento para 2020 y 2021 que buscan cubrirse en parte con la ampliación del crédito stand by que se renegocia en Washington.

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