Mitos y realidades de los acuerdos de precios

Ariel Coremberg
Ariel Coremberg PARA LA NACION
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9 de junio de 2019  

Durante el siglo XX se experimentaron en nuestro país diversos acuerdos y congelamientos de precios que demostraron su falta de efectividad. Y eso se debió a que no fueron parte de una verdadera acción contra las causas de la inflación. Un plan que debería contemplar un Estado financiable y eficiente que permita bajar la presión impositiva y sostener competitividad genuina, un fuerte impulso a las exportaciones para lograr el equilibrio externo e incentivar el ahorro para lograr la inversión y productividad que el crecimiento necesita.

Otras experiencias internacionales fracasaron, excepto el caso del acuerdo de precios en Israel, que data de hace más de 40 años y que se dio en el marco del cumplimiento de metas de sostenibilidad fiscal y externa (metas que la economía argentina nunca cumplió).

Los efectos de los acuerdos de precios pueden ser diversos. Y su efectividad es transitoria y de corto plazo.

Racionamiento, inflación reprimida; si persiste colas, mercado negro, corrupción y autoritarismo.

Una cuestión importante es en qué lugar de la cadena se produce el acuerdo. Los supermercados, por ejemplo, representan solo el 25% del comercio minorista. Y, entonces, sería más efectivo un acuerdo de precios mayoristas, como aquel que se había firmado en forma transitoria en los primeros tiempos de la convertibilidad,

El control de precios en la etapa minorista resulta inconmensurable e infructuoso, dada la cantidad, heterogeneidad, informalidad y dispersión territorial de los puntos de venta en nuestro país, así como dada la creciente difusión del comercio digital incluso a nivel global. Estos factores anulan completamente la efectividad de un Guillermo Moreno o de una agencia tipo Gosplan soviética. Porque no pueden reunirse en una sola mano el conocimiento de los miles de puntos de venta, provisión, costos y escasez relativa de miles de productos, como también las preferencias implícitas de los consumidores.

Asimismo, colocar el foco en la etapa minorista final sin adecuar los costos (eslabón inicial de la cadena de valor de cualquier producto) puede derivar en un fracaso de este tipo de políticas. Un efecto conocido es que los proveedores pueden ajustar el precio de bienes sustitutos o bajar la calidad de los productos controlados. Otro efecto es que cualquier impacto en los costos (aumentos indexados de tarifas no residenciales, suba nominal del dólar, aumento de tasas de interés y otros mecanismos de indexación e inercia inflacionaria que trasladan total o parcialmente la inflación sobre los salarios e insumos y otros costos) impactará negativamente sobre la rentabilidad de la etapa minorista, con un casi seguro traslado del ajuste de los supermercados a los proveedores pymes de bajo poder de negociación, incrementando los plazos de pagos.

El principal problema que tiene el Gobierno actualmente es su falta de credibilidad en la política económica. También hay dificultades de gestión, de comunicación y, sobre todo, de coordinación entre las distintas áreas de la política económica, que están dispersas en varios ministerios.

También existe una herencia no contabilizada y perpetuada, que es la destrucción del capital humano específico del sector público que no debe dedicarse a ejercer regulaciones y controles, sino a mejorar la calidad de la seguridad, educación y salud pública.

Tanto las fallas de coordinación y comunicación como la falta de capital humano específico en las áreas respectivas afectaron negativamente los efectos esperados del acuerdo de precios.

Para que tenga éxito la implementación de una política económica, deben darse algunas condiciones: que sea consistente, creíble y, sobre todo, sorpresiva. Son características que no está cumpliendo la gestión del actual Gobierno.

La falta de sorpresa, es decir, dar publicidad anticipada a una medida de estas características, genera remarcaciones preventivas de precios y un desabastecimiento anticipado, dado que el régimen inflacionario implica que los productores y comercios fijen precios en función del costo de reposición futuro esperado de las mercaderías.

Las políticas de acuerdos de precios deberían ser transitorias y estar en el marco de un plan de estabilización y crecimiento realista anunciado por un ministro de Economía fuerte, que tenga en sus manos las decisiones de gasto y financiamiento.

Economista - UBA - Universidad de San Andrés

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