Movilidad jubilatoria: un cambio que nos golpea, pero que era previsible
LA NACION
¿Cómo empezar a tratar un tema tan complejo como es el sistema de la seguridad social, en un país donde la previsión es solo una ilusión? ¿Qué gobierno ha previsto a futuro la manera de mejorar la situación de los jubilados? Creo que la respuesta es simple: ninguno. Todos han hecho lo imposible para dejar más arruinado el sistema, a tal punto que ahora se logró aprobar una ley para modificar la fórmula de jubilación y movilidad, con el objetivo de reducir un gasto que al Estado siempre le cuesta pagar.
Lo primero que me gustaría plantear es que el sistema siempre se puede financiar con sus propios medios, es decir con aportes y contribuciones. Fue producto de la desidia de la política incorporar impuestos para sostenerlo.
Acá nace la primera gran reforma encubierta del sistema, que nadie percibió. En 2006 nace la segunda reforma importante, que fue incorporar tres millones de jubilados nuevos por la moratoria dispuesta por el gobierno de Néstor Kirchner, si mediar una evaluación para ver si era posible mantener ese sistema y si los activos eran suficientes para mantener solidariamente en forma intergeneracional a los pasivos. En este caso nadie dijo nada. Es más, se felicitaba esta decisión del gobierno sin imaginar las consecuencias a futuro, que los jubilados nunca creyeron que las verían en vida.
En 2014 surgió una nueva moratoria para regularizar aportes. Entonces, se incorporaron más de 500.000 personas que no tenían derecho al beneficio previsional. No se realizó ningún cálculo para saber si era posible incorporar estos beneficiarios. El costo, en algún momento, había que pagarlo.
En 2016 se decidió, por la ley de reparación histórica, ofrecerles a los jubilados una reparación que no es histórica sino económica. El Estado les ofrece algo de dinero a cambio de no seguir o de no iniciar un juicio. En la mayoría de los casos, la diferencia de dinero entre lo que se obtendría por los juicios y por la reparación es abismal, en perjuicio del jubilado. Nadie se quejó.
Ahora bien: ¿como pensábamos que se podían pagar estos desfases que ocurrieron durante los últimos 15 años? La aprobación de esta ley con un cambio en la movilidad, que reduce el porcentaje de subas, era un desenlace claro, lógico e inevitable. Porque siempre aceptamos lo bueno de las modificaciones previas del sistema, pero se sabía que en algún momento había que pagar la fiesta. Fueron los beneficiarios del sistema y la sociedad los que nunca se opusieron a estas reformas; es más, las aplaudieron sabiendo que no eran justas y que perjudicaban al sistema.
Hoy, desgraciadamente, se aprobó una ley con un coeficiente de movilidad que no será favorable ni para los jubilados ni para los activos, pero si no lo vimos venir es porque no quisimos ver la realidad. Y esta vez, nos pegó de frente y con fuerza.
