No cambiar casi nada para que todo cambie

Pablo Fernández Blanco

La gestión de Aranguren bajo la lupa

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23 de abril de 2018  • 16:08

La pelea por las tarifas está a punto de arrojar un nuevo género en la discusión política argentina. Podría definirse como un gatopardismo a la inversa resumido en el enunciado "no cambiar nada para que todo cambie".

La semana pasada el presidente Mauricio Macri y su equipo recibieron en la Casa Rosada a líderes radicales enojados por la insensibilidad del Gobierno frente a las abultadas boletas de gas que llegarían en el invierno. Los socios de Macri se fueron más tranquilos luego de escuchar que estaban dispuestos a hacer concesiones, como permitir el pago en cuotas con el recargo de un interés.

Quizás se trato de una omisión conveniente por parte de los radicales, o sencillamente de falta de información al momento de asistir al encuentro con Macri, pero el resultado de la reunión fue casi el mismo que tenía previsto poner en marcha el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, antes de que estallara el conflicto con los radicales y Elisa Carrió.

Aranguren es una persona con especial aptitud para recordar las marchas y contramarchas del sector energético, donde creció como profesional. Un poco por eso y otro tanto por la polémica de 2016 con respecto a la suba del gas, no se le escapaba que las facturas más abultadas del invierno debían venir con algún tipo de facilidad para que la población les hiciera frente sin promover el descontento social.

El lunes de la semana pasada, en el Enargas, el ente que regula al sector gasífero, un organismo autónomo, pero en la órbita de Energía, se reunieron técnicos y empresarios para definir un esquema que amortigüe el impacto de las facturas sobre los bolsillos. Se habló más de la comunicación del plan de inversiones que de medidas concretas, pero todos se fueron con una convicción: se financiaría un 25% de las facturas, con posibilidad de pagarlas hasta el año próximo. Es algo similar a la promesa que se llevaron los radicales.

El equipo liderado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sí obtuvo algo más de Macri. A diferencia de lo que quería el Gobierno, se postergó la reducción de la tarifa social. Pero también en ese caso el esfuerzo le salió barato a las cuentas nacionales: sobre un costo adicional estimado de $800 millones, está en negociación que las provincias se hagan cargo de la mitad. Un esfuerzo reducido a cambio de abonar la tesis repetida en los últimos días según la cual la alianza que conduce el país es adepta al diálogo, tolera los disensos y los convierte en propuestas superadoras. Con un premio adicional: los gobernadores comprenderán en carne propia que quedar bien con su electorado implica un costo sobre sus propias cuentas.

Con su propuesta de moderar los cargos provinciales que pesan sobre las facturas, la gobernadora María Eugenia Vidal se convirtió en otro alfil de la pedagogía que ensayó la Casa Rosada sobre la política y la sociedad en los últimos días. Macri repitió el mensaje minutos más tarde. A los jefes provinciales e intendentes solo les queda seguir el ejemplo, bajar impuestos y hacerse cargo de una incomodidad fiscal o quedar expuestos frente a la sociedad.

Aunque el final aún no está definido, el laberinto que recorrió la discusión tarifaria dejó a Macri con algunos premios impensados: casi sin cambiar de idea, mostró la tolerancia a las diferencias de opiniones (siempre es bueno recordarlo para diferenciarse de su antecesora Cristina Kirchner), profundizó la idea de que la energía cuesta más de lo que se paga y repartió responsabilidades con intendentes y gobernadores sin mayor esfuerzo que haber dado la discusión.

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