No difundir la pobreza, un acto de impunidad

Cynthia Pok
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18 de abril de 2015  

La intervención en el Indec ha hecho un descubrimiento asombroso: es difícil definir qué es la pobreza o cuándo una persona o un hogar es pobre.

Debemos reconocer lo verdadera que es esa aseveración. Sí, no es fácil. Lo aberrante no es la afirmación en sí misma, sino la conclusión que conlleva: no medir más la pobreza.

Pero, ¿en qué quedamos? ¿No se mide más por un problema de "empalme" (versión del jefe de Gabinete), porque es difícil (versión del interventor en el Indec) o porque estigmatiza? (versión del ministro de Economía).

Como se difundió ampliamente, el problema del empalme no era tal porque el dato que debían difundir no requería ningún empalme. La bochornosa versión del "es difícil" es impresentable. La pobreza y la indigencia se midieron históricamente en el Indec. Se proveían medidas de síntesis como Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), indicadores multidimensionales, entre otras, para no tener que recurrir a las 6000 estadísticas alternativas que se citan como impedimento para poder saber cuántos pobres hay. También se aportaba la medición de la pobreza y la indigencia con el método de la línea de pobreza y de indigencia. Y uno puede discutir el nivel, en función de la canasta que fijó para medir la pobreza. Lo que es indudable es la evolución. ¡A misma metodología, la tendencia es indudable! Y la tendencia de la recuperación poscrisis de 2001 ya se había amesetado primero y revertido después, comenzando a crecer la pobreza.

Con total impunidad, en una acción rayana en lo delictivo, se deja de difundir. ¿No es malversación de fondos públicos gastar fortunas en realizar operativos de relevamiento, con un enorme esfuerzo de trabajadores que recorren el país para recabar la información sobre las condiciones de vida de la población para después no compilar esa enorme masa de datos y difundir los resultados?

¿Es posible hablar en nombre del pueblo cuando centenares de miles de personas, aun millones en el caso de los censos, han abierto sus puertas a los encuestadores y les han relatado sus condiciones sociales y económicas, y luego eso no se convirtió en resultado para devolverlo a la misma sociedad que lo proporcionó?

También es responsabilidad del Estado preservar la palabra del pueblo. Con el secreto estadístico, para que nadie estigmatice individualmente a nadie, y con la difusión de resultados colectivos porque para ello es que el pueblo ha hablado.

Y si de estigmatizar se trata, la Real Academia Española fija como significado de esa palabra el de "marcar a alguien con hierro candente". ¡El campo simbólico es potente! ¿No es la pobreza la marca de hierro candente? Combatirla con la "desaparición" de pobres e indigentes en el reconocimiento público, en la valoración de la magnitud de quienes están en esa condición, no es una operación que se pueda cometer esgrimiendo los intereses del pueblo.

Tampoco se sustituye la información estadística con los mecanismos que engañosamente señala el interventor (AUH, inclusión de estudiantes, embarazadas, tarjeta SUBE, Procrear, etcétera). Debería saber que uno de los propósitos centrales de las estadísticas públicas es el de monitorear la efectividad de las políticas a través de la medición de incidencia en la población y jamás un sistema puede sustituir al otro.

Posiblemente a raíz de estas reflexiones recrudezcan las difamaciones de siempre a quienes hemos enfrentado la manipulación de las estadísticas públicas. La síntesis básica es que estamos con los bonistas, con el FMI y/o con las consultoras privadas. Aclaro preventivamente que los únicos bonos que he tenido en la vida son aquellos con los que el Estado devolvió el 13% que había descontado de nuestros salarios. Que el FMI entró en el Indec de la mano de la intervención, repudiado por los trabajadores. Y las consultoras privadas jamás habían ni soñado con el paraíso que les deparó la intervención en el Indec al desmantelar la estadística pública.

Cabe una última reflexión en torno de los dichos de los interventores, y es que no tienen mayor importancia. El pueblo argentino (como "colectivo social", citando al interventor) ya hace tiempo que visualizó claramente la situación. Las denuncias de los trabajadores y trabajadoras del organismo, contenidos en sus organizaciones sindicales ATE y CTA, y acompañados por innumerables personalidades, asociaciones civiles, organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticas, así como ciudadanos sin inserción orgánica, han rodeado esta lucha y permitieron que el mensaje sea comprendido. Constituido ya como problemática nacional, sólo falta que se termine con el hostigamiento interno, se resuelvan las situaciones de precariedad laboral que afectan al instituto, y se vayan la intervención, la patota y el FMI.

La autora fue directora de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec

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