No hace falta ir al Fondo

Fernando Straface
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25 de noviembre de 2010  

El pedido del ministro de Economía y de los directores del Indec al Fondo Monetario Internacional (FMI) para elaborar un nuevo índice de precios al consumidor (IPC) vuelve a colocar en el ojo de la tormenta las cuestionadas estadísticas nacionales.

Por un lado, esto revela que, finalmente, el Gobierno reconoce que no es posible seguir interviniendo en el procesamiento y la confección de los datos del Indec. Reconocer el problema es un primer paso para solucionar un conflicto por el que desde 2007 reclaman opositores y algunos sectores de la sociedad alineados con el oficialismo.

No obstante, recurrir a la ayuda del FMI para resolver una cuestión que podría solucionarse con nuestros propios profesionales pone en evidencia la falta de capacidad del Poder Ejecutivo para dar una solución autónoma.

Tras encomendar a las cinco universidades nacionales que conforman el Comité Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) del Indec un informe sobre el funcionamiento del IPC, el ministro de Economía se ha negado sistemáticamente a recibir a los rectores de las casas de estudios para que le presenten los resultados, por cierto muy críticos.

Es decir, la cartera también admite que existen profesionales y técnicos locales con probada capacidad de sortear una medida que ha dañado la capacidad de diseñar mejores políticas y que ha socavado la confianza de la gente, pero al mismo tiempo desoye a aquellos en quienes inicialmente confía.

La validez de las estadísticas nacionales no puede ser delegada ni depender de las negociaciones con entes internacionales. Si bien el rediseño del índice es necesario porque en la actualidad sólo se cuenta con datos recolectados en la ciudad y el Gran Buenos Aires pero no de la mayoría de las provincias –que realizan sus propios índices con metodologías disímiles–, la tarea puede ser encomendada a profesionales locales.

Además del CAES, es oportuno recordar que los técnicos del Indec se encargaron idóneamente de las estadísticas hasta 2007. En ellos está también la solución.

Es también clave advertir que el pedido al FMI se da en el contexto de una negociación política por el diseño de la política macroeconómica, a la que no debería quedar sujeta la calidad de los datos estadísticos.

La producción de información confiable es una obligación que el Estado no debería querer delegar. Aún es posible recuperar el Indec. Existe un amplio consenso en cuanto al valor social de sus funciones, evidente en el último censo. El grado de participación de la población fue muy elevado, a pesar de la desconfianza que manifestaron algunos expertos sobre el cuestionario o el futuro procesamiento de los datos.

Por eso, sería necesario convocar a los profesionales despedidos tras la intervención y restablecer los niveles de independencia de las estadísticas nacionales, además de implementar las recomendaciones de las universidades nacionales.

La información es clave no sólo para diseñar mejores políticas públicas, sino para reivindicar la autonomía y la capacidad de la Argentina de resolver sus cuestiones internas.

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