Nueve empleados mantienen tomada la fábrica del conflicto

El trabajador hace equilibrio en la cornisa. Amenazante, "jugándose" -dice-, camina hasta abrazarse a una columna blanca cerca del techo. Mira hacia un abajo lejano, hace muecas y grita palabras indescifrables a 20 metros del piso, donde sobresalen las líneas de prensa y los agentes de infantería. Sus ocho compañeros, otros expulsados de la fábrica, acompañan con rugidos y golpes de objetos metálicos sobre el cuerpo de la enorme grúa-puente amarilla que sirve de trinchera hace casi 72 horas. Ése es el insólito escenario que estos obreros fabricaron en un intento de recuperar su trabajo.

A las 22, hay pocos espacios manchados de luz dentro de la planta de Gestamp. El frío invade las instalaciones de la zona industrial de Escobar, a 45 kilómetros de la Capital. En la fábrica, acostumbrada a los aullidos de la prensa mecánica sobre las piezas estampadas (allí se produce la llamada "piel del auto"), sólo se oyen los abovedados ecos de cantos de guerra de los nueve trabajadores en la grúa y algunos bombos que resuenan en el acampe fuera de la empresa.

Todo comenzó el martes a las 6.50, cuando en medio de una protesta por despidos, los empleados entraron en la planta ("ilegalmente", sugieren en la compañía), y eludiendo a la seguridad, se subieron a la grúa-puente, a casi cuatro pisos de altura. El operativo ("premeditado", según los trabajadores) dejó un guardia levemente golpeado. Desde entonces, la fábrica paró totalmente sus actividades.

La falta de insumos de Gestamp produjo ya un efecto dominó en el sector y paralizó la producción en varias terminales (ver aparte). Los problemas prometen expandirse: a sólo unos kilómetros, en Pacheco, la autopartista Lear suspendió por tiempo indeterminado a 330 empleados.

Pero el conflicto no es sólo por nueve despidos. En un contexto de crisis de toda la industria automotriz, en la que ya se estiman cerca de 12.000 trabajadores con problemas, los desvinculados son muchos más. Según los trabajadores, llegan a 69, "encubiertos y arbitrarios" por los apuros económicos. La empresa, en cambio, admite una "medida disciplinaria" sobre 67 personas. Es un recorte de casi 15% de la plantilla de personal.

Según pudo averiguar LA NACION, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación voluntaria. La empresa no aceptó. En cambio, con el aval del gobierno nacional, evalúan un plan para despegar los despidos de las dificultades del sector, una situación que hasta la misma compañía admite en silencio.

"Queremos la reincorporación de todos los despedidos", afirma Roberto Amador, uno de los nueve trabajadores en la altura. Amador cuenta que la empresa suspendió 70 empleados -con el cobro del 75% del salario bruto- por un mes en abril. Este mes volvió a suspender esa cantidad y decidió sumar otros 23. Fue entonces cuando una comisión de delegados de base afiliados a Smata desoyó a la cúpula del sindicato, acusada de "no defender a los trabajadores", y realizó dos asambleas.

"La difícil pero necesaria decisión de despedir a 67 empleados de su dotación constituye una medida disciplinaria frente al muy grave accionar de un grupo minoritario de trabajadores que, violentando elementales derechos y principios de convivencia laboral, forzó un paro de la producción y bloqueó los accesos a la planta, medidas que nunca tuvieron validación ni consenso del sindicato", señaló anteayer la empresa en un comunicado. El freno de la producción, en esas dos oportunidades, costó $ 3 millones por día e impulsó una denuncia penal.

Unidades de Gendarmería custodian la Panamericana, la Policía Montada se muestra en los límites de las rejas, mientras que decenas de infantes custodian las entradas de la empresa y otros tantos cenan en su comedor. "Gestamp niega de manera categórica la supuesta militarización de sus plantas", se afirmó, no obstante. Se recalcó sí la necesidad de "mayor seguridad".

"Cristina ajusta, Smata vende", reza la leyenda de la bandera de uno de los grupos que acampan en la puerta, entre los que hay estudiantes, trabajadores, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos. El olor a goma quemada inunda la zona. Proviene de los varios piquetes que bloquean la planta. Las únicas luces prendidas en el edificio principal pertenecen a los pisos en los que se reúne, hasta estas horas, el comité de crisis de la firma.

"Estaban buscando un motivo para echarnos y lo encontraron con las asambleas", comenta Marcelo Vázquez, un operario despedido de 33 años y padre de dos hijos que hasta hace poco ganaba unos $ 9000. "Quiero volver a trabajar; no quiero plata", dice. A pesar de que no se dieron indemnizaciones, la firma negocia con los despedidos. "Queremos que nos reinstalen", se niega Vázquez mientras mira una bandera que dice: "Fuerza, no se rindan". ß