Números que producen escalofríos

Si hace poco más de dos años, en el crudo invierno de 2007, el problema para muchos argentinos fue el abastecimiento de gas natural, en 2009 será pagar las facturas con aumentos porcentuales de dos o tres dígitos. Quienes recibieron sus facturas con ajustes al comenzar el otoño ya sienten los primeros escalofríos.

Los incrementos no son ninguna novedad ni afectan a todos los usuarios. En realidad, comenzaron a aplicarse sucesivamente a fin de 2008, bien lejos de la fecha de elecciones, y hasta ahora no habían tenido demasiado impacto en los bolsillos debido a la menor demanda de los meses de verano. También contribuyó a que pasaran prácticamente inadvertidos la forma engañosa en que fueron anunciados: en su momento, el ministro Julio De Vido aseguró que las tarifas de gas tendrían un ajuste promedio del 30% para achicar la cuenta de subsidios estatales y que las dos terceras partes de los usuarios no sufrirían aumentos.

Esta es la mitad de la verdad. Es cierto que de seis millones de usuarios de gas natural en todo el país, poco más de cuatro millones no pagarán aumentos por consumir un promedio inferior a 1000 metros cúbicos anuales. Pero también lo es que todo el peso del ajuste recae ahora drásticamente sobre el resto de clientes cuyo consumo se ubica por encima de ese nivel y que tendrán incrementos diferenciales que van del 50 al 200%, sin considerar impuestos (IVA e Ingresos Brutos) ni eventuales cambios de categoría.

De aquí surgen algunos datos clave. La resolución del Enargas que el año último puso en marcha el nuevo esquema tarifario, segmentó la categoría única de usuarios residenciales (R1) en ocho subcategorías en función del consumo móvil anual (o sea el actual más los cinco bimestres anteriores). Para las cuatro subcategorías superiores (R3) rige lo que en esta columna se bautizó en enero último como la "tablita de De Vido": cuanto mayor es el consumo, más precio unitario por metro cúbico. En el área metropolitana, por ejemplo, quienes consuman más de 1500 m3 anuales pagan por cada metro cúbico un 72,2% más que los que consumen hasta 1000 m3 (y 25% más que en las categorías de 1001 a 1500 m3). Es como si una estación de servicio vendiera el mismo combustible a distintos precios, según el auto de cada cliente.

A tal punto llegará este impacto en los meses de invierno, que el Ministerio de Planificación acaba de replantear su tablita para las diez provincias de clima más frío (cordilleranas, patagónicas y el interior bonaerense). Por eso les elevó el piso de consumo a 1400 m3 anuales para dejar fuera del ajuste a otros 300.000 usuarios. Así, 4,5 millones de clientes (además de los usuarios de GNC) no pagarán aumentos, pero el millón y medio restante lo hará por todo el conjunto.

Pero esto no es todo. Las facturas incluyen también un cargo extra destinado a un fideicomiso para atender el costo de las importaciones de gas y a otro para subsidiar la "garrafa social" a 16 pesos. El recargo se factura también en forma diferencial según el consumo y oscila entre 0,05 y 0,27 peso por metro cúbico, con una brecha del 440% (¡!), entre las categorías de 1000/1200 m3 y más de 1800, respectivamente. En algunos casos, este adicional puede ser más alto que la suma del gas consumido.

Como ocurrió meses atrás con los aumentos diferenciales de las tarifas eléctricas, nadie del Gobierno se encargó de aclarar que ni un peso de estas subas mejorará los ingresos o las inversiones de productores, transportistas y distribuidores de gas natural. Su único objetivo es reducir (entre 700 y 800 millones de dólares anuales), aunque sin eliminarlos totalmente, los subsidios estatales, a cambio de que paguen más los que más consumen. Y si bien nadie podría oponerse sensatamente a una política más racional en este sentido, no ocurre lo mismo con la magnitud de los ajustes, su falta de gradualismo para aplicarlos y la escasez de información oficial para descifrarlos. En los últimos años, los subsidios estatales permitieron mantener tarifas políticas tan alejadas de los costos energéticos como de un elemental sentido de equidad social, y fomentaron el derroche de recursos no renovables. Se optó por subsidiar el precio para todos y no a los consumidores que no pudieran pagar. Ahora que la estrechez fiscal aprieta, el costo de bajar la cuenta recae de golpe sobre el 30% de los usuarios, sin transición y en función de su consumo presente y del pasado inmediato, justo cuando la economía y los ingresos se están congelando.

Una política pendular

Otro contrasentido es que más de la mitad de los incrementos está destinado a pagar importaciones de gas a precios que resultaron entre cinco y ocho veces más altos que el que se reconoce a los productores locales (2 dólares el millón de BTU, la unidad de medida). Durante 2008, en pleno shock petrolero, la Argentina debió pagar 10 dólares por el gas natural de Bolivia y hasta 16 para importar gas natural licuado, regasificarlo en Bahía Blanca y cubrir faltantes en la época de mayor demanda. Como contrapartida, la producción de gas permaneció prácticamente estancada en los últimos tres años, mientras que las reservas cayeron el 39% desde 2001 por escasez de inversiones en exploración. En el caso del petróleo crudo, esta baja fue del 9% promedio, según las cuencas.

Precisamente de estas cuestiones se ocupa la constructiva propuesta elaborada por ocho secretarios de Energía de los últimos gobiernos democráticos que, además de alertar sobre el riesgo de la pérdida de autoabastecimiento, plantea las bases de una política de Estado en el sector. La primitiva reacción del oficialismo (los confinó al papel de enemigos, mientras la Facultad de Ingeniería de la UBA cerraba sus puertas al debate público), terminó por darle al documento mayor entidad mediática que la que hubiera tenido en condiciones de menor confrontación política. El propio De Vido se ocupó de detallar los fracasos de cada uno de los autores durante su gestión, sin reconocerles ningún mérito intelectual. Ni mucho menos que las políticas pendulares y la ausencia de instituciones adecuadas son las causas de aquel retroceso. Tal vez el ministro crea, como el matrimonio Kirchner, que los problemas no existen si se elude el debate. Pero eso no evita ruidos internos en el sector, por la sucesión de decisiones discrecionales caso por caso. Hay productores de crudo (que pagan el 25% de retenciones) que están enfrentados con los refinadores y estos con los expendedores, por precios de combustibles que suben mientras el petróleo baja. TGN demanda a YPF por fallidas exportaciones de gas que en su momento fueron prohibidas por el Gobierno, que, además, nunca aclaró, como lo denunció tiempo atrás Alieto Guadagni, por qué se importó desde Venezuela tanto fueloil contaminante para usinas eléctricas, como el que se exportó a otros mercados, con una producción local de mejor calidad.