Objetivo: restaurar la confianza

Luis Cortina
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3 de diciembre de 2001  

Desde hace varias semanas, el comentario obligado en la City (aunque nadie se atrevía a hacerlo en voz muy alta) era que, ante la incesante salida de dinero de los ahorristas de los bancos, el Gobierno tendría que disponer algún tipo de limitación para evitar una corrida masiva y, en consecuencia, que alguna entidad entrara en problemas.

Con el decreto firmado, el ministro Domingo Cavallo se atrevió a expresarlo con todas las letras: "Teníamos que parar la corrida", declaró a LA NACION.

Por experiencia propia, sabía que un congelamiento de depósitos liso y llano, con la recesión y el mal humor imperantes en la sociedad, podría haber provocado poco menos que un estallido.

El recuerdo más cercano (y más traumático) para todos los argentinos ocurrió en los albores del gobierno de Carlos Menem, y aunque el ministro de Economía era Antonio Erman González y Cavallo era canciller, fue un secreto a voces que el cerebro del entonces denominado Plan Bonex estaba en el Palacio San Martín y no en Hacienda.

Una movida similar, como se dijo, habría terminado con la escasa actividad económica que aún hoy persiste y, tal vez lo más importante, con la confianza y la credibilidad de los ahorristas, otro bien escaso en la Argentina de estos días.

En el otro extremo, el peligro no era menor: igual que sucedió en la tormenta del tequila, no pocos bancos habrían comenzado a caer, uno tras otro.

Frente a quienes piensen que una nueva depuración no le hubiera venido mal al sistema financiero argentino, los hombres de Economía contestan que esas cosas se sabe dónde empiezan, pero nadie puede predecir dónde terminan. Ahora la apuesta parece más ingeniosa y tiene, en una primera apreciación, dos objetivos por delante: frenar el drenaje sin impedir el uso de los fondos en la economía y disciplinar los grandes bolsones de evasión para que el consecuente blanqueo de transacciones permita engrosar la alicaída recaudación de impuestos.

En el primer aspecto, la medida seguramente resultará efectiva, aunque la fuerte restricción a la extracción de dinero en efectivo que supone entraña tal vez el riesgo mayor. El bien más preciado, y tal vez el más difícil de recuperar cuando se pierde, es la confianza de ahorristas y consumidores. Se necesitarán sin duda varios días (tal vez, semanas) y numerosas explicaciones para que la gente no vea en estas medidas otra cosa que un ataque a su bolsillo y a la libertad de hacer lo que quiera con su dinero. El otro aspecto que debería estar garantizado para que todo funcione, y que no ha sido hasta ahora un punto fuerte, es el de los controles. Ni la DGI, ni la Aduana, ni el Banco Central han demostrado demasiada efectividad (muchas veces no por falta de voluntad de su gente sino por escasez de recursos y de apoyo político) en la lucha contra la evasión, el contrabando o el manejo de dinero por fuera del sistema.

Las medidas confirmadas anteayer parecen ser el último paso antes de uno más definitivo. La posibilidad de que los depósitos sean convertidos en dólares sin limitaciones ni costos adicionales y la prohibición de otorgar nuevos créditos en pesos confirman lo que Cavallo repitió en varias oportunidades: antes que una devaluación, el Gobierno marcha hacia una dolarización total de la economía, al menos de hecho si no tuviera el respaldo de EE.UU. como para hacerla también de derecho.

Igual que en 1992, cuando desde el mismo puesto le ordenó al presidente del Banco Central, Roque Fernández, vender todos los dólares que fueran necesarios para frenar la ofensiva de algunos bancos contra el peso, Cavallo juega una partida decisiva por su supervivencia contra algunos sectores financieros. Entonces resultó ganador. El resultado hoy todavía es una incógnita.

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