Ola de causas judiciales contra Cavallo

Lo acusan por la resolución en la que instruyó a los bancos a desconocer fallos contra el congelamiento de los depósitos
Adrián Ventura
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19 de diciembre de 2001  

La resolución 850 del Ministerio de Economía, por la que Domingo Cavallo ordenó a los bancos no cumplir con las medidas cautelares que ordenan que se permitan extracciones superiores a 1000 pesos o desvirtúen otras disposiciones del decreto 1570/01, generó una ola de denuncias contra el ministro.

Pero en el Gobierno defienden esa decisión: una fuente de la Procuración del Tesoro y un hombre muy cercano al presidente Fernando de la Rúa confiaron a LA NACION que hay 220 demandas contra el decreto que puso a los depósitos en un corralito y que, a raíz de algunas decisiones judiciales que ordenaron devolver la integridad de los salarios y varios plazos fijos, el Gobierno teme una catarata de decisiones judiciales que haga caer el plan económico.

Dos posiciones antagónicas, aunque en el Ejecutivo admiten que Economía se excedió en la redacción de la resolución 850, porque invade atribuciones judiciales, y esa cartera podría intentar corregir la letra de la norma.

El artículo 1 de la citada resolución ministerial establece que las entidades financieras y cambiarias "no podrán aceptar bajo ningún concepto las demandas judiciales", debiendo darle previa intervención al Estado.

"Ni siquiera el Presidente podría haber dictado un decreto con esa orden, porque invade la división de poderes y se entromete en el ámbito de la Justicia. Mucho menos, Cavallo", coinciden en señalar varios especialistas.

El abogado Héctor Recalde, asesor de la CGT disidente, corporizó ese argumento en una denuncia que presentó ante el juez federal penal Jorge Ballestero: le imputó a Cavallo los delitos de incumplimiento de los deberes y desobediencia. "Cavallo se comporta en forma autoritaria", dice Recalde. Otro abogado radicó una presentación similar ante el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Por su parte, los diputados del ARI Mario Cafiero y Graciela Ocaña le imputaron el delito de abuso de autoridad y acusaron al ministro de "derogar la división de poderes manu militari". Y, como si fuera poco, cinco jueces penales -Oscar Garzón Funes, Eduardo Duhalde, Julio Cruciani, Juan Carlos Cardinali y María Cristina Deluca Giacobini- impulsaron otra presentación acusando a Cavallo de traición a la Patria.

Visión distinta en el Ejecutivo

En el Poder Ejecutivo tienen una visión diametralmente distinta del asunto. Dicen allí que de las 220 demandas contra el decreto 1570 para obtener la devolución de los depósitos, quince están radicadas ante el juez Martín Silva Garreton.

En el Gobierno objetan que Silva Garreton (y lo mismo hacen otros jueces), cuando en una medida cautelar, que es simplemente provisional, ordenan devolver más de 1000 pesos y eso se concreta, es como si estuvieran dictando sentencia definitiva, porque una vez que el titular de la cuenta se lleva el dinero, éste no volverá al sistema por más que el Estado salga vencedor en el juicio.

Además, los asesores de Ernesto Marcer, procurador del Tesoro, se quejan de que, como los jueces toman esas medidas sin darle previa intervención al Gobierno para que se defienda, el Ejecutivo no sabe cuánto dinero sale del sistema.

Un caso concreto. Ayer, los empleados judiciales afiliados a la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, a quien Silva Garreton les reconoció una medida cautelar, fueron a retirar el dinero de sus sueldos al Banco Ciudad con un escribano, que dejó constancia de que la entidad se negó a cumplir la orden judicial invocando la resolución 850.

Pero en Economía y en el Gobierno, que salieron airosos de todas las demandas presentadas el año último contra el decreto 430/00 -de reducción salarial- y la ley de déficit cero (recortes), dicen que "no van a cumplir ninguna medida cautelar mientras estén pendientes los plazos para presentar recursos judiciales contra esas decisiones. Mientras podamos recurrir, esas medidas no están vigentes", aseguran en esos ámbitos.

La controversia cobró tanto voltaje que algunos ministros de la Corte Suprema, aun cuando no llegó a estudio del alto tribunal demanda alguna contra ese decreto, en conversaciones informales evaluaron que las medidas de Cavallo avanzan por un filo de dudosa legalidad, pero también recordaron que la propia Corte -con la firma de cinco de los actuales jueces-, en 1990 firmó el fallo Peralta, que respaldó la decisión de Carlos Menem -inspirada por el entonces ministro de Economía Erman González y el canciller Cavallo- de congelar los depósitos bancarios.

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