Para bajar el déficit, es clave seguir reduciendo el peso de los subsidios

La ley de presupuesto nacional para 2018 deja en claro que la baja del gasto público primario se dará básicamente por una baja de los subsidios económicos.

Si se analiza lo sucedido hasta noviembre de 2017, surge con claridad cómo viene siendo el proceso de reducción de esas partidas. Los subsidios económicos cayeron en valores nominales un 21% respecto de igual período de 2016. Considerada la inflación, la caída en términos reales fue del 37% en igual período.

Entrando en la composición de los subsidios, puede apreciarse que la baja de 2017 se concentró en los destinados a la energía. En efecto, cayeron un 41% en términos nominales y un 52% en términos reales. Por su parte, los subsidios al transporte crecieron nominalmente un 9%, lo que significó una caída real del 13%.

Como se observa, la velocidad de reducción fue muy diferente entre los distintos sectores. Los subsidios al transporte se redujeron a un ritmo equivalente a la cuarta parte del que lo hicieron los destinados a la energía.

En efecto, el año 2017 marcó un cambio de composición significativo de los subsidios económicos. Los energéticos terminaron noviembre con una participación del 51%, y los de transporte, con una del 44%. En 2016 las participaciones habían sido del 68% y del 32%, respectivamente.

En términos del PBI, los subsidios económicos bajaron 1,1 puntos porcentuales en 2017 (algo significativo), explicado básicamente por la caída de los subsidios a la energía.

Habrá que ver cómo sigue el proceso de reducción durante este año. La ley de Presupuesto establece una baja de 0,63 puntos porcentuales del PBI, distribuidos en 0,46 para los energéticos y 0,17 los de transporte.

Como se aprecia, los subsidios seguirán bajando. Esto tendrá un impacto en las tarifas y, consecuentemente, una caída del poder adquisitivo sobre los que tengan que pagarlas. Así como al poner las subvenciones significó un aumento del poder adquisitivo de otros bienes, sacarlas tiene el efecto contrario, que claramente es más difícil de aceptar socialmente.

El Consenso Fiscal firmado por el gobierno nacional, 22 provincias y la CABA establece que en 2019 deben estar eliminados los subsidios diferenciales en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en materia energética, y en 2021 deben desaparecer los destinados al transporte. Este punto del acuerdo, más allá de las cuestiones de equidad, brinda el aval al Gobierno para avanzar en la reducción de subsidios, acción clave para bajar el peso del gasto público y lograr cumplir con la meta de reducción del déficit primario durante 2018.

El autor es director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal