Pelea entre el Gobierno, intendentes y estaciones de servicio por un impuesto

Jefes comunales massistas cobran una tasa extra a los combustibles; los estacioneros y Kicillof quieren frenarlo
Pablo Fernández Blanco
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3 de abril de 2014  

Los surtidores de la provincia de Buenos Aires son el escenario de una compleja gresca entre intendentes afines al titular del Frente Renovador, Sergio Massa , y las estaciones de servicio. Interesado en acotar el encarecimiento de las naftas y del gasoil, que acumulan alzas de 20% en el año, el ministro de Economía, Axel Kicillof , comenzó a tallar más fuerte sobre el tema esta semana.

Los jefes comunales de Vicente López, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Pilar, Malvinas Argentinas, San Martín, Junín y Olavarría, entre otros distritos, se lanzaron en los últimos meses a instalar la denominada "tasa vial", que consideran fundamental para el mantenimiento de las calles. La paga el automovilista y en algunos casos suma hasta $ 0,40 por litro de combustible que se carga. Si se toma en cuenta el precio de la súper en localidades de Buenos Aires, en torno de los $ 11,33, hay intendentes que se llevan un 3,5% sobre el valor del litro. Olavarría fue un poco más lejos y estableció un cargo de 4% sobre el precio de venta. Los dueños de las estaciones de YPF, por caso, se llevan un 8% sobre el valor de venta.

Rosario Sica es una dirigente combativa que preside Fecra, la federación que reúne a los dueños de estaciones de servicio. Encabezó peleas contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, armó lock-outs y, pese a eso, tiene diálogo con el Gobierno. Hace meses que Sica inició un peregrinaje por despachos públicos y privados contra la aplicación de la tasa. En los casos en que no lo logró, a través de Fecra demandó a los municipios. Así, consiguió, por ejemplo, una cautelar que frenó la medida en Junín.

A principios de año, Sica puso en alerta a Emmanuel Agis, el secretario de Política Económica y número dos de Kicillof. El propio jefe del Palacio de Hacienda la recibió. Pero esta semana, luego del aumento de 5,4% en los combustibles, Kicillof volvió sobre el tema con más interés. Pensó en iniciar una demanda contra los intendentes para frenar la tasa. Por el mismo tema, el Gobierno llevó en 2012 hasta la Corte Suprema su demanda contra Córdoba.

La vía judicial no convence a los dueños de las bocas de expendio, ya que ellos mismos la iniciaron con resultados dispares. Es posible que en los próximos días Kicillof decida avanzar en otra dirección.

Economía tiene más de un motivo para frenar la tasa. Por un lado, hace aún más caros los combustibles, cuyos precios están este año sometidos a una presión mayor tras la devaluación de enero. Tan sólo en los últimos 12 meses aumentaron alrededor de 55 por ciento. Y siempre está presente el riesgo de que otros intendentes imiten la medida y extiendan el problema.

La estatizada YPF, a cargo de Miguel Galuccio, parece haber quedado a mitad de camino entre el Gobierno, los intendentes y sus clientes, las estaciones. En diciembre del año pasado, un cable de la agencia Télam estipulaba que, según la empresa, "la medida causará una distorsión de precios entre zonas lindantes que afectará directamente a algunas estaciones de servicio". También señalaba que era contraria a la ley de coparticipación. Pero en una carta del 14 de marzo firmada por Gerardo Cacciavillani, uno de los gerentes regionales de la compañía estatizada, que pudo ver LA NACION, le dice a un estacionero rebelde: "YPF informó a los operadores de su bandera respecto de la obligatoriedad en cuanto a la percepción de dicha tasa". Y continúa: "Cumplimos en recordar su obligación legal y contractual de dar cumplimiento a la disposición fiscal mencionada".

Fuentes al tanto de las discusiones creen que el texto de Cacciavillani está más inspirado en una sugerencia de los abogados que en el convencimiento de la empresa.

Para los estacioneros, la tasa implica problemas diversos. El más evidente es que un automovilista advertido preferirá llenar el tanque en un municipio vecino antes que en una boca que perciba el gravamen. Además, las intendencias los obligan a cobrar el cargo, hacerse responsable por ello y girarlo a las comunas, que acarrea gastos burocráticos.

Según Sica, se trata de un impuesto ilegal. "Una tasa implica la contraprestación de un servicio, por lo que esto no lo es", explicó.

En los últimos días, algunas intendencias redoblaron la presión sobre las estaciones que se resisten a cobrarlo, con intimaciones y amenazas de clausura, según precisó la titular de Fecra. "Si se llega a ese punto implica un golpe duro para las estaciones. Ante una clausura, el usuario piensa que es por un ilícito del dueño; no se imagina que ocurre por no pagar un impuesto ilegal", lamentó.

La política en el surtidor

Más recaudación

Varios partidos de Buenos Aires y otras provincias intentaron en los últimos meses cobrar un cargo extra sobre los combustibles. Sólo los distritos massistas continuaron con la medida.

Inflación

Al Gobierno le preocupa el cargo extra porque infla el precio de los combustibles, que aumentaron más de 50% en 12 meses.

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