Pelea por el sistema de control de carnes

Franco Varise
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23 de marzo de 2000  

Una nueva tormenta se precipita sobre la industria frigorífica argentina por el proyecto del Gobierno de instalar un sistema electrónico (guardaganado) para controlar la defraudación impositiva en todas las plantas del país.

"¡Nosotros les decimos no a las cajas negras...!", anticipó Américo Bermejo, titular de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), pues la resolución aún está en el Congreso junto con los demás capítulos de la ley de emergencia económica.

Dijo, por lo pronto, que Cadif no hace lobby "porque está fundida" y añadió: "Lo único que procuramos es una audiencia con las autoridades". Esta cámara reúne sólo a las empresas y los frigoríficos "consumeros", es decir aquellos que destinan la carne al consumo interno. En cambio, la Asociación de Industrias Argentinas de la Carne (AIAC), que agrupa a las empresas exportadoras, apoya su instrumentación.

La evasión fiscal en el mercado de ganados y carnes, que asciende a unos 700 millones de dólares anuales, representa un verdadero paradigma nacional. Nadie niega que este problema trasciende los parámetros económicos y alcanza la esfera cultural: evadir o no, en definitiva, es una decisión moral.

Por ello, hasta ahora la mayoría de los mecanismos instrumentados -rebaja del IVA, etcétera- obtuvo resultados parciales.

El guardaganado electrónico cuenta con aptitudes tan interesantes como controvertidas. Se trata de la conexión de una serie de lectores electrónicos, algo así como una caja negra, en cada una de las 330 empresas frigoríficas declaradas en nuestro país.

"Lo llamamos así porque evitará que algún animal escape al control comercial y sanitario en el proceso de faena", explicó Manuel Pedro Peña, ex director Nacional de Servicios Agropecuarios, que propuso la idea en la Secretaría de Agricultura.

El sistema "parte de la base de que el control humano es ineficiente y no es fiable; estos lectores periféricos recogen datos que son inviolables porque cualquier manipulación queda registrada", agregó Raúl Calvo Soler, miembro del equipo.

De dónde provienen los animales; quién realizó la inspección sanitaria; peso y cantidad de hacienda: todos estos datos ingresarán en un servidor al que accederán los organismos fiscales para cruzar información.

Respecto de la oposición que presenta la propuesta Calvo Soler, opinó: "Todos los comercios compran su caja registradora y todos los ciudadanos pagan sus DNI, pero en el caso de los frigoríficos por qué se supone que no debe ser así".

El equipo básico costará 30.000 pesos por frigorífico. En caso de que la instalación corra por cuenta del Estado demandaría unos 10 millones de pesos.

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