Pesca: confirman las irregularidades

Las comprobó el subsecretario del área
Franco Varise
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24 de junio de 2002  

El subsecretario de Pesca, Daniel García, solicitó en forma urgente al titular de la cartera de Agricultura, Rafael Delpech, que presente ante la Fiscalía y la Auditoría de la Nación la investigación realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la cual se verifica una amplia gama de irregularidades administrativas en la actividad pesquera nacional.

El funcionario confirmó, asimismo, que de ese informe de la UBA surgen "denuncias muy serias sobre el otorgamiento de permisos de pesca que no pueden dejarse pasar porque están en juego los nombres de funcionarios y conviene ponerlo bajo la luz de la Fiscalía de la Nación". El trabajo de la UBA fue publicado el miércoles pasado por LA NACION.

Sin embargo, según algunas versiones, García sería apartado de su cargo en los próximos días por razones que van desde el conflicto político partidario hasta supuestas presiones sectoriales tras la aparición de la auditoría de la UBA.

De todos modos, por ahora, la primera de estas hipótesis parecería la más fuerte. Ocurre que el funcionario pertenece al círculo patagónico del senador justicialista Marcelo Guinle, que votó en oposición a la derogación de la ley de subversión económica a contrapelo de su propio bloque. De hecho, el subsecretario de Pesca, que fue por ocho años intendente de Rawson, llegó al puesto fogoneado por un acuerdo de las principales provincias patagónicas con mayores intereses en el sector pesquero, es decir, Chubut y Santa Cruz. "Hay un mar de comentarios, pero hasta que eso no suceda no puedo opinar, me llegaron sólo versiones", admitió el subsecretario de Pesca respecto de su supuesto alejamiento del cargo. Por su parte, el senador Guinle consideró que, de concretarse el reemplazo, "sería algo detestable y propio de viejas prácticas políticas", y aportó algunos datos más: "Habría un avance de sectores para formalizar un acuerdo estratégico entre las provincias de Buenos Aires y Río Negro para poner a otro hombre en su lugar".

Precisamente fue la senadora radical rionegrina Amanda Isidori la que hizo posible la derogación de la polémica ley, al levantarse sorpresivamente de su banca por orden del gobernador rionegrino, Pablo Verani.

Una auditoría crítica

Pero también parece al menos suspicaz que, según versiones, se intente apartar a García justo después de que el funcionario remitiera el pedido de presentación de la investigación ante la Justicia. En el sector pesquero argentino hay intereses por 1000 millones de dólares anuales en concepto de exportaciones. "Es la primera vez que hay un funcionario honesto, y creo que por eso lo hacen volar", consideró el presidente de la empresa pesquera Conarpesa, Ernesto Azpillaga, al tiempo que agregó: "Este año no se hizo el resistido charteo de la pesca del calamar, ni tampoco se tapó este tema de los permisos. El alejamiento de García sería malo para la transparencia del sector".

Pero la empresa Conarpesa también tiene un buque cuestionado y señalado por la auditoría efectuada de la UBA. "Es verdad, hay un barco comprometido -el Conarpesca VI- y lo vamos a defender, pero si está mal, está mal. Tendremos un permiso menos disponible", admitió Azpillaga.

A estas alturas vale recordar que la sobrepesca en la década del noventa, por el otorgamiento en forma irregular de licencias a grandes buques, derivó en el colapso y la depredación a niveles alarmantes de la merluza hubbsi, principal especie comercial del mar argentino.

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