Pesifican la deuda por el factor de empalme

Hubo fuertes quejas de los exportadores
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3 de mayo de 2003  

Los exportadores temían que algún día esto sucediera. El presidente Eduardo Duhalde y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, decretaron ayer la pesificación de las deudas que el Estado contrajo por el factor de convergencia, el beneficio para las ventas externas que rigió entre junio de 2001 y enero de 2002 para compensar la sobrevaluación del peso de aquel entonces.

Los operadores de comercio exteriores se sumaron así a la extensa lista de víctimas del Estado en default. Mejoraron la rentabilidad por la devaluación, pero ahora padecen sus efectos colaterales. El Gobierno, con la necesidad de seguir mejorando los resultados fiscales, convirtió en un peso cada dólar adeudado por las operaciones efectuadas entre el 19 de junio de 2001 y el 10 de enero del año pasado. El pasivo correspondiente a ventas celebradas entre esa fecha y el 28 de enero de 2002 (cuando se eliminó el también llamado factor de empalme) se pesificó según la paridad de $ 1,40 por dólar.

Entre las justificaciones del decreto de ayer (que lleva el número 1043), se expresa la necesidad de "adecuar los mecanismos de pago" del factor de convergencia "a las reales posibilidades del Estado nacional". La medida establece que la deuda se pagará con un interés del 6% anual.

En 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, creó el factor de convergencia (un peso que equivalía al promedio entre el antes fortalecido dólar y el euro) para evitar que la convertibilidad perjudicara la exportación. Devaluación mediante, se acumuló una deuda por este concepto de US$ 300 millones.

La Cámara de Exportadores (CERA) fustigó la decisión. "Es una medida más con la que el Gobierno autocancela el potencial de la exportación argentina", afirmó su titular, Enrique Mantilla. Denunció que la pesificación actuará como un impuesto indirecto por $ 500 millones.

La Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y la Cámara de Exportadores de Cereales (CEC) también rechazaron la pesificación. Opinaron que el decreto generará un "quebranto" de US$ 150 millones para el sector privado y "vuelve a traer más inseguridad jurídica" para los exportadores y las entidades que financiaron las operatoria. Advirtieron que la medida "originará significativos reclamos judiciales al Estado".

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