Pocas balas para muchos blancos

La economía empezó la segunda mitad del año en pleno crecimiento, pero sigue acumulando distorsiones que, tarde o temprano, se harán sentir. De ahí que la opinión de los analistas privados se divida actualmente entre los optimistas, que sólo ven el crecimiento y dejan a un lado los problemas de mediano y largo plazo, y los pesimistas, que sólo reparan en las distorsiones, pero minimizan el hecho de que la actividad económica cerrará 2006 -por cuarto año consecutivo- con otro fuerte aumento del PBI, del orden del 8%. En otras palabras, existe desde hace tiempo un virtual debate entre quienes privilegian los brillantes resultados económicos y quienes cuestionan la calidad de la política económica para sostenerlos en el futuro.

En el centro de esta polémica está la insistencia del gobierno de Néstor Kirchner en utilizar instrumentos heterodoxos para alcanzar varios objetivos simultáneos y, a la vez, evitar cualquier costo político. Así como no se pueden matar dos pájaros de un mismo tiro, tampoco es posible en economía lograr más de un objetivo con un solo instrumento.

Los controvertidos acuerdos voluntarios de precios, por ejemplo, surgieron como una respuesta oficial a las expectativas inflacionarias que a fines del año pasado amenazaban con desbordarse. Pero de voluntarios ya no tienen nada: es el propio gobierno el que impide a las empresas líderes ajustar los precios y amenaza con controlarles la rentabilidad en función de parámetros que nadie conoce. Al mismo tiempo, pretende que aumenten inversiones, que muy pocos están en condiciones de comprometer porque no saben cómo sigue la película. El aumento de las ventas no es el único incentivo para invertir si a la vez caen las ganancias. Y si la demanda interna que impulsa el Gobierno para mantener un alto nivel de actividad crece más que la oferta, reaparecerán las presiones inflacionarias.

El aumento del 0,6% registrado en la inflación minorista de julio, junto con la perspectiva de un mes de agosto estacionalmente tranquilo, sirvió para que el Ministerio de Economía ensayara un cambio de discurso apuntando a cierta flexibilización. Sin embargo, la mayoría de las empresas cree que sólo se trata de una pantalla para atender la difícil situación de las industrias del sector lácteo, a las que el propio gobierno les negó semanas atrás la reducción de las retenciones a la exportación, que daban por descontada. El resto prefiere ver para creer. Nadie está seguro de que los controles se flexibilicen a fin de año como se dejó trascender, sobre todo, después de que la Casa Rosada incumpliera el compromiso de revisar los acuerdos cada dos meses en función de los costos y en el ínterin sacara de la manga una medida demoledora para las expectativas empresariales como fue la prohibición de las exportaciones de carne. Tampoco olvidan que 2007 será un año electoral y que el Gobierno pondrá tanta atención en las encuestas políticas como en la evolución del índice de precios al consumidor.

La obsesión por la marcha del IPC hizo que el rubro alquileres volviera al primer plano y de la peor manera, con desmentidas oficiales a versiones, también oficiales, de que se estudiarán congelamientos o controles directos. Cada vez que surgen estas ideas, lo único que se retrae es la oferta de viviendas o locales en alquiler. Y aunque la indexación está prohibida, el fondo del problema es que dos años de inflación de dos dígitos no pueden pasarse por alto a la hora de renegociar los contratos. Con la agravante de que los costos de expensas han subido en los últimos tres años más del doble que los alquileres propiamente dichos, debido a la predisposición oficial de aumentar los sueldos de los encargados de edificios por encima de las posibilidades de pago de inquilinos y propietarios para mantener al gremio como aliado político.

Por ahora, el virtual congelamiento de los precios de la canasta básica, junto con el que se mantiene para los combustibles y las tarifas de servicios públicos, permite neutralizar el impacto de incrementos en otros rubros, especialmente de servicios, que tienen menos peso en el IPC pero igual afectan los bolsillos de los consumidores. Esta distorsión de precios relativos configura un cuadro de "inflación de clase media": no suben los precios de los alimentos, pero sí los de restaurantes, colegios, TV por cable, cines, teatros, peluquerías, hoteles, autos, estacionamientos, talleres mecánicos, etcétera, que aprovechan el aumento de la demanda interna y del crédito para consumo. La política de precios caso por caso no puede abarcar a todos los sectores.

Cuando se trata de compensar el deterioro del poder adquisitivo, surgen otros problemas. La última suba del salario mínimo no afecta tanto a la industria y el comercio como a las provincias y municipalidades, donde se calcula que más de un millón de empleados perciben menos de 800 pesos mensuales y por lo tanto se ubican por debajo de la línea de pobreza. Y si bien la medida no los abarca directamente, genera presiones que repercutirán en las deterioradas finanzas de las provincias, que están imposibilitadas de aprobar nuevos incrementos salariales, pero también de aumentar impuestos. Esta situación aumenta la dependencia de los gobernadores del poder central, aunque encierra el riesgo de afectar una parte del superávit primario nacional, que se mantiene robusto (3.5% del PBI) por los récords de recaudación, pero en el último año se redujo -campaña electoral mediante- en casi un punto de PBI.

Parches energéticos

Al igual que los crecientes subsidios al transporte, el congelamiento de las tarifas domiciliarias de electricidad y gas también ha sido un elemento clave para mantener a raya el IPC; pero al costo de haber reducido al mínimo las inversiones en generación y desalentado la producción de hidrocarburos, pese al alto precio internacional del petróleo. Esta realidad que el Gobierno se empeña en disimular hace que la política energética haya sido suplantada por una sucesión de parches que, en definitiva, frenan proyectos de inversión en la industria ante la incertidumbre que supone desconocer las perspectivas de abastecimiento y de precios.

La tardía llegada del frío hizo que debiera recortarse el suministro de gas a muchas fábricas y usinas termoeléctricas para asegurar el abastecimiento a los hogares. También obligó a importar electricidad desde Brasil y Uruguay para paliar el déficit. Incluso se sabe que una resolución de la Secretaría de Energía no publicada en el Boletín Oficial, prevé afectar reservas de autogeneración eléctrica de las industrias para aumentar, en caso de necesidad, la oferta al sistema interconectado. A su vez, un rumor que circula en el sector eléctrico señala que el Gobierno analiza la compra directa de cuatro turbinas que funcionarán con gasoil importado, que se instalarán en ciudades del interior para compensar las demoras en la licitación de las dos centrales de ciclo combinado que debían entrar en servicio a partir del año próximo. Hacer camino al andar no es la táctica más recomendable cuando se desconoce el rumbo en el largo plazo.