Pocas ventajas para América latina en el ALCA

En los Estados Unidos, un dólar alcanza para comprar uno o -como máximo- dos limones. Con la misma cantidad de plata, en la Argentina se consigue hasta un kilo.

En teoría, los productores argentinos de limones deberían estar entusiasmados con las perspectivas comerciales que se abren ahora que el presidente George W. Bush está por obtener del Congreso la autorización para avanzar, entre otros acuerdos, con la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Pero no tienen nada para celebrar.

El texto que pasó por la Cámara de Representantes señala que ciertos "productos sensibles" seguirán gozando de la protección de las barreras comerciales.

Se trata, según una lista que se elaboró en forma paralela a la legislación, de 293 productos agrícolas, entre los cuales figuran el azúcar, ciertas carnes y, también, los cítricos.

En la evaluación de Fernando Henrique Cardoso, las restricciones que los legisladores le impusieron a la administración Bush para que negocie con otros países son tan amplias que impedirán la liberalización del comercio.

"Si se siguen al pie de la letra (las restricciones), significa que no habrá ALCA", dijo el presidente del Brasil.

Cardoso ratificó así que no está dispuesto a abrir su mercado -que es el más grande y atractivo de toda la región- a los productos norteamericanos a menos que logre obtener a cambio concesiones consideradas importantes.

Al mismo tiempo, el fast track (vía rápida) deja en manos de Bush una herramienta fundamental para avanzar con la creación de la zona de libre comercio que debería extenderse desde Alaska hasta Tierra del Fuego a partir de 2005, según la agenda del ALCA.

La vía rápida es la autorización que los legisladores le conceden al presidente para negociar acuerdos comerciales que el Congreso sólo puede rechazar o aprobar en su totalidad, sin modificación alguna.

Es una garantía que Bill Clinton no pudo ofrecer por el mundo. Su permiso venció en 1994 y ya nunca más lo pudo renovar, con lo cual quedó muy debilitado para promover proyectos como el ALCA.

Durante su campaña hacia la Casa Blanca, Bush dijo que buscaría revitalizar la relación de los Estados Unidos con América latina y prometió que con ese objetivo pelearía durante los primeros meses de su mandato por obtener la vía rápida, que rebautizó Trade Promotion Authority (TPA), en castellano, autoridad para promover acuerdos comerciales.

Debates

El Congreso resistió. El libre comercio no es una bandera política muy popular en los Estados Unidos. Mucho menos ahora que la economía se encuentra en recesión.

La opinión pública cree en su mayoría que la apertura de mercados produce más desocupados que empleos.

El clima para el debate cambió tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

"Este Congreso debe apoyar al presidente que pelea con coraje contra el terrorismo, o debilitará su figura en el peor momento posible", dijo, durante el debate sobre el TPA, el titular republicano de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert.

Victoria relativa

El argumento que mezclaba al patriotismo y el bombardeo sobre Afganistán con la promoción del libre comercio se impuso el jueves 6 de diciembre con lo justo: 215 votos (en su enorme mayoría republicanos) contra 214 (casi todos demócratas).

Fue una victoria importante para la administración Bush, pero muchos de los países de la región sintieron que sus intereses habían sido sacrificados en el proceso.

Para obtener el voto de la definición, la Casa Blanca aceptó que el TPA saliera acompañado por una resolución que promueve la eliminación de las preferencias arancelarias para la exportación de textiles que los Estados Unidos le habían concedido a países de América Central, el Caribe y el Pacto Andino.

El proyecto tiene otros aspectos polémicos.

Además de limitar las concesiones que la administración Bush puede hacer en materia agrícola, impide que las muy criticadas leyes norteamericanas sobre antidumping sean materia negociable.

Para sumar demócratas, que cuidan mucho su relación con los sindicatos, la Comisión de Finanzas del Senado sumó un requisito que obligará a la administración Bush a informar al Congreso sobre los estándares laborales de cualquier socio potencial.

Pero dejó de lado la pretensión de máxima de la oposición: acuerdos que contemplan sanciones comerciales por cuestiones laborales y del medio ambiente, un mecanismo para proteger a los sindicatos norteamericanos de la competencia de países con menos regulaciones y mano de obra más barata.

En ese aspecto, el TPA en su versión republicana desactivó un frente que podía ser muy conflictivo en la negociación del ALCA.

Inminente sanción

La iniciativa ya pasó por la Comisión de Finanzas del Senado, y la expectativa de la Casa Blanca es que el plenario la apruebe tras el receso por las fiestas de fin de año.

Todo indica que Bush contará en los primeros meses de 2002 con la ley que usará para negociar en varios frentes al mismo tiempo: con la Organización Mundial del Comercio (OMC), con los 34 países del ALCA y en forma individual, con Chile y con Singapur.

Esas son las prioridades que fijó Robert Zoellick, representante comercial de los Estados Unidos.

La autorización tiene un plazo de tres años, prorrogable por otros dos.

De los países de la región, Chile puede resultar el primer beneficiado, porque ya están muy avanzadas las negociaciones bilaterales, que en sus orígenes habían provocado una reacción muy enojada de parte del gobierno del Brasil.

Fernando Henrique Cardoso se sintió traicionado por Chile, que es socio de la zona de libre comercio del Mercosur, el bloque que integran como miembros plenos Brasil, la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Para impedir que el Mercosur adoptara como bloque una posición negociadora común y para quebrar las resistencias del Brasil, los Estados Unidos coquetearon hace algunos meses con la idea de explorar acuerdos bilaterales con la Argentina y también con Uruguay.

Pero Bush no podía ofrecer nada muy creíble mientras el fast track seguía trabado en el Congreso.

La importancia del proyecto que se encamina a ser ley, aun con sus limitaciones, es que le da mucha más fuerza a cualquier oferta o amenaza que pueda utilizar Zoellick para negociar en sus términos la liberalización del comercio en las Américas.