Polémica por designaciones del Gobierno en el Tribunal Fiscal

Tributaristas y autoridades del ente denuncian que no se respetaron las condiciones de los concursos
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8 de abril de 2011  

El Gobierno designó ayer a siete vocales del Tribunal Fiscal sin respetar las condiciones de los concursos técnicos y ante la oposición de las autoridades de este organismo, que cuenta con el respeto de las entidades que reúnen a los expertos tributarios.

El decreto 391 de la presidenta Cristina Kirchner, firmado junto con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Amado Boudou, generó inmediatas reacciones dentro y fuera de este ente autárquico, encargado de revisar las decisiones de la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP).

La comisión evaluadora de los candidatos, según indicaron a LA NACION fuentes que la integran, sólo tomó una "entrevista" a los candidatos, sin respetar el procedimiento de concursos ni abrir la participación, como se hizo en el pasado, al presidente del tribunal, Ignacio Buitrago, ni a las entidades tributarias.

La comisión estuvo integrada por el subsecretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Luis María Capellano; el subsecretario técnico de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, y la directora nacional de dictámenes de la Procuración del Tesoro, Leticia Sierra Lobos. Aunque previamente a su paso por Economía Capellano trabajó en la AFIP con Ricardo Echegaray, el jefe del organismo fiscal se desentendió de la decisión.

"No participé en el proceso de designación del Tribunal Fiscal, no es un tema de competencia de la AFIP y no conozco a ninguno de los designados, salvo a Claudia Sarquis, que ha sido empleada de la AFIP", expresó Echegaray a LA NACION.

Fuentes de Economía indicaron que la designación, de la que participó la Secretaría de Hacienda, "se hizo de acuerdo con las normas correspondientes".

Sarquis fue empleada de la Aduana y fuentes de la AFIP afirmaron que en el pasado habría sido sumariada en ese organismo de comercio exterior.

El resto de los vocales designados son José Luis Pérez (funcionario de larga data del Tribunal), Edith Gómez (también funcionaria y esposa de Pérez), Armando Magallón (socio del estudio Chicolino, de Luca & Asociados), Pablo Garbarino (colaborador del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni), Christian González Palazzo (cercano al Gobierno) y Horacio Joaquín Segura.

El decreto, según fuentes del Tribunal, fue recibido con "sorpresa y desagrado", y Buitrago se comunicó con Capellano para advertirle que "no les tomaría juramento" a los designados para cubrir las vocalías.

Uno de los argumentos para tomar la decisión sin cumplir con los requisitos previos, según la fuente oficial, fue "la gran lentitud del tribunal para tomar decisiones, lo que implica un gran perjuicio para el fisco y para los contribuyentes, ya que están pendientes de resolución casos por $ 8000 millones".

Agustín Torres, ex integrante del Tribunal Fiscal, afirmó a La Nacion que "siempre los presidentes del Tribunal Fiscal intervinieron en la designación de los vocales y las designaciones se hacían con el procedimiento habitual de un concurso en el Estado".

Además, precisó que "siempre participaron el presidente del Tribunal y miembros de entidades profesionales, como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas [CPCE]".

"Salvo a Gómez y a Pérez, que trabajan hace mucho tiempo en el Tribunal, no conozco a los demás", dijo Torres, que se jubiló a fines de 2010, luego de varias décadas de trabajo en esa organización.

La AFIP, parte en los litigios

Fuente tradicional de tensión con la AFIP, según detalló Torres, el Tribunal "tiene buena relación con la DGI, aunque no me queda claro cómo es el vínculo actual con la AFIP". Al respecto, otro experto tributario indicó que "el Tribunal suele estar enfrentado con la AFIP porque, cuando analiza un caso, le demora el cobro de deudas al Gobierno".

César Litvin, presidente de la Comisión de Impuestos del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, opinó que, hasta ahora, "el Tribunal es una institución que asegura la independencia de criterio, mostró imparcialidad, brinda seguridad jurídica y gran parte de sus sentencias fueron ratificados en la Justicia".

En tanto, una de las 23 precandidatas que no fueron designadas, Flavia Melzi, ex vicepresidenta del CPCE, dijo a La Nacion que los nombramientos fueron "arbitrarios, porque no se respetaron los antecedentes técnicos" y cuestionó a Capellano por "presionar para la jura de los vocales y convalidar la estafa".

"Los designaron a dedo y la decisión es la muerte del tribunal", afirmó Melzi.

LAS CLAVES DEL CONFLICTO

  • Tribunal fiscal: es un organismo autárquico que tiene que revisar las decisiones de la AFIP. Tenía vacantes siete vocalías desde hacía varios años.
  • Concursos: el Ministerio de Economía defendió la selección de los vocales por decreto, mientras que en el Tribunal y los tributaristas consideraron que el procedimiento fue "arbitrario" y no respetó los antecedentes técnicos.
  • Jura en duda: el presidente del Tribunal, Ignacio Buitrago, habría comunicado en el Ministerio de Economía su negativa a tomarles juramento a los funcionarios designados.
  • Reacciones: el ex integrante del Tribunal Agustín Torres dijo desconocer a la mayoría de los elegidos. Los tributaristas César Litvin y Flavia Melzi pidieron respetar la independencia del Tribunal.
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