Por qué nos importa lo que le pase al país vecino

Marcelo Elizondo
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17 de febrero de 2019  

Los primeros 45 días de la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil han sido el puente entre buenas expectativas generadas por ambiciosas reformas económicas prometidas (insertadas entre polémicas propuestas ultraconservadoras en áreas políticas y sociales) y algunos primeros deslices políticos, ocurridos mientras se busca el asentamiento del equipo de gestión y se construye amparo en el Congreso y en actores económicos.

Bolsonaro administra un país con gran potencial: Brasil es una de las 10 mayores economías y el quinto país más poblado del mundo, con un mercado de capitales que está entre los 15 mayores del planeta; allí está hundido más de un tercio (35%) de la inversión extranjera directa de América Latina y más de la mitad (52%) del total de Sudamérica; es el hogar de 35 de las 100 multinacionales más relevantes de la región y es LA NACION que más mejoró el clima de negocios en la zona, según el reporte del Banco Mundial.

Pero, a la vez, es un país con grandes deficiencias, como el alto gasto público (37% del PBI) con su grueso déficit fiscal (7,5% del PBI); la escasa tasa de inversión (18%) en un PBI de algo más de 2 billones de dólares, que es enorme pero más bajo que hace 5 años; una tasa de desempleo superior a 11% (la más alta de Sudamérica, excluida Venezuela), y un bajo nivel de exportaciones e importaciones en relación con su dimensión.

Por ello, las reformas económicas propuestas por Bolsonaro y su ministro Paulo Guedes apuntan a cuatro grandes objetivos: bajar el gasto público (eliminó 7 ministerios) y la presión fiscal (los ingresos fiscales subieron 150% desde el año 2000) mientras se ponen en orden las cuentas estatales; liberar a la economía de regulaciones económicas burocráticas excesivas (una encuesta de Fiesp entre empresarios arrojó que 84% considera a Brasil muy burocratizado); concretar algunas privatizaciones (las de unas 140 empresas con posibilidades de venta por un valor hipotético de US$180.000 millones); modificar el pesado sistema previsional (que sufre un déficit de unos US$80.000 millones), y abrir la economía (el ratio exportaciones/PBI, de 12%, es solo de poco más de la mitad que el de América latina).

La reforma previsional parece estar en el primer lugar entre las preferencias temporales. Es inminente el envío al Congreso del proyecto para elevar la edad requerida, calificar con puntajes a los aportantes y crear una cuenta adicional de capitalización. Es un proyecto ambicioso que ataca un serio problema (jubilaciones a temprana edad, déficit y bajísima sustentabilidad del sistema) y plantea el desafío de una compleja transición y un rumbo para evitar el quiebre.

La mayor internacionalización apunta a lograr más acuerdos económicos transfronterizos que permitan mejorar la posición de un país grande pero algo cerrado, aunque ello llevaría a reformas del Mercosur.

De tener éxito las reformas económicas de Guedes, ello generará un salto de competitividad y crecimiento en Brasil, lo que supone buenas consecuencias para la Argentina, donde se estima que por cada punto de crecimiento del PBI de Brasil (se espera 2,5% para este año), el de la Argentina crece 0,25%. Las exportaciones de nuestro país al vecino se benefician por una mayor demanda amparada en las relaciones ya existentes de muchas empresas (en 2018, la Argentina tuvo en Brasil su principal mercado, al que le exportó US$11.000 millones) y con acceso libre gracias al Mercosur (60% de las empresas exportadoras de la Argentina vende dentro del bloque).

Los sectores que podrían beneficiarse de una demanda más robusta son: automotores (el principal producto exportado a Brasil), máquinas y aparatos, productos de la industria metalmecánica, plásticos, químicos, alimentos elaborados y cereales. También habría efectos positivos para el turismo receptivo (más de 35% de los turistas que llegan a la Argentina son brasileños). Y las exportaciones de servicios basados en conocimiento pueden comenzar a crecer, especialmente tras el acuerdo para eliminar la doble imposición.

De todas formas, aparece un gran desafío: en la reunión entre los presidentes Bolsonaro y Macri el 16 de enero pasado, se comenzó a conversar de cambios en el Mercosur. Aún no se sabe cuáles, pero en la más leve de las opciones será a través de una reducción del alto arancel externo común y, en la más profunda de las posibilidades, de una flexibilización que facilite a Brasil celebrar acuerdos bilaterales con otras grandes economías.

Dado que el Mercosur supone libre comercio entre sus socios pero cuenta con un elevado arancel externo común, los exportadores argentinos a Brasil (más de 3000 empresas) mantendrían su beneficio de ingreso sin pago de gravamen a ese mercado, pero (si los objetivos se concretaran) perderían la protección de esa elevada preferencia arancelaria y se someterían a una competencia con empresas de terceros países.

Ello exigiría mayor competitividad. Una mejor economía y el crecimiento de Brasil podrían facilitar la demanda hacia proveedores locales para que ingresen en cadenas de valor binacionales. Por lo demás y en general, si Brasil tiene éxito en sus reformas puede ayudar a crear capital político para hacer algunas reformas pendientes en la Argentina.

Si consigue crecimiento y atracción de inversiones puede contagiar en alguna cadena productiva que tenga patas en la Argentina. Y si fortalece a su moneda (el real) puede ayudar parcialmente a la nuestra (el peso).

La ambiciosa agenda brasileña -todavía con suerte incierta- impactará, pues, en la Argentina.

Cuánto y cómo, por supuesto, dependerá de nosotros.

Especialista en negocios internacionales, profesor universitario

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