Preguntas con y sin respuesta

Néstor O. Scibona Para LA NACION
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6 de diciembre de 2009  

La nueva estructura de poder que mostrará la Cámara de Diputados provocó este fin de semana rostros de alivio en el establishment empresario, ya que es un indicador de que en la Argentina se pueden hacer las cosas de manera diferente a la de los últimos cuatro años. La posibilidad de acuerdos entre legisladores de la oposición reduce las chances de que el Congreso siga actuando como una escribanía del Poder Ejecutivo, donde la prioridad no estaba en el debate a fondo de las leyes, sino en la velocidad de su aprobación como hechos consumados por parte del oficialismo.

Este escenario optimista despeja un interrogante que desvelaba al ambiente empresario: un mayor control por parte de la oposición de los arrebatos del oficialismo reduce el riesgo de futuros disparates legislativos votados virtualmente a libro cerrado. Aunque nadie puede asegurar que los acuerdos entre las fragmentadas fuerzas opositoras sean amplios (ni permanentes, ya que las mayorías podrán variar según el contenido de los distintos proyectos), el jueves pasado quedó demostrado que serían posibles si las circunstancias lo exigen. Además, el nuevo cuadro impondrá la necesidad de consultar sectores, negociar y acordar, lo cual es saludable aunque parecía olvidado. En última instancia, es lo que se hace en la mayoría de los países democráticos, entre ellos algunos de los más cercanos a la Argentina.

Pero esta mejor perspectiva no alcanza para diluir otro escenario pesimista, que deja muchas preguntas sin respuestas. En los últimos cinco meses, el kirchnerismo se dedicó a aprovechar al máximo su transitoria mayoría propia para anticiparse a este nuevo cuadro y sancionar leyes que le aseguran el manejo monopólico de la caja fiscal y buscan consolidar su esquema de poder político. Así surgieron las prórrogas de la facultad de fijar retenciones; de los superpoderes para reasignar partidas presupuestarias; de los impuestos nacionales más importantes y de la ley de emergencia económica hasta fin de 2011, así como la aprobación sin debate del presupuesto 2010; el impuestazo a electrónicos extra-fueguinos; la suspensión de la ley de responsabilidad fiscal y de la ley cerrojo, para reabrir el canje de 2005 y volver a colocar deuda a fin de financiar el creciente deterioro fiscal. También pertenecen a este período de hiperactivismo legislativo la controvertida ley de medios y la reforma electoral. Ello sin considerar otras medidas unilaterales adoptadas por decreto, como la estatización del fútbol por TV (con subsidios por 10 años a la AFA); la asignación familiar por hijo; o el plan "Argentina Trabaja", cuyos fondos se disputan cada vez con menos disimulo intendentes del conurbano y organizaciones piqueteras, aliadas o enemigas. Es una incógnita dilucidar ahora hasta qué punto la oposición podrá revisar o modificar aquellas leyes; lo mismo que la disposición del kirchnerismo a aceptarlo. Otro tanto ocurre con algunas propuestas de campaña de buena parte de la oposición, como las reformas del Indec, del Consejo de la Magistratura o de la Oncca. Nadie tampoco está en condiciones de negar la posibilidad de que la presidenta Cristina Kirchner recurra al veto de leyes promovidas por la oposición; ni que éstos frenen iniciativas del Poder Ejecutivo, abriendo la puerta a decretos de necesidad y urgencia.

Certezas y dudas

Sin necesidad de llegar a estos extremos, aún quienes se ilusionan con la nueva perspectiva de mayor diálogo y pluralismo son escépticos acerca de la posibilidad de que la gestión CFK ingrese en una dinámica similar. Los empresarios de la Unión Industrial Argentina se quedaron la semana pasada con la certeza de que el Gobierno sólo dialoga con las entidades que lo aplauden, algunas de las cuales crecen al calor oficial. Nunca como en esta edición, el título de la última Conferencia Industrial ("La necesaria búsqueda de consensos") quedó tan vacío de contenido por las ausencias oficiales. "No se puede buscar consensos con un gobierno que se resiste al diálogo", sentenció luego Roberto Lavagna. El ex ministro lo sabe por experiencia propia: fue el último interlocutor oficial en el coloquio de IDEA de 2005, horas antes de que fuera expulsado del gobierno de Néstor Kirchner. A partir de entonces, ningún integrante del gabinete nacional participó del tradicional encuentro, cuyo eslogan ("Argentina, un trabajo de todos") resultó en los últimos años tan testimonial como el de la UIA.

Los desaires del gobierno K han impulsado a las entidades empresarias que se preocupan por la calidad institucional a dialogar entre ellas para compartir, paradójicamente, su inquietud por la falta de canales de diálogo con el oficialismo. Que, además, ya no acepta ninguna crítica y retuerce cualquier interpretación de la realidad. Después de que la UIA advirtiera sobre la necesidad de proteger el derecho de propiedad y que AEA e IDEA cuestionaran el avance del Estado sobre Papel Prensa, el inefable Aníbal Fernández responsabilizó al grupo Clarín por generar un clima contrario a la inversión por sus críticas al Gobierno.

El diagnóstico del jefe de Gabinete contrastó con el que el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso brindó un día más tarde ante directivos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Allí sostuvo, sin hacer nombres, que los países que crecen y atraen inversiones son aquellos que siguen el modelo de reglas estables y políticas de Estado que no varían de gobierno a gobierno; y lo opuso al de intervencionismo, discrecionalidad y control de la prensa, que bien puede caberle a Venezuela como a la Argentina. Un planteo similar harán las entidades agropecuarias de la Comisión de Enlace en el acto que convocan para esta semana y al que, según anticipan, no sólo asistirán dirigentes del sector.

La pregunta sin respuesta que se hacen muchos empresarios es hasta qué punto el kirchnerismo podrá seguir políticas confiables en los próximos dos años si insiste en dividir al universo productivo, político y social entre amigos y enemigos, para repartir premios y castigos. Este interrogante se apoya en otra evidencia: en la vereda del gobierno hay cada vez menos actores que dependen cada vez más de su chequera (CGT, organizaciones piqueteras aliadas, gobernadores necesitados de fondos) y en la de enfrente cada vez más que temen seguir pagando la cuenta, con una inflación que vuelve a apuntar hacia arriba. De ahí que pronostiquen para 2010 un año con más actividad económica, pero potencialmente mucho más conflictivo que 2009, lo cual puede neutralizarla.

Mientras la economía empuja pero la política se encarga de frenarla, el gobierno apuesta a un módico libreto: a un verano con mayor consumo y a la inminente reapertura del canje de deuda para apuntalar la mejora en los mercados financieros, a la espera de una tasa de interés de un dígito para volver a colocar deuda voluntaria y financiar el aumento del gasto. En marzo empezará otro año. Con otro Congreso y un país polarizado.

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