Presentan un proyecto impositivo
Como un aporte a la solución de las diferencias que impiden la sanción de la ley de coparticipación, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) presentó ayer su proyecto de coparticipación federal de impuestos, elaborado por varios tributaristas.
La iniciativa propone, entre otras cosas, reemplazar el impuesto a los ingresos brutos por un IVA de carácter provincial y la creación de un organismo fiscal federal para administrar lo recaudado por ese gravamen.
En una conferencia de prensa que ofrecieron ayer el presidente de la entidad, Horacio López Santiso, y los tributaristas Alfredo Lamagrande y Juan Carlos Vicchi, el CPCE difundió el proyecto con el que intenta destrabar el conflicto político que impide la sanción de la norma, requerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo firmado en septiembre pasado con el Poder Ejecutivo.
La iniciativa será puesta a consideración del Gobierno, de los mandatarios provinciales y de legisladores.
Entre otras cosas, propicia la constitución de un fondo anticíclico que impida mermas en la distribución como consecuencia de una eventual caída de la recaudación tributaria.
Otro de los puntos en los cuales concentra su atención la propuesta es en el régimen municipal de impuestos y su distribución, ya que "cada vez están teniendo mayor preponderancia", indicó Lamagrande.
IVA adicional
Vicchi -coordinador de los tributaristas que trabajaron en la propuesta- sostuvo que la tasa para el IVA adicional que deberían cobrar las provincias en sustitución del impuesto a los ingresos brutos tendría que ser del 7,5 por ciento.
Para administrar estos fondos, se debería crear el organismo fiscal federal que contemple, para la distribución del gravamen, "parámetros económicos relevantes, como el consumo y el producto bruto interno geográfico" de cada provincia.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no tendría injerencia en la administración o distribución del nuevo impuesto, aunque sí podría cruzar datos con el nuevo organismo fiscal por crearse, según el proyecto, para detectar posibles evasores.