Prevén que el sistema enfrentará dificultades

El aumento de los trabajadores que no hacen aportes pone en riesgo la cobertura de los futuros jubilados

11 de abril de 2009

LA NACION

Más allá de los efectos temporales de medidas como la moratoria de aportes, el nivel de cobertura del sistema jubilatorio -cuántas personas llegan a acceder a una prestación- sigue siendo un gran tema pendiente, según advierten los especialistas.

El desafío se redimensiona en estos tiempos en que, con freno a la actividad mediante, ni las cuestionadas cifras del Indec dejan de admitir que vuelve a crecer el índice de trabajadores sin aportes. Según los datos más recientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 7,4 millones de personas contribuyen al sistema nacional, entre empleados dependientes, autónomos y monotributistas. Hay también, según algunas estimaciones, un millón de aportantes a las cajas de profesionales y a los sistemas provinciales. Así, habría casi ocho millones y medio de aportantes, mientras que estimaciones basadas en la encuesta de hogares del Indec indican que unas 17 millones de personas son laboralmente activas. Alrededor de la mitad, entonces, no estaría ingresando aportes.

Entre la población mayor, la tasa de quienes cobran un ingreso se elevó significativamente por efecto de la moratoria, que permitió que se jubilaran quienes tenían pocos o ningún aporte. Pero según una proyección hecha por el Ministerio de Trabajo, a poco de estar en marcha esos planes la tasa de cobertura alcanzada, de entre el 85 y el 90%, irá cayendo hasta llegar al 58% a mediados de la década de 2030, es decir, cuando hayan llegado o esté llegando a la edad de retiro gran parte de los trabajadores actuales.

Hasta el año pasado, quienes estaban afiliados al eliminado régimen de capitalización podían acceder al dinero de sus cuentas al cumplir la edad de retiro y sin importar la cantidad de aportes hechos. Ese derecho, que preveía una asignación proporcional al esfuerzo contributivo de cada persona, quedó anulado sin contrapartida, cuando se dispuso que todos los aportantes pasaran a reparto, un régimen que exige, para jubilarse, haber contribuido, por lo menos, durante 30 años.

En la opinión del ex secretario de Seguridad Social Alfredo Conte Grand, "los cambios en la economía y en las formas de trabajo obligan a buscar fórmulas innovadoras" para mejorar los niveles de cobertura. Para el también ex funcionario de la OIT, debería avanzarse hacia un esquema que ofreciera prestaciones "cada vez más relacionadas con el esfuerzo de aportes" hechos por cada uno, aún sin olvidar criterios de distribución social.

Conte Grand considera que la incorporación como beneficiarios del sistema "de ciudadanos que tenían algunos aportes o la edad [aún sin aportes] fue eficiente desde el punto de vista administrativo y de gestión, y cuestionado en cuanto a la forma, por cuanto se financió con fondos del régimen contributivo". La justificación, según recordó, fue que el Estado financia con impuestos generales buena parte de los pagos. "Pero eso se debe al desequilibrio de la demografía", explicó, ya que es muy baja la relación entre activos y jubilados. "Como principio general, los componentes asistenciales tienen que ser financiados con fuentes diferentes a aportes y contribuciones", afirmó.

Un documento del Banco Mundial recuerda que el llamado "plan de inclusión previsional" surgió porque se fue dando "una combinación de leyes y normas" que dieron amplio alcance a una moratoria, pero nunca fue un plan "formalmente lanzado por el Gobierno". La falta de planificación provocó, por ejemplo, que en muchos casos se diera una duplicación de ingresos, ya que la jubilación llegó a muchos que cobraban pensión o un beneficio provincial.

Alternativas

Para el largo plazo, se menciona, entre los caminos posibles, la adopción de beneficios proporcionales según los años aportados. Los analistas del Banco Mundial creen que, para universalizar la cobertura, lo más apropiado sería otorgar un componente básico para todos, financiado con impuestos, al que se sume un beneficio variable según los aportes hechos.

Según Fabio Bertranou, especialista en seguridad social de la OIT para el Cono Sur, para ampliar la cobertura "algunos países han optado por mantener las reglas originales del régimen contributivo y marginalmente otorgar cierta flexibilidad". "Uruguay, por ejemplo, bajó en cinco años el requisito de años de contribución", explicó.

En Chile se optó por integrar componentes no contributivos y contributivos: se dispuso un ingreso piso no contributivo, que alcanza al 60% de la población más vulnerable; a eso se le suma, para los que lo tienen, el fruto de la contribución hecha en la vida laboral (en Chile, es lo ahorrado en capitalización). "El componente contributivo tiene subsidios en los aportes o en las prestaciones para los trabajadores con historias laborales más irregulares o ingresos formales bajos", detalló Bertranou.

Con respecto a la moratoria argentina, el funcionario de la OIT consideró que "fue una respuesta oportuna al importante problema de la caída de la cobertura" vinculada con las exigencias dispuestas con la reforma de 1994 para jubilarse, que siguen vigentes. Agregó que en el futuro se requerirán políticas "que produzcan el mismo efecto".

Silvia Stang

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