Primeras reacciones optimistas en el Gobierno tras el fallo de la Corte

El freno de las subas se aplicará sobre los usuarios residenciales, que representan el 30% del consumo de gas del país; la postura oficial se conocerá por la tarde
Mariano Obarrio
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18 de agosto de 2016  • 13:34

Tarifas: Los usuarios residenciales pagarán el gas con los valores viejos

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El presidente Mauricio Macri se encuentra en la Casa Rosada analizando con ministros y colaboradores el fallo de la Corte Suprema que frenó los aumentos de tarifas de gas para usuarios residenciales. La postura oficial se conocerá por la tarde. Pero las primeras impresiones fueron optimistas: el freno de las subas se aplicará sobre los usuarios residenciales, que representan el 30% del consumo de gas del país

Para los usuarios no residenciales (empresas, Pymes, clubes, instituciones y generadoras eléctricas) el aumento de tarifas seguirá vigente. Sin embargo, se le aplicará una facturación con un tope de 500%, prevista en la última resolución del Gobierno.

La Casa Rosada había anunciado ese tope y otro de 400% para usuarios residenciales luego del fallo adverso de la Cámara Federal de La Plata, que había anulado todos los aumentos: los residenciales y los no residenciales.

Con ese aumento máximo se buscaría evitar nuevas demandas judiciales de los usuarios no residenciales.

“Lo bueno es que la Corte no suspendió todos los aumentos, como había hecho la Cámara, sino sólo los residenciales porque la demanda original era para ellos”, interpretan cerca del Presidente.

“Seguramente ahora para los usuarios residenciales se harán las audiencias públicas, como ordenó la Corte. Y se aplicará un aumento que surja de allí. Para los no residenciales y empresas, no habrá aumentos de 1000 o 2000%, como se hizo por error, porque el Gobierno aplicará el tope de 500% que fijó”, dijo un funcionario con llegada directa a Macri. “Desde el punto de vista económico no es tan grave”, analizó en los primeros minutos posteriores al fallo.

Si el freno total a los aumentos –residenciales más no residenciales- implicaba un impacto fiscal de 80.000 millones de pesos para el Tesoro, el retroceso en el de los usuarios residenciales implicaría el 24 o 30% de esa suma global. En el ministerio de Energía, que dirige Juan José Aranguren, analizaban con precisión los alcances del fallo y no querían emitir ninguna opinión hasta determinar sus efectos reales.

En línea con ello, el Gobierno no emitirá una postura oficial hasta poder contemplar todos los detalles del fallo.

En el Gobierno analizan con detenimiento otro punto conflictivo. La Corte estableció que son inevitables las audiencias públicas para fijar el precio del transporte y distribución de gas, mientras que para el precio mayorista a de boca de pozo, ordenó que se deberá hacer la audiencia a menos que el valor sea determinarlo por el mercado.

En la Argentina ese precio no está determinado por el mercado, sino por una decisión del Estado durante el gobierno de Cristina Kirchner. Es un precio de política económica y no determinado por la oferta y la demanda. La gestión de Aranguren es reacia a salir de ese esquema de subsidio de manera brusca -señalan que traería conflictos en el sector y en las provincias productoras- y planea diversas opciones para una transición paulatina.

De hecho, en los Estados Unidos el gas cuesta 2,5 dólares el millón de BTU mientras que a nivel local se paga 5 a 7 dólares según la cuenca y ello tiene impacto en la tarifa final al usuario.

La Corte le marcó al Gobierno que en caso de fijarla políticamente debería hacerlo mediante audiencias públicas. En caso contrario, debería convalidar los precios del mercado. Todo un dilema político y sectorial para la Casa Rosada.

Lo mismo ocurre con el mercado del petróleo. El barril de crudo cuesta 43 dólares en el mercado internacional y se paga 67 dólares en la Argentina. Lo cual repercute en los altos precios de las naftas y los combustibles.

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