Demandas contra la Argentina. Pulseada a todo o nada en París

La Argentina, demandada ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por la firma norteamericana CMS, expuso ante el organismo que la dolarización de las tarifas hubiera provocado que el aumento de un 10% del número de pobres, que se acerca a 13 millones de personas.

Por ese y por otros argumentos que también defendieron el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, y un equipo de abogados durante las audiencias ante el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el país mantiene una posición de mucha dureza: le habría hecho saber al presidente del cuerpo, el árbitro chileno Francisco Orrego Vicuña, que la Argentina no está dispuesta a cumplir un laudo que no se ajuste a la Constitución.

El argumento que esgrime el ministro es sencillo: como la Constitución coloca a los tratados internacionales -entre los que están los Tratados Bilaterales de Inversión- por debajo de la propia ley suprema, y la propia Constitución da margen para rechazar cualquier norma internacional que sea contraria al orden público, el Estado puede resistir el cumplimiento del fallo.

Claro que una cosa son los argumentos jurídicos y otra es ver cómo quedaría colocado el país frente al mundo y a los inversores si se niega a cumplir un laudo arbitral internacional. Pero, por ahora, la posición de Rosatti es de máxima.

El funcionario, durante su presentación ante el tribunal de París, también cuestionó la imparcialidad misma del tribunal y dejó planteada la nulidad del eventual laudo, porque la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial es acreedor de Transportadora Gas del Norte (TGN) por US$ 200 millones y TGN es la empresa controlante de la firma CMS. Es decir, según el ministro, que el país está demandado ante el Banco Mundial por una empresa que, a su vez, le debe dinero al organismo.

Es imaginable que la apuesta del Gobierno no pretende romper lanzas con el tribunal del Banco Mundial, sino que aspira a dos objetivos: mientras intenta negociar en la Argentina con las empresas de servicios, procura que el tribunal arbitral dicte una sentencia de condena total que implique, para el país, un grave precedente en contra.

El Gobierno, previendo que el tribunal puede dictar una sentencia adversa contra el país, considera importante no sólo que se trata de una condena parcial a pagar menos dinero que el demandado (US$ 261 millones), sino que tiene interés en que se la sentencia, de algún modo, reconozca que la Argentina atravesó un verdadero estado de necesidad. De otra manera, podrían caer en cascada otras condenas por US$16.000 millones y, lo que es peor, otras empresas podrían verse animadas a presentar nuevas demandas.

En su presentación, el país intentó demostrar que la crisis fue completa: política, económica y financiera y que la pobreza saltó desde el 20, en 1998, hasta más del 50%, en 2003; que en 2001 el 48% de la población (17 millones de personas) no tenía cobertura médica y la abrupta caída del salario real. Todo un cuadro más serio que los tres días de crisis y "apenas" veinte muertos a los que el abogado de CMS habría reducido la crisis.

Los argumentos argentinos

Según pudo saber LA NACION, Rosatti, durante la presentación ante el Ciadi, habría sostenido diversos argumentos que las partes intentaron mantener en reserva.

Estos argumentos fueron también presentados en distintos gráficos, que el Gobierno entregó al tribunal y a la empresa:

• TGN, la empresa de la que CMS es accionista minoritario, durante muchos años se benefició cobrando tarifas altas, en cuyo cálculo estaba incluido el alto riesgo país de la Argentina, con tasas que son el doble de las que se calculan para una concesión en una economía más estable como la de Gran Bretaña.

• La empresa, para pagar menos impuestos a las ganancias, tomó una deuda sobre el capital propio más alta a lo habitual. Su apalancamiento (la deuda sobre el capital) llegó al 50%, habría sostenido Rosatti.

• El cálculo de las tarifas tuvo en cuenta una tasa de interés del endeudamiento menor al real. De otra forma, habría sostenido el funcionario en la audiencia reservada, las tarifas deberían haber sido inferiores.

• La Argentina se perjudicó indebidamente, porque el contrato con TGN se sujetó a la evolución del índice de precios al productor (PPI) de los Estados Unidos, que fue inusualmente alto y, además, al mismo tiempo, el país ingresó en un período de deflación. Este perjuicio se notó entre 1998 y mediados de 2000, cuando dejó de aplicarse ese índice por una resolución judicial, que la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo confirmó en octubre de ese año.

• Según el Gobierno argentino, como al empresa exporta gas a países vecinos, la proporción de tarifas en dólares sobre el total de lo que percibe, después de la crisis, se incrementó.

• Rosatti también habría intentado contestar, uno por uno, los más de treinta casos jurisprudenciales que citó la empresa para justificar que su inversión en la Argentina, por efectos de la pesificación, fue virtualmente expropiada. Para eso, el país procuró mostrar que los casos de expropiación a los que alude la firma sí efectivamente ocurrieron, básicamente en Africa y en Medio Oriente, y tuvieron una gravedad mucho mayor para las respectivas empresas que los perjuicios que sufrió CMS.

En esos casos se trató, directa y simplemente, de apropiaciones de empresas y nacionalizaciones de activos, extremos a los que nuestro país nunca llegó.

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