Quejas de productores chilenos
SANTIAGO, Chile (De nuestro Corresponsal).- Los productores chilenos de trigo, agrupados en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), comenzaron una ofensiva hacia el gobierno para extender las medidas antidumping que afectan a la harina de trigo procedente de la Argentina y que vencen el próximo 7 de enero.
La SNA, que ya presentó sus requerimientos ante la Comisión de Distorsiones para renovar las sobretasas impuestas por el gobierno de Michelle Bachelet en diciembre de 2006, ha manifestado una marcada preocupación por la tardanza de las autoridades en acoger su postura.
Fuentes del gobierno confirmaron a LA NACION que, de acogerse, la extensión de las medidas antidumping repetirá la sobretasa actual, que alcanza al 31,1% de recargo a toda importación de harina argentina, pero que ésta no se produciría antes de la segunda semana de febrero.
De esta manera, la preocupación de los productores apunta a la indefensión en que quedarían durante enero. Por ello, el presidente de la asociación chilena del agro, Luis Mayol, se reunió con la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, y le solicitó expresamente una norma provisional para los 30 o más días en los cuales la medida no se encuentre vigente.
Palabra de molinero
Ante la eventualidad de que el gobierno no acceda a ese pedido, el presidente de la SNA consiguió un acuerdo de palabra con la industria molinera chilena, según el cual estos no especularían con los precios de mercado. "Los molineros nos aseguraron que no iban a provocar una situación que impacte en los precios", dijo Mayol.
Los orígenes de las trabas a la harina procedente de la Argentina se remontan a una investigación oficiada por la Comisión de Distorsiones del Banco Central chileno, en octubre de 2006, tras las denuncias locales de presunto dumping en las exportaciones por parte de algunos molinos argentinos.
Ese mismo año se estableció una medida antidumping provisional del 16,2%, elevada posteriormente al 31,1%, para toda la harina de origen argentino. Ocurre que, según los cálculos de los productores chilenos, los molinos argentinos trabajan con un subsidio estatal cercano al 32 por ciento.
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