Polémica bonaerense. Quejas por el cobro del inmobiliario

ONG, en contra de incluirlo en los servicios

9 de septiembre de 2006

LA PLATA (De nuestra Corresponsalía).- Entidades de usuarios y consumidores pusieron en marcha ayer una campaña para impedir la aplicación de la ley sancionada por la Legislatura bonaerense que permite incluir los cobros impositivos en las facturas de servicios públicos. Los dirigentes iniciarán una recolección de firmas para presentar un petitorio con el fin de que el gobernador Felipe Solá no promulgue la norma y remitirán una carta al Organismo de Control de la Energía Electrica provincial (Oceba) para plantear la inconstitucionalidad de la medida. Asimismo, no descartan realizar presentaciones judiciales.

"La ley es un despropósito y nosotros haremos todo lo posible para impedir que se aplique", dijo a LA NACION el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Busetti, que aseguró que en la reunión de ayer participó una decena de entidades. Ayer, voceros de varias empresas que prestan servicios públicos en la provincia aseguraron que en sus compañías estaba estudiándose la letra de la nueva ley y dijeron que no hubo consultas previas con las concesionarias.

El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, manifestó su preocupación por la norma aprobada en la provincia de Buenos Aires que permite incluir los cobros impositivos en las facturas de los servicios porque sostuvo que "es de dudosa constitucionalidad". "Estamos analizando los textos completos de lo que aprobó la Legislatura bonaerense respecto de este tema", señaló Mondino, al tiempo que remarcó: "Queremos ver la incidencia que puede tener esto en los consumidores de la provincia".

Según su criterio, "esto puede ser violatorio a la Constitución y a las normas que protegen los derechos de usuarios y consumidores, según el artículo 42 de la carta magna". Y agregó: "Creo que una norma de la provincia de Buenos Aires no puede modificar marcos regulatorios nacionales".

El subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, defendió la nuevas medidas aprobadas por los legisladores oficialistas, sin el acompañamiento del radicalismo. "En los countries tenemos un 18 por ciento de morosidad, que es imperdonable", señaló Montoya, quien explicó que, si bien los countries no son "sólo para ricos", también es cierto que el vecino que vive en un barrio cerrado "tiene otros costos" que el vecino de "urbanización abierta" no tiene, lo que "nos hace suponer que tiene para pagar una seguridad privada y otros gastos, entonces debería poder pagar el impuesto inmobiliario".

El funcionario aclaró que la inclusión del pago de este impuesto en alguna de las boletas de servicios que pagan los vecinos será "compulsivo" para quienes integran un grupo de propietarios de viviendas de "valor fiscal superior a 180.000 pesos, que corresponden a unos 550.000 pesos en valor de mercado".

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