Quién se hace cargo del pasado (y del futuro)

Como si fuera un clásico Boca-River, la polarización de la campaña electoral deja más terreno para las zancadillas y chicanas que para un debate político racional. Los cruces entre Marcos Peña y Axel Kicillof en la Cámara de Diputados, acerca de quién debería hacerse cargo del pasado y del presente económico, no sólo son una muestra de la "grieta" abierta por el kirchnerismo en su afán de reescribir la historia reciente. También de las dificultades de la dirigencia política para plantear el futuro.

No hay debate posible cuando la estrategia de Cristina Kirchner es facturarle al gobierno de Mauricio Macri los costos de reparar parte de los daños que ella misma provocó y desentenderse de toda responsabilidad propia, incluso por los inocultables escándalos de corrupción de su gestión. Es patético que no haya habido una sola pregunta en este sentido en el reportaje televisivo armado por CFK para ensayar un discutido retorno al ruedo electoral en busca de visibilidad (y fueros). Y también que las primeras y contradictorias encuestas de imagen o intención de voto sean el GPS de muchos intendentes del conurbano bonaerense para decidir dónde ubicarse en la interna peronista.

En el campo de Cambiemos, el tono polémico que viene subiendo Peña probablemente sea una admisión demorada del pecado original de Macri: haber adoptado sus primeras y contundentes medidas económicas antes de blanquear (tarde y mal) que la política populista de CFK era insostenible. Algo así como haber dado por sobreentendido que recibía un auto con el motor fundido y una bomba de efecto retardado para explotar después de 2015. De ahí que mucha gente no se enteró o no quiso enterarse. Así, el alerta de que el camino conducía a Venezuela pasó a ser un hecho contrafáctico; paradójicamente, pese al mérito de haber evitado una crisis. Sólo ahora el Gobierno acaba de enfatizar que el 70% de la deuda externa colocada en 2016 se destinó a levantar hipotecas K (como el conflicto con los holdouts y el default). La postura ideológica de Kicillof de acusar a la Casa Rosada de "neoliberal", bien podría caberle a la mayoría de los gobernadores peronistas que avalaron esa ley del Congreso ante la evidencia de que, sin la reapertura del crédito externo, no podría financiarse el enorme déficit fiscal heredado, ni la incierta política elegida de bajarlo gradualmente.

Estos y otros chisporroteos de la campaña son atractivos como titulares periodísticos, pero ocultan lo esencial: la Argentina está estancada desde hace seis años, el PBI per cápita resulta similar al de 2011 y es ínfima la creación neta de empleos en el sector privado, porque la inversión es muy baja para sostener altas tasas de crecimiento.

Que la propuesta a futuro del kirchnerismo sea volver al pasado significa corroborar que no se pueden obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Pero también es cierto que el cambio que propone el oficialismo todavía está en pañales en muchos terrenos. Cada vez que Macri viaja al exterior e invita a invertir en la Argentina porque cambiaron las reglas, sus interlocutores advierten que esto es verificable principalmente en la reinserción en el mundo, el fin de los controles cambiarios y del intervencionismo estatal; pero no en cuestiones institucionales de fondo, que requieren de acuerdos políticos más amplios para que se transformen en políticas de Estado.

Nadie ignora que el movimiento pendular de las últimas décadas ha sido la causa de la decadencia argentina. Ni que, en perspectiva, el país se asemeja a quien gasta energías corriendo en una cinta fija.

A través de los años, el voto de buena parte de la sociedad se amoldó a esta configuración, en busca de resultados inmediatos para "zafar" de las crisis sin reparar demasiado en el largo plazo. No es extraño en un país que ahora debe estar batiendo el récord mundial de recambio de directores técnicos en equipos de fútbol como en la propia selección. Así pasó de las hiperinflaciones de 1989 (Alfonsín) y 1990 (Menem), a abrazarse al 1 a 1 de la convertibilidad de Cavallo. Y, tras el estallido de 2001, a aceptar a partir de 2007 (con Néstor Kirchner) que podía convivir con una inflación de dos dígitos anuales, falsificada en las estadísticas y que, al cabo de la "década ganada" (por CFK) aún mantiene a la Argentina entre los 10 países con mayor inflación del mundo sobre un total de 180. También avaló las privatizaciones del menemismo y las reestatizaciones del kirchnerismo, mientras internalizó la cultura del "roban pero hacen".

Esta historia reciente le agrega presión al oficialismo por mostrar resultados que aún no están a la vista, tanto en crecimiento y empleo como en descenso de la inflación y la pobreza. Y a dar por hechos cambios que están por verse. Más sensata aparece la posición expuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal en el Cicyp: importa más el rumbo elegido que los cambios, cuyos resultados necesariamente llevan tiempo debido al fuerte deterioro previo. No sólo en materia económica, sino en seguridad, narcotráfico, justicia, educación, inclusión social o salud.

Pero esto no evita algunos comportamientos contradictorios de la dirigencia política que se transmiten a la sociedad. Por caso, el revuelo provocado por la presencia de 175.000 jóvenes que hicieron largas filas en la Expo Empleo Joven 2017 para postularse a 11.000 puestos de trabajo ofrecidos por dos centenares de empresas. Aunque la muestra se realiza desde hace varios años, esta vez la asimetría fue politizada a tono con la campaña electoral.

Sin embargo, quienes se rasgaron las vestiduras ante el problema del desempleo juvenil (que duplica la tasa de desocupación nacional y la triplica en jurisdicción bonaerense), no hicieron hincapié en que la causa está en los altos costos laborales (extra salariales). Ni que hace más de un año está frenada en el Congreso la ley de Primer Empleo, para reducirlos en el período inicial de contratación.

A la vez, la nueva ley de Riesgos de Trabajo sancionada en marzo último (en este caso con apoyo sindical) para frenar la "industria del juicio" y los costos sobre los seguros que las ART trasladan a las empresas, sólo acaba de registrar la adhesión de Córdoba, mientras se espera que este mes haga lo propio la provincia de Buenos Aires, para sumarse a la Capital Federal, donde ya rige. En estas tres jurisdicciones se concentran algo más de 94.000 de los 127.000 juicios iniciados sólo en 2016 y ambos números se duplicaron en cinco años.

Más complicado para la Casa Rosada será lograr la adhesión de los gobiernos provinciales a la reducción o reemplazo del impuesto a los Ingresos Brutos, que equivale -como otros gravámenes- a una suerte de "mordida legal" sobre la facturación de empresas (ganen o pierdan) y termina trasladándose a los precios. Tras sucesivas subas de alícuotas, ya supera el 70% de la recaudación propia de las provincias. Y agrega más complicaciones al escenario fiscal de la Argentina, un virtual consorcio donde abundan los que votan aumentos de gastos públicos, con la pretensión de que los costos recaigan sobre la abrumadora minoría que paga. Otra asignatura pendiente para el futuro.

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