Reactivar con la construcción, una vieja promesa incumplida

También lo anunciaron la Alianza y Duhalde
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19 de mayo de 2003  

El hombre frunció el ceño, inclinó la cabeza y dijo: "¿Le parece que esta vez será?" Esa fue la respuesta que dio un directivo de uno de los grupos constructores más importantes del país cuando LA NACION preguntó qué expectativas hay ante el plan de obras que promete la próxima gestión. Fue el lunes último, tras un acto en el que el ministro Roberto Lavagna terminaba de pedir que la gente sea más optimista y menos agorera.

¿Será esta vez, finalmente, que la obra pública se tomará en cuenta como motor de recuperación, como generador de empleo? Eso quieren saber empresarios y gremios del sector (los obreros desocupados superan los 500.000) cuando escuchan que la infraestructura marcará el Norte durante los primeros meses del nuevo gobierno.

Motivos para dudar tienen. Y no son pocos, por cierto.

No es la primera vez que un gobierno plantea el impulso a la obra pública. También fue una promesa electoral hecha por la Alianza. Hasta Eduardo Duhalde habló de fomentar la infraestructura durante su gobierno de transición, y para eso justificó la designación de Hugo Toledo como asesor presidencial en la materia. Pero en los hechos poco ocurrió.

Hoy la infraestructura existente está deteriorándose porque hasta el mantenimiento escasea. Fuentes de Vialidad Nacional dijeron a LA NACION que de los 40.000 kilómetros de la red troncal 11.000 están en estado "muy malo o complicado". Ni qué decir de la red de caminos de tierra por donde el campo saca su producción, que debe tirar cuando por cuestiones climáticas los camiones no pueden entrar ni salir.

En el sector de la vivienda la situación es igualmente crítica. Datos del área marcan que para que el déficit habitacional estructural no aumente hay que construir 120.000 unidades por año. Además, el plan Fonavi se encuentra paralizado (según números de la Mesa del Diálogo Argentino hay 58.000 unidades detenidas), porque las provincias usan esos fondos para otros fines. La Argentina, dicen los empresarios, sufre las consecuencias de la incapacidad política que imperó durante años para definir el camino por seguir. "Es increíble que ningún gobernante haya visto el efecto multiplicador que tiene, con un alto impacto en la recuperación del PBI y en la ocupación de mano de obra", dijo otro empresario.

Si bien la plataforma de gestión de Kirchner cita los lineamientos de cómo sería el plan (sin detallar obras), cuáles los objetivos y montos estimados, falta especificar lo fundamental: las fuentes reales de financiamiento. No debe perderse de vista que la Argentina está en default, con las puertas del exterior y del interior cerradas al crédito, y que entonces el grueso de los desembolsos deberá salir del Tesoro, más allá del redireccionamiento de préstamos que pueda hacer el Banco Mundial.

José María Las Heras, economista de Kirchner, dijo que el Estado debe ser el promotor de la actividad a través de la obra pública, pero teniendo bajo control el déficit fiscal. Por eso, apuntan a controlar el gasto público y aumentar el superávit.

En 1999 la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) presentó una propuesta que fijaba el rumbo para los siguientes 20 años. Proyectaba una inversión anual de US$ 5000 millones haciendo foco en obras viales y viviendas. Cuando Fernando de la Rúa llegó a la Casa Rosada tomó ese plan como base y junto con todas las provincias diseñó el Plan Federal de Infraestructura: 2800 obras por 20.500 millones de pesos (o dólares en ese entonces) en un plazo de cinco años. Pero aun después de haber prometido en diciembre de 2000 que "la apuesta será reactivar con obra pública", las licitaciones brillaron por su ausencia. En septiembre de 2001, tres meses antes del abrupto fin de su gestión, volvió a la carga: presentó el programa "Reactivación y crecimiento a través de la infraestructura", que quedó trunco.

Tras la devaluación

La situación no mejoró en 2002. Según datos de la CAC, ese año se invirtieron en obras públicas 2500 millones de pesos, lo que representa un 0,7% del PBI. En ese contexto, la entidad le encomendó a Carlos Melconian la elaboración de un plan posdevaluación.

Así, el economista (antes de ser el candidato de Carlos Menem a ocupar el Ministerio de Economía) y su socio, Rodolfo Santangelo, diseñaron lo que los empresarios presentaron como "plan posible". Propone una inversión pública de no menos del 2% del PBI entre 2003 y 2007; darle prioridad, junto al gasto social, al aumento del gasto de capital cuando la situación fiscal lo permita, e independizar los fondos para la obra pública dentro del presupuesto vía fondos fiduciarios.

La meta cuantitativa es pasar de los $ 2500 millones invertidos en 2002 a $ 7000 millones en 2005, de los cuales $ 5500 aportaría el Estado y $ 1500 millones las AFJP, y llegar a los $ 10.000 millones en 2007. El programa plantea que la construcción "puede aportar en los próximos cinco años un 3,5% anual al PBI y crear 382.000 puestos de trabajo". Hace centro en la construcción de viviendas, cerca de 50.000 por año, y en los caminos. Números bastante parecidos a los que tienen en mente los técnicos de Kirchner.

El trabajo fue entregado por la CAC a Daniel Scioli. Las autoridades electas también recibieron la propuesta de Guillermo Laura, que en los años 90 presentó a Menem un proyecto para construir 10.000 km de autopistas.

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