Recetas antiguas para nuevos problemas económicos

Sin un programa explícito y con señales confusas, los múltiples problemas macro y microeconómicos agudizados por la pandemia y la escasez de reservas líquidas del Banco Central hacen que cualquier tipo de acuerdo de precios y salarios para contener la inflación tenga pronóstico reservado. Por más que el objetivo del Gobierno para este año electoral sea bajarla a 30%, esta antigua receta se asemeja más a una curación de urgencia en la sala de guardia que a un tratamiento consistente para superar la enfermedad.

Lo mismo ocurre con la prórroga hasta fin de marzo de los desdibujados precios máximos, la prohibición de despidos, la doble indemnización o el congelamiento de alquileres y desalojos. También con los controles cambiarios, la restricción de importaciones; la suba de retenciones; el congelamiento de tarifas y los topes arbitrarios en medicina prepaga y telecomunicaciones.

Este viejo recetario intervencionista coexiste con los nuevos problemas socioeconómicos generados por la pandemia de Covid, que se traducen en un año perdido para la educación; caída de ingresos reales y del trabajo informal; mayor pobreza; retracción del consumo; heterogéneo rebote de la actividad económica; cierres de comercios; desplome de la inversión privada y nula creación neta de empleos formales, salvo en el sector público. Pero no ofrece soluciones sino, a lo sumo, paliativos transitorios.

Ni empresarios ni sindicalistas tienen en este contexto una perspectiva de lo que podría ocurrir en 2021. Algunos sectores (como hotelería, turismo y gastronomía) no están en condiciones de acordar aumentos, sino que dependen de la asistencia estatal (reducida al Repro II de $ 9000 mensuales) para pagar salarios. Y otros, como la educación privada o la medicina privada, no tendrían más remedio que trasladarlos a las cuotas.

En medio de la politización del operativo para aplicar las vacunas que tardan en llegar, las únicas certezas son la intención oficial de llegar a las elecciones de octubre sin un desborde inflacionario ni sobresaltos con el dólar y de evitar la restricción de actividades habilitadas para mejorar los ingresos fiscales.

La contracara está en los sucesivos aumentos de combustibles, fletes y costos, la mayor presión tributaria y la falta de coincidencias oficiales sobre el diagnóstico, que dificulta la posibilidad de alinear expectativas económicas.

Esta semana, en un reportaje con el canal C5N, el ministro Martín Guzmán produjo dos definiciones cuya aplicación práctica está por verse.

Una es teóricamente inobjetable: los subsidios del Estado a las tarifas (congeladas desde hace 22 meses) se pagan de alguna forma, ya sea bajo la forma de impuestos, tomando deuda o con emisión monetaria que termina presionando sobre el tipo de cambio, explicó. Si bien fue interpretada como una advertencia para evitar un mayor atraso tarifario, no especificó en cuánto tendrían que ser ajustadas para no abultar la cuenta de subsidios. Ni, en caso contrario, por cuál de las opciones se inclinaría para cubrirlos (o por las tres simultáneamente, excepto con crédito externo que está cerrado). La realidad indica que un ajuste de tarifas de 9% -como la propuesta que se atribuye a Cristina Kirchner-, será insuficiente para mantener este año los subsidios en 2,2% del PBI (1,7% en energía y 0,5% en transporte), el mismo nivel de 2020.

La otra definición es más discutible y no sólo por este motivo. Guzmán sostuvo que el Presupuesto 2021 es el "corazón del programa económico". Sin embargo, la historia clínica le juega en contra. En los últimos 12 años, los gastos superaron sistemáticamente a los autorizados en cada ley de presupuesto, al igual que el déficit primario (sin intereses de la deuda) salvo en 2019. El presupuesto de 2020 (una prórroga del de 2019) no fue la excepción, ya que el impacto de la emergencia sanitaria pandemia provocó que el gasto público tuviera una suba extra de $ 2.9 billones (casi 60%) y los ingresos cayeran en términos reales. Según la ASAP, los mayores aumentos correspondieron a programas de la Anses como prestaciones previsionales ($ 591.676 millones); IFE ($ 269.630 millones) y ATP ($ 224.494 millones).

Para 2021, el presupuesto prevé reducir el déficit primario de 6,5 (el más alto desde la década del ’80) a 4,5% del PBI con la eliminación de los gastos asociados al Covid, aunque ese objetivo dependerá de la evolución de la curva de contagios y la vacunación.

La buena noticia es que la mejora de los precios internacionales de los granos significará un ingreso extra de unos 7000 millones de dólares, que aportará más de $ 300.000 millones en derechos de exportación pese a la reducción de la cosecha de soja por la sequía. Pero fue opacada por las declaraciones periodísticas de Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, al no descartar una suba extra de retenciones que puso en guardia a los productores. Difícilmente esta posibilidad se justifique en defender la "mesa de los argentinos", porque la producción se exporta en un 95%. Quizás apunte a que los productores anticipen ventas para cubrirse, pero significa una señal contra la inversión. O que el gobierno busque más ingresos para achicar el déficit fiscal y apurar el acuerdo con el FMI.

En este sentido, un informe de la consultora Analytica estima que el Gobierno podría bajar el déficit primario a 2,6% del PBI si desmantelara casi todo el "gasto Covid" (3,1%), excepto 0,6% para planes alimentarios. A este cálculo agrega que el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria implicaría un ahorro de 0,8% del PBI y de 0,2% en la Asignación por Hijo y pensiones, más una nueva baja en los salarios del sector público (0,2%), que podría destinar a un impulso a la obra pública (0,2%, muy inferior al previsto en el presupuesto) y otro tanto a subsidios para moderar el ajuste tarifario. Este esquema cerraría con una emisión del BCRA no superior a 1,5% del PBI, que obligaría al Ministerio de Economía a obtener algo más de un punto del producto ($394.000 millones) por encima de los vencimientos de capital e intereses con el sector privado para este año.

La urgencia de acordar con el FMI antes de mayo responde además a otro motivo. En ese mes vencen US$ 2600 millones de deuda con el Club de París (sobre un total de 4883 millones), que no podrían ser refinanciados sin la aprobación de un programa económico. Y si bien la Argentina acaba de cancelar un vencimiento de US$ 305 millones con el Fondo, este año debería reestructurar a largo plazo otros por 4767 millones que romperían el frágil equilibrio externo, sin contar los US$ 44.000 concentrados entre 2022 y 2023.

Puertas adentro hay otro problema. En un artículo publicado por LN digital el último miércoles, la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos sostuvo que en 2019 quedó demostrado que la emisión cero no sirvió para evitar una inflación de casi 54% (omitió el salto del dólar de 50% post PASO), que la actual suba en los alimentos responde al aumento de las commodities y alienta la puja distributiva. De ahí que defendió su teoría de la "maldición" de exportar alimentos y la necesidad de desacoplar el precio internacional de exportación de los precios domésticos. Omitió señalar los crónicos desequilibrios macroeconómicos de la Argentina y que otros países de la región exportadores de alimentos tienen una inflación de un dígito anual como Brasil (4,5%), Uruguay (8%) y Paraguay (2,9%), sin aplicar retenciones. Ni hablar de Canadá o Nueva Zelandia. Las viejas recetas siempre están a mano para salir del paso.

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