Reclamo ante la Justicia

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23 de agosto de 2001  

La Justicia analiza un pedido para que se deje sin efecto la puesta en marcha del sistema "el que llama paga" en la facturación de los teléfonos celulares, que está prevista a partir del 1° del mes próximo. La jueza Cristina Carrión de Lorenzo recibió ayer una solicitud de medida cautelar presentada por la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, en la que se sostiene que el costo de 25 centavos más IVA el minuto implicaría un aumento en las llamadas del 5 al 15 por ciento.

Este mecanismo, conocido como "calling party pays", fue instruido por la Secretaría de Comunicaciones. Implica que la llamada desde un celular a otro celular pagará 25 centavos el minuto. A cambio, aquel móvil que reciba una llamada proveniente de otro celular (que muchas empresas ya bonificaban), no tendrá costo alguno.

Según el escrito, la medida "limita, restringe, falsea o distorsiona la competencia mediante la concertación (entre las empresas), constituyendo un abuso de la posición dominante de las empresas oligopólicas con perjuicio para el interés económico general". Agrega que "esta modificación de las tarifas es resultado de un acuerdo privado entre las empresas, en una actitud que limita la competencia y mantiene como rehenes a los siete millones y medio de usuarios de celulares".

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