Reformas impositiva y previsional, entre la necesidad fiscal y la negociación inevitable

Con el impulso que le dieron los votos del domingo 22, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se lanzó a darle forma al debate de temas de la economía que ya se venía planteando, pero hasta ahora sin definiciones concretas. Las reformas tributaria y previsional, de hecho, están comprometidas por leyes que el Poder Ejecutivo promovió y logró que se aprobaran en el Congreso.

En el primer caso, el mandato es que se aprueben cambios en 2018 (más allá de que las modificaciones serían graduales); en el segundo caso, el plazo dispuesto es de tres años, contados desde la vigencia de la ley 27.260 –la que dispuso el plan de reparación histórica para jubilados y pensionados de la Anses–, lo cual implica que para mediados de 2019 debería existir un proyecto definitivo para un nuevo sistema previsional.

Con el objetivo de equilibrio fiscal en ambos casos –ese es “un requisito indispensable”, según lo definió el propio Macri–, ahora comenzarán las discusiones. No faltarán condimentos que se irán conjugando, dada la complejidad del sistema tributario y del esquema del financiamiento de la seguridad social, y dada también la complejidad de las relaciones de la Nación con las provincias.

Algo que agrega elementos para el debate es la pretensión de que un nuevo esquema persiga, además del equilibrio, metas de equidad y progresividad. Más allá de que procurar el cumplimiento de esos dos principios sea necesario para sostener las reformas desde la parte técnica, en el plano político resulta algo esencial para la viabilidad y la mayor aceptación social posible de los cambios.

El Presidente, de hecho, no precisó hoy cuál es la propuesta en materia jubilatoria, pero sí se ocupó de de destacar el objetivo de tocar las prestaciones de privilegio. Desde el punto de vista de los números, no será eso lo que garantizará sustentabilidad, pero no por ello la definición, sobre todo desde el punto de vista comunicacional, deja de ser algo central.

En materia tributaria, Macri volvió a insistir en su pedido de compromiso a las provincias y a los municipios. Bien se sabe que, en los hechos, una ley nacional podrá referirse a modificar impuestos considerados distorsivos, como el que pesa sobre los débitos y créditos bancarios, que fue establecido por una emergencia durante la crisis de principios de siglo, pero que se volvió difícil de eliminar por lo que ya representa en los montos de la recaudación y por la facilidad con que el Estado obtiene los recursos. También podrá el Congreso nacional corregir cuestiones del IVA y de Ganancias, éste último, un gravamen que quedó herido por los ajustes insuficientes, desprolijos y tardíos que hubo en los últimos años frente a los daños de la inflación.

Sin embargo, no le corresponden al sistema nacional dos de las cargas fiscales que, cuando se habla con empresarios y tributaristas, son mencionadas entre las más perjudiciales para el sistema productivo: Ingresos Brutos, de recaudación provincial, y el conjunto de tasas municipales, la fuente de ingresos directos en las gestiones locales.

En los últimos días, hubo señales de tres jurisdicciones respecto del primer punto: la ciudad y la provincia de Buenos Aires y Córdoba presentaron sus proyectos para disminuir alícuotas de Ingresos Brutos, un tributo que puede representar unos siete pesos de cada diez que recaudan por cuenta propia las administraciones provinciales. En materia de tasas municipales, fue el propio Macri quien, la semana pasada, dio una señal fuerte, al presentarse a la Justicia para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la Ecotasa dispuesta por la municipalidad de Bariloche, una carga que pagan todos los turistas desde este año. ¿El argumento del Poder Ejecutivo nacional? La carga no contempla una contraprestación específica, como se les requiere a las tasas locales, y se convierte así en un tributo que pesa sobre el consumo de un servicio, algo que ya está gravado por un impuesto nacional.

En todo caso, esa señal que se envió con la presentación a la Justicia parece estar en línea con el mensaje en el que insistió ayer el mandatario: el no gastar más de lo que se recauda es el principio reclamado a gobernadores e intendentes.

Cambios en jubilaciones

Al referirse a las jubilaciones, Macri llevó la cuestión del equilibrio a mediano y largo plazo. “Sabemos que el sistema esconde inequidades y no es sustentable”, afirmó. Y deslizó afirmaciones vinculadas con uno de los puntos más sensibles de lo que podría ser un cambio a futuro. No dijo nada concreto respecto de un posible aumento de la edad jubilatoria, pero sí cuestionó las diferencias en la edad de retiro de diferentes sistemas, lo que podría interpretarse como un mensaje para las provincias que mantienen sus regímenes previsionales para empleados públicos, sin armonizarlos con el de la Nación.

El Presidente también dijo que el sistema jubilatorio seguirá siendo público, universal y de reparto. Esa definición, de hecho, está incluida ya en la ley 27.260, donde se agregan otras tres condiciones: integral, solidario y sustentable. Las tres características citadas por Macri son las que pueden garantizarse por una regulación básica. Las otras tres cuestiones se asemejan más a una declaración de principios, a cuáles son las metas a alcanzar. Y, sin dudas, se abrirá una discusión para nada menor, sobre un tema que resulta sustancial para los números fiscales y, a la vez, para la calidad de vida de millones de argentinos.

Pero no sólo la discusión comprometida por ley, que deberá darse antes de 2019 y dentro de una comisión especial, traerá un debate difícil. Macri planteó hoy que habrá algunas propuestas más urgentes, para “la transición”. Y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló que se pretende modificar el sistema de movilidad jubilatoria, es decir, la manera en que se actualizan los haberes mensuales en forma periódica. Desde 2009 está vigente una fórmula que contempla, entre otras variables, la evolución de la recaudación de impuestos destinados al pago de las jubilaciones y el nivel de suba nominal de un índice salarial. La propuesta oficial es que la actualización se haga directamente según la inflación y con frecuencia trimestral, en lugar de semestral como es actualmente.

Si terminará siendo así o no, al igual que en todo lo que se proponga en material previsional, tributaria y laboral, será definido por la capacidad de negociación y las concesiones mutuas entre los actores sociales.