Reiteró la Presidenta que el Gobierno no les pagará más a los fondos buitre

A través de su cuenta en la red social, insistió en que el país es un caso testigo en materia económica y política; expectativa por lo que pueda decidir la corte de Nueva York
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4 de marzo de 2013  

La presidenta Cristina Kirchner reiteró ayer que el Gobierno está dispuesto a pagarles a las fondos buitre, pero en las mismas condiciones que lo hizo con los tenedores de deuda en default que entraron en el canje de 2010.

Una vez más, la primera mandataria eligió la red social Twitter para difundir su decisión. A través de una cadena de 20 posteos, sostuvo: "Estamos dispuestos a pagar a estos fondos buitre, pero no en mejores condiciones que al 93% que entró al canje".

Entre elogios a su gestión y críticas a los opositores, la Presidenta sostuvo que, en materia de renegociación de sus pasivos en default, "la Argentina, los 40 millones, hemos hecho un esfuerzo descomunal. Estamos pagando regularmente nuestras deudas". Y remarcó que el país "es un leading case (caso testigo). Pero no solamente uno económico, como quieren hacernos creer, o financiero, es un leading case político".

Cristina Kirchner reiteró los principales conceptos vertidos por el vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en una entrevista que publicó ayer el diario Página 12.

En Nueva York, la Corte de Apelaciones espera una respuesta del Gobierno sobre su plan de pago para los llamados "fondos buitre". Pero el consenso es que si la Argentina no presenta "algo potable", la sentencia condenatoria quedará en vigor y, con ello, el riesgo a que el país caiga en suspensión de pagos.

El pedido se da en un escenario estrecho. Los jueces no parecen muy abiertos a aceptar que los "holdouts" cobren "lo mismo" que quienes aceptaron canjes y el Gobierno asegura que no pagará más que eso. La coincidencia entre quienes siguen el caso es que la situación, planteada así, deja un margen muy angosto para la negociación.

"Yo no soy muy optimista sobre la posibilidad de que la Argentina presente una propuesta constructiva", dijo Anna Gelpern, académica en litigios financieros internacionales de la American University, que viene siguiendo el caso.

"Tampoco lo soy sobre la posibilidad de que los demandantes se muestren, de pronto, dispuestos a aceptar" las quitas que sí suscribieron quienes entraron en los canjes de deuda, completó.

La posibilidad de que la Argentina abra un tercer canje de deuda para los "holdouts" fue el argumento en el que más parecieron interesarse los tres magistrados que el miércoles pasado escucharon los argumentos tanto de la Argentina como de los fondos especulativos que demandaron al Gobierno. Se espera ahora que el país formalice su programa de pagos. ¿Qué hará la Corte con eso? Las conjeturas son varias. La más pesimista dice que sólo quiere tener por escrito algo concreto para que la "responsabilidad" de lo que acontezca caiga claramente sobre las partes y no sobre quienes dirimen entre ellas. Los más optimistas dicen que si la Argentina presenta "algo potable" puede abrirse una nueva puerta, aunque no una negociación. "Difícilmente la Corte acepte ese papel", dijo un abogado familiarizado con el caso.

"Lo que está en juego no es el monto de la deuda, porque ya está claro que es el cien por cien, sino la fórmula de pago", añadió. Desde ese punto de vista, su expectativa es que la Argentina sea capaz de presentar algo que sea "un buen negocio" para los demandantes.

El argumento se apoyó en lo sucedido con el canje de 2010, que se abrió sobre la base de una negociación entre partes. Lo que sí queda claro es que un nuevo plan de pagos debe contar no sólo con el aval de la Corte de Apelaciones sino, también, con el del juez de primera instancia, Thomas Griesa.

Mientras se devela qué pasa con el plan de pagos, queda todavía la posibilidad de que la Argentina escape a la condena por el lado de las "terceras partes" afectadas.

Si la Corte ratifica el fallo de Griesa pero exonera al Bank of New York, el dinero que la Argentina gira para pagar a sus acreedores quedaría a salvo de embargos. Habría desacato, pero no suspensión de pagos.

Con la colaboración de Silvia Pisani, corresponsal en Washington

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