Restituyen el pago de cargas familiares

Dan marcha atrás con una derogación
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7 de diciembre de 2001  

El Gobierno dispuso ayer, por decreto de necesidad y urgencia, restituir la vigencia de cuatro asignaciones familiares que habían quedado derogadas por una decisión del mes pasado. Se trata de las prestaciones por prenatalidad, nacimiento, matrimonio y adopción.

Según lo dispuesto por el decreto 1604, las condiciones en que se pagarán esos beneficios serán las mismas que regían por la ley 24.714. A la vez, se aclara que el resto de las prestaciones se guiarán por las disposiciones del decreto 1382, que creó el Sistema Integrado de Protección a la Familia (Siprof), cuya puesta en marcha está prevista desde el 1° de enero próximo.

De esta manera, si llega a instrumentarse ese régimen coexistirán dos sistemas desde el punto de vista de las condiciones para acceder a los pagos: la ley 24.714 otorga el derecho a los beneficios a quienes cobran hasta $ 1500 por mes, mientras que el decreto 1382 redujo ese tope a $ 1000.

En consecuencia, un trabajador que cobre entre $ 1000 y 1500 podrá cobrar la asignación mensual por hijo antes del nacimiento (la prenatal), pero luego dejará de percibirla. En el caso de un empleado que gana hasta $1000, seguirá recibiéndola, pero con un monto diferente. Mientras que la prenatal será de $ 40 si gana menos de $ 500 y de $ 30 si gana entre esa cifra y $ 1000; el pago por hijo luego del nacimiento será de $ 30.

En el caso de la asignación de pago único por nacimiento, el monto es de $ 200. Por adopción se perciben $ 1200, en virtud de una norma que en su momento buscó incentivar la decisión de tomar un hijo a cargo.

El pago por matrimonio será de $ 300, siempre según los motos establecidos en 1996 por la ley 24.714, cuya vigencia quedó parcialmente restituida.

Reforma cuestionada

El decreto aclara en sus considerandos que se "mantienen totalmente vigentes las razones y fundamentos que diero origen al decreto 1382", ratificando de esa manera la pretendida extensión de la cobertura de las asignaciones familiares a los trabajadores que están fuera de la seguridad social, por ser informales, e incluso a los desempleados.

Sin embargo, aún hay muchas dudas respecto de la instrumentación del Siprof a partir del mes próximo. Se prevé que el sistema costará unos $ 2641 millones en 2002, contra los $ 2100 anuales que insume el régimen actual. La suma de las cuatro prestaciones que se agregaron ayer costaría otros $ 50 millones al año.

Más allá de las necesidades de financiamiento, el régimen impulsado por la ex ministra de Seguridad Social Patricia Bullrich no tiene pleno aval político en el Gabinete, y menos aún en el Congreso, donde legisladores del justicialismo nunciaron que, si se envía un proyecto de ley, tal como anunció el propio presidente de la Nación, no lo aprobarán.

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