Un venta resistida. Retroceso con el Nación

Debate: distintos funcionarios dijeron ayer que su transformación en sociedad anónima no será el paso previo para la privatización de la entidad.

16 de diciembre de 1998

La transformación en sociedad anómina del Banco de la Nación Argentina (BNA) no será un paso previo para la privatización de la entidad según se preocuparon en aclarar ayer distintos funcionarios gubernamentales.

Presionado por la ola de reacciones contrarias que provocó la reaparición del posible traspaso al sector privado del mayor banco público argentino, el Gobierno debió puntualizar ayer que la idea de modificar la organización jurídica de la entidad se limita sólo a "dotarlo de agilidad para competir en igualdad de condiciones con la banca privada", según coincidieron en detallar el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Miguel Kiguel y el propio titular del BNA, Roque Maccarone.

El objetivo central del cambio, que cuanta con la aprobación de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que inspecionan el país, es sacar al banco de las ataduras que para su manejo en un contexto competitivo como el actual supone su sujeción a las regulaciones que norman el funcionamiento del resto de la administración pública nacional.

Actualmente, la entidad está obligada a solicitar una aprobación explícita para realizar cualquier inversión que supere el millón seiscientos mil pesos. El desembolso debe contar con el visto bueno de al menos tres organismos: el propio Ministerio de Economía, la Secretaría de Función Pública y la Auditoría General de la Nación.

Pero el esfuerzo por aclarar las cosas no alcanzó para disimular las diferencias que en el seno del Gobierno existen sobre esta cuestión.

Mientras Maccarone puntualizó ante La Nación que "la idea de transformar el banco en una S.A. no esconde la intención de privatizarlo" y no dudó en considerar que con este nuevo proyecto "se abandonó la idea de privatizar el banco", Kiguel debió admitir que el BNA no pasará a manos privadas por la resistencia política que enfrenta cualquier iniciativa en ese sentido. Pero no se privó de ratificar que la opinión de la conducción económica es que no permanezcan bancos en manos del Estado. "Nuestra posición sobre la banca pública ya se conoce, no hace falta que la repita. Aceptamos el hecho de que la mayoría en el Congreso hoy no está de acuerdo con privatizar. No vamos a ir en contra de la mayoría", aseguró.

Maccarone, por su parte, se encargó de dejar en claro que la posibilidad de vender el BNA fue siempre una idea que manejó Economía. "Nunca fue una imposición del FMI como tanto se dijo, sino una iniciativa del Gobierno que el año anterior incluyó la privatización como una meta", explicó.

Y Kiguel fue detallista al explicar los alcances de lo acordado con el FMI. "Es apenas un cambio en la estructura jurídica de la entidad, lo que no implica que en este momento se vaya a privatizar", repitió.

Aclaró además que el compromiso asumido supone que el proyecto de ley que permitiría este cambio deberá estar en el Congreso cuando una misión del organismo internacional llegue en junio próximo para realizar la primera revisión del cumplimiento de las nuevas metas. "Para el segundo monitoreo, en enero del 2000, tendría que estar aprobado", detalló luego.

Pero coincidieron al sostener que la modificación dará más libertades a la conducción de la entidad.

La seguidilla de aclaraciones la había comenzado en la mañana el presidente Carlos Menem al asegurar que "todavía no está en nuestros planes" la privatización. Pero el ministro del Interior, Carlos Corach, previamente había sumado confusión al defender su venta. "Si se transfiere una parte, igualmente se mantendrán los créditos a las Pyme y al campo", opinó.

El cambio de postura facilitaría el trámite parlamentario para esta transformación, según pudo comprobar La Nación al consultar a diversos legisladores.

Para asegurarlo, Maccarone propone que el texto que se envíe a consideración del Congreso contenga una cláusula explícita que reconozca que la decisión de privatizar la entidad "está en manos de los legisladores y necesitaría de otra ley".

La reaparición por unas horas de la posibilidad de que el BNA sea privatizado levantó fuertes críticas desde todos los sectores.

Enrique Crotto, titular de la Sociedad Rural Argentina, alertó que el cambio de estructura del BNA podría abrir la puerta para una privatización al mostrarse descreído sobre la posibilidad de que "quien invierta su dinero no quiera obtener también el timón de la entidad". También rechazaron la posibilidad de una venta legisladores de distintos partidos y entidades representativas de la producción.

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