Ricardo Delgado: “A la inflación no la resuelve un ministro, sino la política”

Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA); fue director ejecutivo de Ecolatina, consultor del PNUD (ONU), el Banco Mundial y el BID; actualmente es socio y director de la consultora Analytica; fue asesor de Sergio Massa y, luego, funcionario en el Ministerio del Interior durante la gestión de Mauricio Macri

Para el economista Ricardo Delgado, la suba del precio de la soja explica en gran medida la interna del Gobierno, que se materializó con la disputa en torno a las tarifas entre el ministro Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. “Lo que se está discutiendo es qué hacer con la renta extraordinaria que no estaba prevista cuando se armó el presupuesto y se estimaron los recursos fiscales del año”, plantea el economista, socio de la consultora Analytica y con experiencia en la política: fue asesor de Sergio Massa en la década pasada, y luego se desempeñó como subsecretario de Planificación de Obra Pública Federal, durante el gobierno de Macri.

En esa disputa, según la visión del analista, es clave la proximidad de las elecciones legislativas, cuyo resultado “es crucial para la gobernanza de la economía hasta 2023”. Con una mirada que no desvincula a la política de la gestión económica, Delgado plantea que el país está trabado en tres objetivos claves, “complejos de administrar”. “El primer objetivo básico de este Gobierno y de cualquier gobierno es ganar las elecciones. El otro elemento básico es reducir los efectos de la pandemia en la actividad y el empleo, porque si bien ha recuperado algo, todavía hay 700.000 puestos sin recuperar. Y el tercero es bajar la inflación, algo a lo que evidentemente no le puede encontrar la vuelta”, plantea Delgado, quien además, analiza la dinámica del dólar, advierte sobre los US$180.000 millones que los argentinos atesoran fuera del sistema, y destaca que en la última década el sector privado fue deficitario en dólares.

–¿Qué efectos tienen episodios de tensión en un gobierno como el de las tarifas?

–El precio de la soja permite discusiones políticas interesantes y el affaire de las tarifas y los subsidios es una de ellas. La recaudación está creciendo al 20% real en términos interanuales y es un dato importante, y lo que se discute es qué hacer con una recaudación adicional no prevista por la suba de la soja. No es solo una interna política; es mucho más que eso. Es una divisoria de aguas con dos visiones de cómo resolver un tema. Y este tipo de conflictos provoca también mayor incertidumbre y retracción en las decisiones financieras. Es natural que el mercado se corra en meses previos a una elección, pero estos comportamientos le agregan más incentivo al wait and see.

–¿Y hasta dónde puede escalar esa disputa?

–Hay que entender que Guzmán apunta a una lógica de ajuste silencioso, que ya se dio en el primer trimestre. Entre diciembre y marzo tuviste un nivel de déficit primario muy bajo, el más bajo en los últimos seis años, hay un ajuste importante desde lo monetario. El M2 privado [el circulante en poder del público más los depósitos a la vista en pesos] está cayendo entre 4 o 5% en términos reales. Y ese ajuste silencioso en marcha está facilitado por la recaudación extra que trae el boom de las commodities. Eso, con la ofensiva del ala más cristinista de la coalición, se pone en duda. El objetivo de este Gobierno, y de todos, es ganar elecciones, y es clave entender que cuando tenés una visión de la política bien orientada en los sectores más vulnerables, una suerte de política conurbana, el consumo es lo que tracciona el voto, y eso depende básicamente de los salarios, que vienen cayendo violentamente desde 2018. El cristinismo entendió que por eso perdió Macri en 2019 y quiere evitarlo. [El razonamiento es que] si no se puede bajar la inflación, por lo menos que no haya aumentos de tarifas que nos saque de la cancha de forma tan temprana. Porque el gasto social y las jubilaciones hasta acá caen en términos reales.

–¿Cuán sustentable es ese esquema?

–Claramente, el Gobierno prefiere la táctica a la estrategia, empujar con la barriga y, mientras, llegar a septiembre con una buena cantidad de vacunados y con el tipo de cambio atrasado, que es otra política que aplica a este Gobierno y el anterior en 2017. Eso, planchar las tarifas, inyectar algo de ingreso a los sectores vulnerables y controlar precios para intentar bajar la inflación. Son medidas de corto plazo que no generan condiciones para un crecimiento sustentable o consistente. La cuestión de fondo es que si no le encontrás la vuelta a cómo bajar la inflación, esto es corto plazo puro. Entre 2018 y 2020 la inflación acumuló 200%, este año va a ser de entre 40% y 45%, y es insostenible. Son economías que no pueden funcionar en condiciones normales. Pero tampoco es fácil ni se puede hacer en poco tiempo. Ya hubo quienes lo plantearon y lo hicieron mal.

–¿Qué medidas hacen falta?

–Se requiere tiempo y persistencia en las políticas. Eso exige consenso político y eso hoy parece ser un activo absolutamente inasible, porque estamos en tiempo de elecciones intermedias, en las que no se juegan cargos ejecutivos y las posiciones más extremas tienen más valor en términos electorales. La pregunta es qué pasará tras las elecciones. Después, hay consenso amplio entre economistas en cuanto a que bajar la inflación requiere herramientas fiscales y monetarias y tener certidumbre para reducir de forma estable y consistente el déficit fiscal. Eso hace crecer menos la cantidad de dinero y los agregados monetarios. Y, a mi juicio, por la persistencia de la inflación por más de una década, se requieren medidas adicionales vinculadas a las políticas de ingreso. Hoy están bastardeados o mal usados, pero acuerdos de precios y salarios que sean verificables, con compromisos explícitos de cumplimiento y con plazos temporales, pueden ayudar. Y también se necesita contar con algún grado de apoyo externo para fortalecer las reservas y darle respaldo a la política monetaria y cambiaria.

–Nuevamente, la política combinada con la economía.

–Es que la política monetaria o fiscal son política. A la inflación y a los problemas macro no los resuelve un ministro de Economía, sino la política. Hay errores no forzados del Gobierno y una oposición que no plantea medidas de política macro. Hay un problema. Hoy la oposición está más preocupada por ver si la Argentina va a ser Venezuela que en señalar caminos alternativos. Esto debería terminar en un presupuesto, con un programa monetario y cambiario para el Banco Central, que requiere consensos básicos que no están ni con la oposición ni en el Gobierno, que tiene su oposición dentro del mismo equipo. Frente a parte del gabinete económico, aparece una visión contrapuesta que cree que, en este contexto, es posible financiar mayores niveles de déficit sin acelerar la inflación. Y eso es un error. Sin acceso al crédito y con esta demanda de pesos, no se puede aumentar el déficit sin generar más inflación. Es bastante obvio y lo hemos aprendido.

–Por el lado del apoyo externo, ¿qué rol podría tener un acuerdo con el FMI?

–Un acuerdo habría sido una suerte de hoja de ruta sustitutiva del programa económico que se le reclama al Gobierno. Habría sido lógico tenerlo presentado allá por diciembre de 2020. En cuarentena y con restricciones por la pandemia, pedir un programa económico y de desinflación es poco serio, pero ahora sí es momento, porque sigue la pandemia pero hay menos restricciones a la movilidad. El acuerdo con el Fondo habría sido un sendero para tener metas trimestrales en lo fiscal, en lo monetario y en la tasa de inflación, que habría servido para coordinar mejor las expectativas. Ahora no va a llegar ese acuerdo, pero esperemos que llegue después de las elecciones. Sí va a ser difícil que haya plata fresca, más allá de los derechos especiales de giro (DEG) que van a llegar en el segundo semestre. El apoyo externo va a ser un problema, porque hoy el sector público no tiene capacidad para traer dólares, con los mercados de deuda cerrados, y el sector privado es demandante neto de dólares. Ese es un problema.

–¿Cómo es esa dinámica y qué efectos tiene?

–Esta es una economía que cuando empieza a crecer, demanda dólares. En los últimos 10 años, entre 2011 y 2020, el sector privado demandó en términos netos más de lo que ingresó, por US$100.000 millones. Ese monto es lo que salió, por pago de importaciones y de intereses de deuda o por formación de activos externos, que muchos llaman fuga. Lo interesante es que esa década venía de la anterior, con el primer kirchnerismo, cuando fue al revés. Ahí el sector privado introdujo en términos netos US$80.000 millones, y eso permitió el desendeudamiento. Es muy simple y matemática la cuenta. El dato fuerte de esta década es el del sector turismo, que tuvo un déficit de US$47.000 millones: US$20.000 millones con Cristina y US$27.000 millones con Macri. Y gran parte de los dólares que salieron, unos US$185.000 millones, están atesorados en billetes, cajas de seguridad o el colchón. Eso es algo que hay que empezar a mirar y pensar cómo poner en circulación. Porque en vez de estar en el banco dentro del sistema para seguir multiplicando, salieron de circulación. Es mucho dinero y no podemos condenarnos a vivir con cepo. La incertidumbre y la desconfianza estructural en la Argentina están entre los grandes problemas que tienen que ver con el bajo desempeño de la economía. Y si bien hoy hay cierta estabilidad a nivel cambiario, la brecha de 70% es incompatible con dar incentivos adecuados para generar dólares, inversiones y producción en la Argentina.

–¿Y qué se puede hacer?

–Hay muchos minoristas que tienen US$50.000 y US$100.000, y quizás el camino es buscar mecanismos como el reciente blanqueo de la construcción, o plantear decisiones de exteriorización productiva, para que los dólares vayan a sectores que puedan generar dinamismo. No debería tener un objetivo primario de recaudación fiscal, sino un objetivo de poner en valor el activo dólar que está fuera del circuito, pero eso requiere tiempo para que tengan efecto, porque, si no, son exteriorizaciones puntuales que mueven sectorialmente algo pero sin generar potencia macro. Pero eso son necesarios consensos y acuerdos básicos, para empezar a pensar más a mediano y largo plazo. Si no, esos dólares nunca van a regresar, porque tienen incentivo de quedarse afuera. Y, por supuesto, hace falta dar toda la estabilidad tributaria necesaria para que estén los incentivos a desatesorar eso.

–¿Cómo analiza el impuesto a la riqueza?

–Son medidas que en el mundo se han aplicado y que tienen sentido en una lógica de emergencia como la que estamos viviendo, mientras sean de una vez y no confiscatorias, y en el marco de un programa tributario claro. Y eso no lo hemos tenido. Ir con medidas aisladas genera incertidumbre y, en algunos casos, demandas judiciales, que van a existir en todo el mundo pero que se podrían minimizar con un programa de reforma fiscal. Lo mismo que el debate sobre Ganancias, que habría que haberlo dado en un contexto más global de qué hacer con los impuestos en la Argentina, de qué tipo de impuestos queremos y, en consecuencia, qué tipo de Estado queremos.