San Luis negocia la devolución de sus depósitos atrapados

La provincia decide hoy si acepta bonos
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5 de mayo de 2003  

SAN LUIS.- El hermetismo absoluto que rodeó al ministro de Hacienda de la provincia de San Luis y a la gobernadora, Alicia Lemme, y la febril actividad desplegada en la Capital Federal por el secretario legal y técnico de San Luis, Eduardo Allende, denotan las complicaciones a las que se enfrentará nuevamente la provincia en la última instancia de negociación que con autoridades del Banco Nación encarará hoy por la devolución de sus fondos.

El fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia a los reclamos puntanos renovó la esperanza del gobierno provincial en la recuperación de sus depósitos. Pero hoy el escenario es otro: sólo 80 de los 247 millones de dólares fueron efectivamente recuperados por San Luis, mientras el resto permanece sujeto a la etapa de negociación impuesta por el cronograma judicial y las relaciones con el Alto Tribunal se encuentran en la actualidad gravemente deterioradas.

Idas y venidas

En ese marco, el Banco Nación acercó, el 1° de mayo, una propuesta de devolución a San Luis consistente en el reintegro del 30% de los depósitos en efectivo y el resto en Bonex 2013, alternativa que fue rechazada en su momento por la gobernadora Lemme y en la que insiste la entidad crediticia.

De no arribar a un acuerdo hoy, fecha en que expira el proceso de negociación, la solución al conflicto quedará nuevamente en manos de la Corte Suprema de Justicia, que en definitiva deberá resolver el tema.

Pero esta vez San Luis se encuentra en una incómoda posición ante el alto cuerpo debido a las resoluciones emitidas por éste con respecto a las elecciones provinciales impulsadas por el Ejecutivo provincial para el 27 de abril pasado, ya que éstas fueron suspendidas por el Tribunal tras el dictado de una medida de no innovar que respondió favorablemente al reclamo de la oposición presentado por el intendente capitalino, Carlos Ponce, y un grupo de legisladores provinciales que cuestionaron el dictado de la ley 5324 de caducidad de mandatos y el decreto 117 de convocatoria a elecciones.

Pelea política

El freno impuesto por la Corte al proceder gubernamental en materia política suscitó una batalla legal en la que no faltaron acusaciones de "parcialidad" y "falsedad ideológica" que fundamentaron la recusación de todos los miembros del Tribunal de Justicia y el reflotamiento del proyecto de plebiscitar sus cargos impulsado por el ex candidato a presidente Adolfo Rodríguez Saá.

Si bien el gobierno provincial acató en parte el mandato judicial, las elecciones se realizaron excluyendo las categorías de legisladores provinciales, intendentes y concejales, pero la legitimidad de la elección provincial a los cargos de gobernador y comisionados municipales se encuentra aún pendiente hasta tanto la Suprema Corte decida las cuestiones de fondo que pueden invalidar todo lo realizado el domingo 27 de abril en la provincia.

En ese escenario fuentes institucionales manifestaron a LA NACION que las autoridades provinciales se manejan con extrema cautela, ya que se trata de "un paquete en el que se encuentra todo atado" y en el que cualquier estrategia puede desbalancear los intereses provinciales en el resultado final.

No se descarta que la provincia que ya apeló a la intervención de organismos internacionales en el conflicto por las reservas provinciales pueda reflotar esos pedidos aludiendo a la "animosidad" que existiría por parte de las autoridades nacionales en perjudicar los intereses de San Luis.

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